En un giro innovador dentro del panorama financiero y político estadounidense, el estado de New Hampshire ha marcado un hito al convertirse en el primer estado en establecer una reserva oficial que incorpora activos digitales, específicamente criptomonedas. Esta iniciativa, respaldada por la firma del proyecto de ley 302 por parte de la senadora Kelly Ayotte, representa un avance inédito que abre la puerta a una nueva forma de gestionar fondos públicos y redefinir el rol de las criptomonedas dentro de las finanzas estatales. La noticia adquiere mayor relevancia si se contrasta con eventos recientes en otros estados, donde propuestas similares no han prosperado. Por ejemplo, la gobernadora Katie Hobbs, de Arizona, detuvo la creación de una reserva en Bitcoin, lo que resalta el contraste con la postura proactiva de New Hampshire. Esta diferencia pone de manifiesto la diversidad de enfoques que existe en Estados Unidos respecto a la integración de criptomonedas en la administración pública.
El proyecto de ley aprobado en New Hampshire permite que hasta un 5 % de los fondos públicos, incluidos el Fondo General y el Fondo Fiduciario para Educación, puedan invertirse en metales preciosos y activos digitales que cumplan ciertos criterios. En concreto, estos activos deben tener una capitalización de mercado promedio superior a los 500 mil millones de dólares durante el año calendario anterior. Actualmente, esta condición la cumple únicamente Bitcoin, por lo que en la práctica el fondo estatal estará principalmente enfocado en esta criptomoneda. No obstante, la legislación es lo suficientemente flexible como para permitir, en el futuro, la inclusión de otras criptomonedas que alcancen una capitalización de mercado significativa, tales como Ethereum, Solana o XRP. Esta adaptabilidad muestra una visión estratégica y de largo plazo, anticipando posibles cambios en el ecosistema cripto que podrían impactar el portafolio estatal.
Otra característica importante del proyecto es la libertad otorgada al tesorero para gestionar la custodia de las claves privadas asociadas a los activos digitales de diferentes maneras. Se contempla la opción de autogestión mediante soluciones profesionales, la entrega a un custodio externo, o la inversión a través de fondos cotizados en bolsa (ETFs) que contienen criptomonedas. La opción de usar ETFs se percibe como una vía más práctica y menos compleja para iniciar inversiones, especialmente para entidades públicas que deben cumplir con regulaciones estrictas y buscar minimizar riesgos operativos. La creación de esta reserva digital en New Hampshire no solo implica un movimiento económico sino también un símbolo de confianza hacia la tecnología blockchain y los activos criptográficos. Este hecho es particularmente significativo en un contexto donde la volatilidad y la incertidumbre regulatoria suelen generar dudas entre los inversores institucionales y las entidades gubernamentales.
La cantidad destinada a esta reserva puede parecer modesta en un primer análisis, dado que el presupuesto estatal para el año fiscal 2024 asciende a aproximadamente 3.32 mil millones de dólares. Aplicando el límite del 5 %, la inversión máxima en activos digitales y metales preciosos sería alrededor de 166 millones de dólares. Además, dado que parte del capital puede destinarse a metales preciosos, la cantidad destinada exclusivamente a Bitcoin u otros activos digitales será menor aún. Sin embargo, el valor real de esta iniciativa radica en el efecto simbólico y su potencial contagio a otros estados o incluso a nivel federal.
Este paso audaz se produce en un periodo caracterizado por gran incertidumbre económica y política en Estados Unidos. La Reserva Federal (Fed) desempeña un papel crucial en la dirección de los mercados financieros debido a sus decisiones en materia de política monetaria, especialmente en torno a las tasas de interés. En este escenario, el anuncio de New Hampshire adquiere además un carácter de señal para los inversionistas y observadores del criptoespacio, quienes buscan indicios sobre la aceptación y regulación de estos activos en Londres. La dinámica entre las demandas políticas y las decisiones de la Fed es también un factor importante a considerar. Por ejemplo, la presión ejercida por figuras políticas como el expresidente Donald Trump para bajar las tasas de interés genera un ambiente de tensión con el liderazgo de la Fed.
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, enfrenta un equilibrio delicado: reducir tasas podría interpretarse como una concesión política, mientras mantenerlas elevadas podría ser visto como un obstáculo para la recuperación económica. Frente a este contexto complejo, la apuesta de New Hampshire por las criptomonedas adquiere aún más sentido. Refleja no solo una búsqueda de diversificación financiera, sino también la voluntad de adaptarse a las nuevas demandas tecnológicas y económicas del siglo XXI. Para los entusiastas de Bitcoin y el mundo cripto, esta noticia es un impulso positivo que podría acelerar la legitimación y adopción de activos digitales en otros ámbitos públicos. Sin embargo, también genera debates sobre el riesgo inherente que implican las criptomonedas, dada su alta volatilidad y la falta de un marco regulatorio uniforme a nivel global.
Aunque actualmente la reserva en New Hampshire será principalmente de Bitcoin, la legislación contempla escenarios futuros donde otros activos digitales reconocidos y con amplia aceptación podrían incorporarse. Esto implica un reconocimiento indirecto a las diferentes tecnologías blockchain y tokens que han demostrado valor y utilidad en el ecosistema. Este paso dado por New Hampshire también podría incentivar el desarrollo de infraestructuras tecnológicas dentro del estado para la gestión y custodia segura de estos activos digitales, potenciando el sector tecnológico local y generando empleo especializado. En resumen, el establecimiento de la primera reserva de criptomonedas oficial en un estado estadounidense es un evento que combina innovación financiera, política y tecnológica. Representa un testimonio de cómo las instituciones públicas comienzan a reconocer y adaptarse a las transformaciones digitales que están rediseñando el concepto tradicional de activos de reserva y gestión financiera.
El impacto completo de esta iniciativa se verá con el tiempo y dependerá de cómo evolucione el mercado de criptomonedas, las decisiones de política económica de los estados y la federación, así como la capacidad de adaptación de las autoridades públicas a nuevas formas de inversión. Sin embargo, lo que está claro es que New Hampshire ha abierto un camino pionero, enviando una señal clara de que los activos digitales pueden formar parte integral y legítima de las finanzas públicas en Estados Unidos.
