El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado un paso decisivo en contra de los programas que comercializan la ciudadanía europea, ordenando a Malta la clausura de su controvertido programa de “pasaportes dorados”. Esta sentencia representa un golpe importante para una práctica que durante años ha generado debates polémicos en el seno de la Unión Europea (UE) y más allá. La decisión judicial subraya que la ciudadanía de un país miembro no puede ser objeto de transacción económica, algo que socava la confianza y la solidaridad entre los estados miembros y sus ciudadanos. El programa maltés permitía, desde 2015, que personas con altos recursos económicos adquirieran la ciudadanía a cambio de inversiones significativas, lo que atrajo miles de solicitudes y generó ingresos millonarios, estimados en 1.4 mil millones de euros.
Sin embargo, en los últimos años esta modalidad ha sido objeto de críticas intensas, especialmente por favorecer actividades delictivas trasnacionales, evadir sanciones internacionales y facilitar la entrada a la Unión Europea de individuos vinculados a prácticas ilegales o controvertidas. El veredicto del TJUE enfatiza que la ciudadanía europea, un pilar fundamental para la libertad, la igualdad y la cooperación dentro del bloque, no debe convertirse en un bien comerciable. Según explicó uno de los jueces, la comercialización del derecho a la nacionalidad maltés vulnera el principio de cooperación sincera entre estados y ciudadanos que debe prevalecer en la UE. Tal práctica no solo fractura el vínculo de solidaridad que debería unir a los miembros de la Unión, sino que también mina la confianza mutua necesaria para la cohesión y funcionamiento común. A pesar de las reformas introducidas por Malta en un intento por adaptar su programa a las normativas europeas, el tribunal constató que estas medidas no lograron subsanar las deficiencias ni eliminar los riesgos de abuso.
Países como Chipre y Bulgaria ya habían abandonado programas similares, y Malta era uno de los últimos en persistir con esta modalidad. La sentencia pone fin, por tanto, a cualquier posibilidad de mantener el sistema que las autoridades locales defendían como una herramienta económica vital para el pequeño país insular. La respuesta oficial del gobierno maltés ha sido de respeto hacia la decisión judicial, aunque manifestaron que evaluarán cuidadosamente las implicaciones legales y buscarán soluciones alternativas. Sin embargo, personajes políticos destacados y anteriores funcionarios han manifestado su desacuerdo, calificando la medida como motivada políticamente y abogando por la transformación del esquema en lugar de su eliminación total. La presión para acabar con los programas de “pasaportes dorados” no surge únicamente desde las instancias europeas.
Organizaciones de la sociedad civil y grupos de defensa de la transparencia han sido voces críticas que advierten sobre los peligros que entraña la venta de ciudadanía. El caso de la periodista maltés Daphne Caruana Galizia, asesinada en 2017 tras investigar casos de corrupción y malas praxis relacionadas con la política y los programas de inversión, ha marcado un antes y un después en la percepción pública sobre la transparencia y las consecuencias de estas políticas. Las preocupaciones también se extienden hacia la potencial entrada de sujetos sancionados internacionalmente, especialmente en el contexto del conflicto en Ucrania y las sanciones impuestas a ciudadanos rusos y bielorrusos. Informes recientes sugieren que algunas personas relacionadas con estos países han utilizado estos programas para obtener pasaportes europeos y sortear restricciones impuestas por la comunidad internacional, profundizando el impacto negativo de estas iniciativas en la seguridad y estabilidad europea. Desde la crisis financiera global de 2009, diversas naciones europeas adoptaron estos esquemas como una fuente rápida de ingresos y para atraer inversión extranjera.
A medida que fueron emergiendo las consecuencias no deseadas —como problemas en el mercado inmobiliario, escalada del lavado de dinero y corrupción—, la mayoría de los gobiernos comenzaron a retirarlos gradualmente. La sentencia del TJUE se enmarca en esta tendencia regulatoría y busca uniformar criterios para garantizar que los derechos vinculados a la ciudadanía no sean vulnerables a manipulaciones económicas. La decisión también tiene repercusiones a nivel internacional, dado que países como Estados Unidos contemplan implementar programas similares bajo otras denominaciones, con propuestas de inversiones millonarias a cambio de estatus migratorio o posible ciudadanía. La resolución europea posiciona un precedente importante sobre la regulación de estos modelos y su impacto en la gobernanza global. La sentencia del Tribunal no detalla qué ocurrirá con las personas que ya adquirieron la ciudadanía maltés mediante el programa, situación que genera incertidumbre jurídica y política.
Las autoridades europeas están evaluando las consecuencias para los titulares actuales, incluyendo posibles revocaciones o modificaciones en los derechos conferidos. Aun así, el enfoque principal sigue siendo el cierre inmediato de cualquier práctica que comercialice derechos tan fundamentales como la nacionalidad. En conclusión, el fin impuesto por el TJUE al programa de “pasaportes dorados” en Malta representa un paso hacia la protección de la integridad europea y la defensa de los valores democráticos que sustentan la Unión. Llega en un momento en el que las dificultades geopolíticas, económicas y sociales demandan una mayor cooperación y confianza mutua entre los estados miembros y los ciudadanos. El cierre de esta puerta al comercio de la ciudadanía deja un mensaje claro sobre la necesidad de construir políticas migratorias y de ciudadanía que prioricen la transparencia, la justicia y la solidaridad.
El desafío para Malta y el resto de la UE será ahora encontrar mecanismos legales y legítimos para atraer inversión extranjera sin comprometer los principios fundamentales de la Unión. La vigilancia constante, la colaboración internacional y la participación activa de la sociedad civil serán claves para evitar la repetición de prácticas similares y garantizar un futuro más seguro y justo para todos los europeos.
