En un contexto marcado por la tragedia del incendio de la Torre Grenfell en 2017, un grupo de parlamentarios británicos ha instado al Gobierno a considerar la posibilidad de expropiar bloques de apartamentos donde los propietarios no han tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los residentes. Esta propuesta surge en respuesta al llamado urgente de llevar a cabo trabajos de remediación en edificios que presentan riesgos significativos, especialmente aquellos con revestimientos inflamables. La situación es alarmante. La reciente investigación sobre el incendio de Grenfell, que cobró la vida de 72 personas, reveló fallos sistemáticos en la regulación de la construcción y la gestión de edificios de gran altura que han persistido durante décadas. A raíz de estos hallazgos, el miembro del Parlamento (MP) Barry Gardiner, del Partido Laborista, presentó una propuesta para que el Gobierno tuviese la autoridad de intervenir en estos casos críticos.
Gardiner afirmó que este poder permitiría la ejecución inmediata de los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de los edificios, ya que la falta de acción por parte de algunos propietarios ha sido inaceptable. Durante una sesión en la Cámara de los Comunes, el Primer Ministro, Sir Keir Starmer, se mostró receptivo a la idea y prometió revisar las medidas necesarias para enfrentar este problema de manera efectiva. En su declaración, Starmer reconoció que la legislación y la política actuales no son suficientes para abordar la magnitud de la crisis de seguridad en los edificios residenciales. Manifestó su deseo de estudiar propuestas que podrían otorgar al Gobierno los poderes necesarios para actuar donde los propietarios han fallado. El debate también tocó el tema de cómo lograr la responsabilidad en la cadena de construcción, en situaciones donde los contratos han sido transferidos múltiples veces entre subcontratistas, lo que complica aún más la identificación de los responsables que deben asumir los costos de la remediación.
Starmer citó un caso en su circunscripción de Holborn y St Pancras, donde la complejidad de la subcontratación hizo extremadamente difícil localizar al responsable final. Daisy Cooper, líder adjunta del Partido Liberal Demócrata, abogó por un enfoque más pragmático, sugiriendo que el Gobierno debería financiar de inmediato las obras necesarias para eliminar los riesgos, mientras trabaja para recuperar esos costos de los responsables a través de acciones legales. Este enfoque busca aliviar las presiones sobre los residentes atrapados en apartamentos inseguros y cuya seguridad está en juego. Cooper instó a Starmer a revisar esta idea, específicamente en casos donde la inacción ha sido evidente. Este llamado a la expropiación ha encontrado eco no solo en los laboristas y liberales, sino también entre algunos miembros del Partido Conservador.
Robert Jenrick, exsecretario de vivienda, afirmó que la tragedia de Grenfell reflejó un “fracaso completo del Estado británico”, señalando que este fracaso sigue presente en la actualidad. Jenrick expresó su apoyo a que el Gobierno evalúe si son necesarias más modificaciones regulatorias para garantizar la seguridad de los edificios. La respuesta del Gobierno al Informe de la Investigación de Grenfell, que identificó 4,630 edificios en el Reino Unido con revestimientos inflamables, ha sido una prioridad. Sin embargo, el progreso lento en la remediación de estos edificios ha generado frustración entre los legisladores y, sobre todo, entre los residentes cuya seguridad continúa en riesgo. Hasta la fecha, se ha comenzado la remediación en más del 50% de estos edificios, pero el tiempo que lleva completar estos trabajos ha sido motivo de preocupación.
Los parlamentarios han subrayado que, en algunos casos, los propietarios de estos edificios han vendido sus propiedades a propietarios en paraísos fiscales, lo que dificulta aún más la recuperación de los costos de remediación. Gardiner destacó que muchos de estos propietarios han mostrado una falta de voluntad para cumplir con las normativas de seguridad, lo que ha puesto en peligro la vida de aquellos que residen en estos bloques. La cuestión de la rendición de cuentas también ha estado en el centro de la discusión. Joe Powell, MP laborista por Kensington y Bayswater, enfatizó que las muertes en Grenfell fueron el resultado de una conducta sistemáticamente deshonesta por parte de individuos y organizaciones que priorizaron las ganancias a expensas de la seguridad de los ciudadanos. Powell exigió que las empresas culpables de la tragedia sean excluidas de los contratos públicos y aseguradas ante la ley para que asuman la responsabilidad financiera por la remediación necesaria.
Las voces de los residentes también han resonado fuertemente, exigiendo acciones contundentes para que se les brinde un entorno seguro. La sensación de inseguridad y el miedo continúan acechando a aquellos que viven en edificios afectados. La comunidad ha estado abogando por un sentido de urgencia en las decisiones gubernamentales, ya que consideran inaceptable que las demoras en la remediación sigan poniendo en riesgo sus vidas. La situación ha puesto de manifiesto una “cultura del desprecio” hacia la vivienda social, según la MP laborista Florence Eshalomi, quien apuntó a la necesidad de cambiar la percepción pública y política sobre la importancia de la vivienda segura y adecuada. La crisis de la vivienda y la seguridad no solo involucra a los edificios, sino que también refleja actitudes hacia las comunidades de bajos ingresos que a menudo se ven más afectadas por la falta de acción gubernamental.
A medida que se intensifican las críticas hacia el Gobierno y se presentan propuestas audaces, la presión para actuar sigue creciendo. La expropiación de edificios considerados peligrosos se vislumbra como un paso radical y un cambio en la política pública que podría reconfigurar el panorama de la vivienda en el Reino Unido. De aquí en adelante, queda por ver cómo el Gobierno responderá a estos llamamientos y qué medidas concretas se implementarán para garantizar la seguridad de aquellos que llaman hogar a estos bloques de apartamentos. Este es un momento crítico para la política de vivienda en el Reino Unido y, con la presión tanto de los parlamentarios como de las comunidades afectadas, está claro que la rendición de cuentas, la seguridad y la protección de la vida de los ciudadanos deben estar en el centro de cualquier respuesta gubernamental a la crisis de la vivienda en curso.
