En el panorama político global actual, la distorsión del sistema legal por parte de líderes autoritarios es un fenómeno alarmante que amenaza las bases fundamentales de la democracia y el estado de derecho. La teoría del Estado dual ofrece una perspectiva esclarecedora para comprender cómo estos regímenes no solo se aprovechan del orden legal, sino que lo reconfiguran intencionadamente para servir a sus intereses y consolidar su poder. Este concepto, aunque poco conocido entre el público general, es esencial para analizar las crecientes tendencias autoritarias y la erosión de las garantías judiciales en varios países. La teoría del Estado dual surge originalmente de estudios sobre el régimen nazi en Alemania, desarrollado por el jurista alemán Ernst Fraenkel. Fraenkel describía cómo existían dos esferas paralelas dentro del aparato estatal.
Por un lado, estaba el Estado normativo, aquel que seguía las reglas, leyes y principios del orden democrático y constitucional. Por otro lado, existía el Estado prerrogativo, que operaba fuera de los límites legales, violando derechos y garantizando el dominio absoluto del régimen sin estar sujeto a controles judiciales ni legales. Esta dualidad crea un sistema en el que las instituciones legales tradicionales coexisten con estructuras paralelas de poder donde la ley es manipulada o directamente ignorada. En la práctica, los ciudadanos pueden experimentar la protección de ciertas garantías legales en su vida cotidiana, pero al mismo tiempo enfrentar acciones arbitrarias y represivas cuando el Estado prerrogativo interviene sin limitaciones. El resultado es un Estado que aparenta legalidad pero que en esencia es autoritario y arbitrario.
Este modelo es de particular relevancia en la era contemporánea debido a las diversas maneras en que algunos líderes y gobiernos han adoptado tácticas para torcer el sistema legal a su favor. En países donde se presentan retrocesos democráticos, no es raro observar cómo se utilizan mecanismos legales para justificar medidas ilegítimas. Los tribunales pueden ser cooptados, leyes manipuladas o interpretadas de manera sesgada, y organismos de control político se ven debilitados o subordinados al poder ejecutivo. Un ejemplo reciente y notable que ilustra la teoría del Estado dual es la administración del expresidente Donald Trump en Estados Unidos, particularmente en relación con su interpretación y manejo de la ley durante su mandato y sus intentos de mantenerse en el poder tras las elecciones de 2020. La actitud desafiante ante las órdenes judiciales, la utilización de normativas como el Alien Enemies Act para justificar deportaciones controvertidas, así como las campañas para intimidar y perseguir a opositores y activistas, reflejan la dinámica de un Estado dual donde el poder ejecutivo actúa más allá de las limitaciones legales tradicionales.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele mostró una postura similar al burlar una orden judicial estadounidense que buscaba impedir la deportación de presuntos pandilleros. Su respuesta pública, burlona y desafiante hacia el fallo judicial, evidenció una concepción del poder donde la ley es una herramienta a moldear según intereses políticos y no una limitante obligatoria. Este caso pone de manifiesto cómo líderes autoritarios pueden usar la dualidad del Estado para asegurar un control absoluto, minimizando la influencia o el alcance de cualquier institución independiente. La dualidad del Estado implica también un problema profundo en el ámbito del control jurídico y la independencia judicial. Mientras que las cortes y órganos de justicia mantienen una fachada de autonomía, son sistemáticamente deslegitimados, ignorados o incluso perseguidos cuando fallan en favor de la oposición o limitan decisiones arbitrarias del poder central.
Esta erosión de la separación de poderes conduce a un círculo vicioso donde el derecho pierde su poder real, y el autoritarismo gana terreno disfrazado de legalidad. Además de las consecuencias políticas y legales, la teoría del Estado dual genera impactos sociales y culturales importantes. La manipulación de la ley mina la confianza ciudadana en las instituciones, refuerza la sensación de impunidad entre los poderosos y provoca miedo y restricción en los sectores más vulnerables. La incertidumbre jurídica y el abuso de poder se convierten en un mecanismo cotidiano para impedir la movilización social y reducir la capacidad de disenso. A nivel internacional, esta dinámica también ha influido en relaciones diplomáticas y en el respeto a los derechos humanos.
Gobiernos que adoptan la lógica del Estado dual suelen desafiar las normas internacionales y los fallos de tribunales o mecanismos multilaterales, poniendo en jaque la cooperación y el diálogo global. Estos actos también pueden generar conflictos y tensiones con otros países, que enfrentan dilemas sobre cómo responder a regímenes que se escudan en procedimientos legales para maniobrar autoritariamente. Frente a este contexto, expertos y defensores de los derechos humanos destacan la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y construir mecanismos de control independientes robustos. La vigilancia constante y la presión internacional, así como el fortalecimiento del estado de derecho dentro de cada país, son herramientas claves para contrarrestar la amenaza del Estado dual y evitar que el poder corrompa la ley en su beneficio exclusivo. La transparencia y el acceso a la información también juegan un rol crucial para visibilizar las prácticas autoritarias y evitar la normalización de la manipulación legal.
La sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones internacionales son actores fundamentales para denunciar abusos y generar conciencia sobre la importancia de preservar un verdadero sistema legal y democrático. En conclusión, la teoría del Estado dual proporciona un marco analítico esencial para entender cómo los regímenes autoritarios reconfiguran la ley para consolidar su poder y disminuir los controles que podrían limitar sus acciones. Esta dualidad entre un Estado normativo que aparenta legalidad y un Estado prerrogativo que actúa arbitrariamente constituye un desafío crucial para las democracias modernas. Reconocer y analizar esta dinámica es fundamental para diseñar estrategias que preserven el estado de derecho, garanticen la justicia y protejan las libertades básicas en cualquier sociedad.