El 28 de abril de 2025, España y Portugal sufrieron un apagón a gran escala que dejó a millones de personas sin electricidad durante horas y causó interrupciones masivas en infraestructuras clave. Este evento, nunca antes registrado en la península ibérica, supuso un desafío sin precedentes para ambos gobiernos y puso en el foco la vulnerabilidad de los sistemas eléctricos ante fluctuaciones técnicas y posibles fallos en las interconexiones internacionales. En este contexto, analizar lo que ocurrió, sus repercusiones y las lecciones que deben aprenderse es fundamental para el futuro energético de la región. La crisis energética comenzó poco después del mediodía cuando, en cuestión de segundos, se produjo una pérdida abrupta del 60% del suministro eléctrico de España, equivalente a un descenso de 15 gigavatios en la generación de energía. Esta caída repentina desencadenó un efecto dominó que afectó también a Portugal, debido a la fuerte dependencia de su red eléctrica respecto a la conexión con España, y provocó un apagón generalizado en la mayor parte de la península ibérica.
Durante el transcurso del día, la situación se fue estabilizando de forma gradual, aunque con variaciones en la velocidad con la que se recuperaba el suministro según la región. Desde el Gobierno español, el presidente Pedro Sánchez informó que se activaron procedimientos de emergencia y que se emplearon todos los recursos disponibles para restaurar el abastecimiento eléctrico. Se destacó la colaboración con países vecinos como Francia y Marruecos, quienes enviaron electridad suplementaria para mitigar la situación, además del uso intensivo de fuentes nacionales como las plantas de gas y las hidroeléctricas. Sin embargo, las causas exactas del apagón continuaban siendo investigadas, con hipótesis que no descartaban desde un fallo técnico en las interconexiones hasta fluctuaciones extremas de temperatura, aunque se confirmó que no había evidencias de ciberataques o sabotajes significativos. El impacto del apagón sobre la vida cotidiana fue inmediato y masivo.
Muchas ciudades quedaron sin semáforos, lo que aumentó los riesgos en las carreteras, y se suspendieron los servicios de trenes y metros, afectando la movilidad de millones. Hospìtales activaron sus generadores de emergencia para mantener operativos los servicios críticos, aunque algunas operaciones programadas tuvieron que retrasarse. Los cajeros automáticos dejaron de funcionar, lo que dificultó el acceso a efectivo, aunque los sistemas bancarios centrales permanecieron operativos. La interrupción de internet y de las comunicaciones móviles también sembró confusión y dificultades en la gestión de la crisis, razón por la cual las autoridades instaron a la población a usar las líneas telefónicas de emergencia con responsabilidad. En Portugal, la situación era igualmente complicada.
El operador de red portugués REN reportó que 85 de 89 subestaciones eléctricas estaban fuera de servicio al inicio del apagón, y poco a poco comenzaron a regresar a la actividad. El primer ministro Luís Montenegro reconoció la necesidad de fortalecer las interconexiones con el resto de Europa para reducir la dependencia del sistema español, y enfatizó que el país debe avanzar hacia mayores mecanismos de seguridad energética para anticipar y mitigar eventos de esta naturaleza. El episodio también puso en evidencia la importancia de la cooperación internacional y la interconexión de las redes eléctricas europeas, destacando la vulnerabilidad que genera la falta de sincronización y exceso de dependencia de puntos concretos dentro del sistema. España contó con el apoyo de Francia y Marruecos para recibir electricidad durante la emergencia, pero la capacidad limitada de las conexiones actuales condicionó la rapidez y eficacia de la respuesta a la crisis. Los expertos han señalado que, aunque el fallo técnico fue el origen inmediato del apagón, las causas subyacentes están relacionadas con un sistema energético que enfrenta múltiples desafíos.
El aumento de la incorporación de energías renovables, aunque positivo desde el punto de vista ambiental, introduce complejidades a nivel de estabilidad y gestión de la red, por lo que la modernización tecnológica es clave para asegurar la resiliencia. Asimismo, la infraestructura eléctrica debe adaptarse para soportar condiciones climáticas extremas y evitar que estos fenómenos provoquen interrupciones masivas. La situación de España y Portugal no es aislada. A nivel mundial, los sistemas eléctricos han experimentado eventos similares en diferentes momentos, lo que obliga a los países a diseñar estrategias que integren mejoras en la infraestructura, regulación y coordinación regional. La península ibérica, con sus características geográficas y de interconexión limitada con Europa continental, tiene retos específicos que requieren inversiones sustanciales y políticas integrales para garantizar la seguridad energética.
Las autoridades españolas tomaron la decisión inédita de declarar el estado de emergencia nacional, con el despliegue de miles de policías para preservar el orden público y el anuncio de reuniones extraordinarias del Consejo de Seguridad Nacional, presididas incluso por el rey Felipe VI. Estas medidas reflejan la gravedad del evento y la determinación política para enfrentar sus consecuencias y evitar su repetición. Desde la perspectiva social, el apagón dejó un importante impacto psicológico. La población vivió horas de incertidumbre, con restricciones a la movilidad y dificultadas para acceder a servicios esenciales. Sin embargo, también se puso de manifiesto la solidaridad ciudadana y la capacidad de resiliencia ante situaciones difíciles, aspectos que fueron destacables durante la gestión de la emergencia.
En el ámbito económico, las pérdidas asociadas al apagón son aún objeto de evaluación, pero es evidente que sectores como el transporte, la industria, el comercio y los servicios sufrieron paralizaciones y pérdidas de productividad considerables. Además, la revisión de las cadenas de suministro y la gestión logística en un contexto de dependencia energética se perfilan como objetivos prioritarios para las empresas y los gobiernos. El evento del 28 de abril actuó como una llamada de atención para España y Portugal respecto a la necesidad imperiosa de revisar y fortalecer sus sistemas eléctricos. La inversión en redes inteligentes, la ampliación de las interconexiones con Europa, la incorporación de tecnologías de almacenamiento energético y la diversificación de las fuentes de generación son propuestas sobre la mesa para evitar que un fallo puntual pueda provocar consecuencias tan extensas. La cooperación europea también se ha activado para apoyar a ambos países y compartir recursos técnicos y financieros en la investigación de las causas y el desarrollo de soluciones.
La Comisión Europea remitió apoyo y ha instado a acelerar la transición energética de manera segura y planificada, promoviendo también la integración regional. Finalmente, la experiencia adquirida durante este apagón hace más evidente que la transformación del sector energético es una tarea compleja, que requiere la implicación conjunta de gobiernos, empresas, expertos y ciudadanos. La digitalización del sistema, la mejora en los protocolos de emergencia y la educación ciudadana en el uso responsable de la energía y las comunicaciones son elementos esenciales para reducir el impacto de futuros incidentes. En conclusión, el apagón que afectó a España y Portugal en abril de 2025 representa uno de los mayores desafíos energéticos de las últimas décadas. Su análisis ofrece valiosas lecciones y subraya la importancia de trabajar de forma coordinada y visionaria para lograr sistemas eléctricos más seguros, resilientes y sostenibles.
La península ibérica debe aprovechar esta experiencia para reforzar su infraestructura, ampliar sus conexiones internacionales y continuar avanzando hacia un modelo energético que garantice el bienestar de la población y la estabilidad económica frente a las incertidumbres del futuro.
