La guerra en Ucrania, que se desató hace casi dos años tras la invasión por parte de Rusia, ha llevado a una serie de respuestas contundentes por parte de la comunidad internacional. Entre estas respuestas, la congelación de miles de millones de dólares en activos rusos ha sido una estrategia clave utilizada por las naciones occidentales. Sin embargo, a medida que el conflicto se prolonga y las necesidades de Ucrania siguen creciendo, comienza a surgir un nuevo debate: la posibilidad de confiscar estos activos rusos y utilizarlos para apoyar la causa ucraniana. Desde el inicio de la invasión rusa, se estima que los países occidentales han congelado alrededor de 300 mil millones de dólares en activos financieros rusos. Estos activos, predominantemente mantenidos en bancos y fondos de inversión en el extranjero, incluyen una variedad de instrumentos financieros, como valores en euros, dólares y libras esterlinas.
A medida que las naciones occidentales buscan ejercer presión sobre el Kremlin y, al mismo tiempo, aliviar la difícil situación económica de Ucrania, la discusión sobre la confiscación de estos fondos se intensifica. El argumento a favor de la confiscación se basa en la necesidad de justicia y reparación. Muchos sostienen que al apropiarse de los activos congelados, se podría proporcionar a Ucrania los recursos necesarios para su defensa y para la eventual reconstrucción del país. A medida que el conflicto entra en su tercer año, la urgencia por encontrar nuevas fuentes de financiamiento se vuelve más crítica, especialmente en momentos en que la ayuda militar y financiera de Estados Unidos y europeos a Ucrania se enfrenta a obstáculos políticos internos. El editorial del Wall Street Journal ha expresado que la seriedad de la postura del presidente Joe Biden hacia Rusia será evidente si se decide avanzar con la confiscación de estos activos soberanos.
Sin embargo, también ha surgido una voz crítica que advierte sobre los riesgos legales y políticos que acompañan a una acción de este tipo. Algunos expertos argumentan que la confiscación de activos soberanos podría sentar un precedente peligroso, debilitando el orden basado en normas que la comunidad internacional pretende defender. Los argumentos en contra de la confiscación ponen de relieve que las represalias económicas son prerrogativas de los estados directamente lesionados. En este sentido, se plantea la pregunta: ¿tienen los aliados de Ucrania, que no están formalmente en guerra con Rusia, el derecho a expropiar recursos del Estado ruso? Esta imagen más amplia sobre la legitimidad de tales actos plantea implicaciones no solo para las relaciones entre Occidente y Rusia, sino para el comportamiento futuro de otras potencias en el escenario internacional. Por otro lado, quienes apoyan la confiscación sostienen que mantener el estatus quo, donde los activos rusos permanecen congelados y sin uso, también conlleva riesgos.
La falta de acciones concretas para utilizar estos fondos podría dar lugar a una percepción de debilidad por parte de las naciones occidentales. Además, la confiscación podría actuar como un elemento disuasorio para otros países que están considerando acciones agresivas contra sus vecinos o adversarios. Mientras que los funcionarios estadounidenses y europeos han discutido seriamente la posibilidad de confiscación, también existe una preocupación de que esto no altere significativamente la situación financiera del Kremlin. Las reservas del banco central ruso ya están en gran medida congeladas, y hay quienes argumentan que la confiscación podría no impactar de manera tangible la capacidad de Rusia para continuar su agresión. A pesar de los riesgos y las controversias en torno a la confiscación de activos rusos, algunos analistas sugieren que esta medida podría enviar un mensaje claro a otros actores globales, incluidas potencias como China e India.
La cuestión que se plantea es hasta qué punto se pueden justificar acciones unilaterales por parte de naciones que buscan afectar el comportamiento de estados agresivos. Si Occidente avanza en la confiscación de activos rusos, ¿no podría esto crear un precedente que otras naciones utilizarían para justificar acciones similares contra intereses occidentales en el futuro? La guerra en Ucrania ha expuesto un dilema moral y político complicado. Por un lado, existe una necesidad urgente de apoyo financiero para Ucrania y de justicia para quienes han sufrido a causa de la invasión. Por otro lado, el uso de confiscaciones de activos soberanos por parte de naciones que no son partes directas en el conflicto podría desafiar las normas internacionales aceptadas y abrir la puerta a una escalada de tensiones geopolíticas. La situación es, sin duda, evolutiva.
