En la era digital, la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una tecnología exclusiva para sectores específicos y ha empezado a integrarse en distintas áreas, incluyendo la administración pública. El Reino Unido no es la excepción, con miles de funcionarios que utilizan herramientas de IA para optimizar y facilitar sus tareas diarias. Sin embargo, la incógnita sobre si el primer ministro Keir Starmer está siendo asesorado directamente por inteligencia artificial ha levantado dudas en torno a la transparencia gubernamental y la gestión ética de esta tecnología. Según informes recientes, el gobierno del Reino Unido ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial llamada Redbox, un chatbot basado en grandes modelos de lenguaje que ha sido implementado internamente por miles de empleados públicos. Este sistema permite analizar documentos gubernamentales, sintetizar información y generar borradores preliminares de informes y agendas, acelerando así procesos que antes podían ocupar gran parte del día laboral.
Sin embargo, a pesar de la adopción oficial y el alto número de interacciones, las autoridades han sido reticentes a detallar de forma oficial y pública cómo se emplea exactamente esta IA, especialmente respecto a si sus consejos o análisis llegan al nivel más alto del gobierno, incluyendo al primer ministro. Esta falta de información ha sido motivo de preocupación para expertos, académicos e incluso para la sociedad que espera transparencia de parte de sus instituciones. La implementación de IA en decisiones críticas del gobierno requiere no solo eficiencia sino también un marco robusto que garantice que la información proporcionada sea precisa, imparcial y ética. Los modelos de lenguaje como Redbox suelen tener limitaciones conocidas, incluyendo sesgos inherentes y la posibilidad de generar respuestas incorrectas o engañosas. Esto implica que cualquier recomendación o análisis generado por IA debe ser cuidadosamente supervisado por expertos humanos antes de ser usado para influir en políticas públicas o decisiones gubernamentales.
A pesar de estas preocupaciones, las distintas dependencias del gobierno han evadido solicitudes formales bajo leyes de libertad de información para revelar interacciones específicas con la herramienta Redbox. Argumentan que la revisión y publicación de estos registros sería una labor titánica que tomaría más de un año, y que podrían contener información sensible que no puede ser divulgada. Este tipo de justificación ha alimentado la percepción de secretismo y falta de rendición de cuentas. Un aspecto particularmente relevante es la posición del Departamento para Ciencia, Innovación y Tecnología (DSIT), que supervisa el desarrollo y uso de Redbox. Cuando se les pidió clarificaciones sobre si Keir Starmer o miembros del gabinete reciben o utilizan consejos asistidos por IA, el DSIT optó por no responder directamente, limitándose a destacar las ventajas que Redbox ofrece en términos de eficiencia y reducción de tareas repetitivas.
Aunque esta explicación puede parecer positiva en el aspecto operativo, no aborda las dudas sobre la influencia real de la IA en la toma de decisiones políticas y la posible afectación al proceso democrático y a la calidad de la gobernanza. Por otro lado, hay departamentos como el Tesoro que han reconocido el uso de herramientas GPT (un tipo de inteligencia artificial para generación de texto) pero sin conservar registros de las solicitudes realizadas ni las respuestas obtenidas. Esto dificulta saber cómo se emplea exactamente la IA, qué tipo de información genera y cómo participa en la producción de conocimiento para las políticas públicas. La ausencia de registros no solo pone en riesgo la transparencia, sino que también obstaculiza la capacidad de auditar o replicar decisiones informadas por estas tecnologías. Expertos en ética, transparencia y gobernanza tecnológica han señalado que el uso de IA en ámbitos tan sensibles debe ir acompañado de mecanismos rigurosos de supervisión, documentación y divulgación al público.
La falta de información sobre los criterios de selección de datos, posibles sesgos o medidas para garantizar la veracidad y neutralidad de las respuestas, genera un terreno fértil para la desconfianza. Además, no es claro si estos sistemas cuentan con controles adecuados para evitar errores que podrían tener consecuencias graves en la gestión pública. La cuestión de si Keir Starmer recibe asesoramiento directo basado en inteligencia artificial no solo es un tema técnico, sino que tiene implicaciones políticas y sociales profundas. En democracias avanzadas, los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se toman las decisiones que los afectan, y la introducción de sistemas automatizados obliga a un replanteamiento de las responsabilidades y la rendición de cuentas. La opacidad que está mostrando el gobierno británico podría afectar la confianza pública en sus instituciones, especialmente en un contexto donde la IA está cada vez más presente y donde existen interrogantes legítimos sobre sus impactos culturales, laborales y políticos.
Para muchos analistas, la decisión del gobierno sobre cómo manejar esta situación podría marcar un precedente para otros países que también están incorporando tecnología avanzada para modernizar sus funciones administrativas. La transparencia en la utilización de la IA y el equilibrio adecuado entre innovación y responsabilidad son cuestiones críticas para el futuro de la gobernanza global. En resumen, aunque es claro que el aparato estatal británico está utilizando inteligencia artificial como una herramienta interna, la negativa o el silencio sobre informar si el primer ministro Keir Starmer recibe o no asesoría generada por IA generan preocupación. Sin un acceso claro a estos datos, se dificulta evaluar la calidad, ética y legitimidad del uso de la tecnología en la toma de decisiones públicas. Este escenario invita a reflexionar sobre la importancia de adoptar políticas de transparencia tecnológica y ética gubernamental que permitan a la ciudadanía comprender, cuestionar y participar en los procesos en los que la inteligencia artificial juega un papel cada vez más protagónico.
Solo así será posible garantizar que estas innovaciones contribuyan realmente al bienestar común y no comprometan los principios democráticos que sustentan las sociedades modernas.
