En los últimos años, el panorama político y social en torno a las instituciones encargadas de promover el conocimiento y la innovación en Estados Unidos ha vivido transformaciones inquietantes. La National Science Foundation (NSF), organismo emblemático para el avance científico en el país, y la Biblioteca del Congreso, guardianes de la cultura y el saber, enfrentan momentos críticos que ponen en jaque sus misiones fundamentales. Ante esta realidad, la decisión de renunciar a cargos dentro de estas instituciones representa mucho más que un acto individual: es un mensaje poderoso sobre la necesidad imperiosa de proteger la integridad del conocimiento y de la democracia misma. No es raro escuchar sobre recortes presupuestarios o conflictos políticos que afectan organismos públicos. Sin embargo, lo que se está experimentando en la NSF y la Biblioteca del Congreso va más allá.
Hay una erosión paulatina, pero implacable, del propósito original que estas instituciones han perseguido durante décadas. En el caso de la NSF, fundada en 1950 como una agencia independiente bajo la Ley Nacional de Ciencia, su legado se remonta a la visión de Vannevar Bush, un pie de apoyo para que la ciencia fuera motor de progreso y herramienta para entender la sociedad y sus problemas. Este mandato, vital para el desarrollo de tecnologías esenciales como el GPS o internet, así como para comprender dinámicas sociales, está siendo puesto en riesgo por prácticas autoritarias y un control político excesivo. El contexto actual pone sobre la mesa escenarios preocupantes donde las decisiones ya no se fundamentan en criterios técnicos o científicos, sino en maniobras políticas que sofocan las voces expertas. Se han documentado casos donde las solicitudes de subvenciones científicas, después de haber pasado por rigurosos procesos de selección, son bloqueadas arbitrariamente por funcionarios no especializados y ajenos a los procedimientos establecidos.
Este tipo de intervenciones atenta contra la libertad de investigación y la función asesorativa del consejo directivo de la NSF, que se ha visto reducida a una mera formalidad sin impacto real. La transparencia y la participación genuina en la administración del conocimiento están bajo amenaza, y con ellas, la confianza en la ciencia como herramienta para resolver problemas complejos. Al restringir la autonomía y censurar la libertad de expresión dentro de estas organizaciones, se vulnera el principio fundamental de que el conocimiento debe estar abierto a la crítica, la revisión y la innovación constante. La ciencia no puede prosperar en un ambiente donde las decisiones se tomen bajo la sombra de intereses políticos o la conformidad impuesta. De este modo, la función rectoral y protectora que la NSF debe ejercer frente a la influencia externa se diluye, transformando la institución en un mecanismo de control en vez de un espacio para el descubrimiento y la apertura intelectual.
Por otra parte, la Biblioteca del Congreso enfrenta desafíos similares y, quizás, aún más sensibles debido a su rol simbólico y real como custodio del patrimonio cultural y del acceso democrático a la información. La destitución abrupta de la directora del recinto refleja no solamente un cambio en la administración, sino un signo preocupante sobre la dirección que tomará la política cultural y educativa. Su compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión estaba alineado con la idea de que la biblioteca debe servir a todos los ciudadanos, representando la pluralidad de voces y experiencias que conforman la sociedad estadounidense. Esta expulsión ha despertado alarma en la comunidad científica, académica y pública, porque implica un tránsito hacia la censura y el control selectivo de qué tipo de conocimiento y qué perspectivas son válidas para difundirse. En el contexto actual, donde las tensiones sobre la libertad intelectual y los debates sobre inteligencia artificial, derechos de autor y acceso a la información cobran más relevancia que nunca, la intervención política en la Biblioteca del Congreso ofrece una señal negativa para quienes luchan por mantener las instituciones como espacios libres para el pensamiento crítico y la educación accesible.
La acumulación de estas modificaciones en la gestión y en la administración de ambas instituciones representa un proceso sistemático que puede conducir a su desnaturalización. No se trata solo de cambios puntuales, sino de una transformación sustancial que afecta el sentido y la función para la que fueron creadas estas entidades. Cuando el poder político comienza a imponerse sobre las funciones técnicas y especiales de organismos autónomos, se limitan las posibilidades de innovación y se condicionan los resultados a agendas restringidas. Este fenómeno también tiene un impacto social profundo, pues determina qué temas son investigados, qué información se produce y cómo se utiliza este conocimiento en la construcción de políticas públicas. El abandono voluntario de estos espacios de asesoría, a los que se ha llegado tras años de compromiso, implica una decisión consciente sobre la responsabilidad ética y política que tenemos quienes participamos en estos ámbitos.
Significa rechazar la complicidad con procesos que manipulan la verdad y el saber. Dejar de legitimar estructuras que han perdido su función real es un acto de protesta que busca poner en evidencia las líneas rojas que no se pueden cruzar si se desea preservar una democracia basada en la transparencia, la participación y la libertad. Es importante señalar que esta decisión no renuncia a la misión de estas instituciones ni a su valor. Por el contrario, es una expresión de lealtad a sus ideales fundacionales y un llamado a recuperar su independencia y su compromiso con la ciencia y la cultura. Salir de estos puestos no significa retirarse o abandonar la defensa del conocimiento, sino buscar nuevas formas de alzar la voz y proponer alternativas que permitan reconstituir estos espacios en base a principios democráticos y de respeto a la diversidad intelectual.
La analogía con la obra de Ray Bradbury en Fahrenheit 451 resulta reveladora. No solo se trata de la destrucción física de los libros, sino de la pérdida del deseo de aprender y cuestionar, lo que conduce a la apatía y la resignación. En este sentido, las instituciones que resguardan y promueven el saber deben ser guardianes activos contra la indiferencia y la manipulación. Cualquier acto que favorezca la simulación de procesos participativos sin resultados genuinos, representa un peligro real para la salud democrática y social. Además, estas dinámicas tienen un efecto multiplicador que va más allá de las fronteras de Estados Unidos.
En un mundo interconectado donde el conocimiento científico y cultural es una herramienta clave para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la pandemia o la desigualdad social, debilitar a aquellos que sostienen estas funciones pone en riesgo el bienestar colectivo y la capacidad de acción coordinada entre países. El valor de permanecer en estas instituciones cuando han perdido su esencia es un debate complejo. Hay quienes defienden la opción de continuar trabajando desde adentro para transformar las estructuras, resistiendo y siendo testigos activos del cambio. Sin embargo, existen momentos en que la presencia puede volverse cómplice y legitimar prácticas indeseables. Reconocer cuándo es necesaria la salida estratégica es un acto de valentía y respeto hacia los valores que se quieren preservar.
En suma, la renuncia a la National Science Foundation y la Biblioteca del Congreso subraya una alerta mayor: la fragilidad de las instituciones cuando la presión política reemplaza los criterios técnicos y éticos. Nos invita a reflexionar sobre el rol que todos tenemos en la defensa del conocimiento libre, en la promoción de instituciones transparentes y en la construcción de sociedades basadas en el respeto a las diferencias y la búsqueda conjunta del progreso. El camino hacia una democracia sólida pasa inevitablemente por garantizar que las bases del saber permanezcan abiertas, inclusivas y libres del autoritarismo. La ciencia y la cultura no pueden estar al servicio de agendas particulares, sino del interés común y del derecho de cada persona a acceder a la verdad y a la oportunidad de contribuir con sus ideas. En este contexto, despedirse de espacios que han dejado de ser auténticos puede ser el primer paso para reimaginar y reconstruir, desde la crítica y la acción, nuevas formas de entender y gestionar el conocimiento.
Este es un compromiso que trasciende roles oficiales y títulos, y que convoca a toda la sociedad a mantenerse vigilante y activa para que la libertad y la integridad intelectual nunca se conviertan en un lujo, sino en un derecho fundamental.
