Google enfrenta nueva batalla legal contra intento del DOJ de desmantelar parte de su imperio publicitario

En los últimos años, las grandes empresas tecnológicas han estado bajo un escrutinio cada vez más riguroso por parte de las autoridades regulatorias y gubernamentales en Estados Unidos y a nivel mundial. Google, uno de los mayores actores en el sector tecnológico y de internet, no ha sido la excepción, enfrentándose a múltiples litigios que buscan frenar su monopolio y promover una competencia más justa en mercados clave. Actualmente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha renovado su ofensiva legal contra Google, apuntando directamente a su imperio publicitario como objetivo para posibles divisiones y restructuraciones forzadas. Este nuevo desafío se suma a otras disputas legales que ya han puesto en jaque segmentos prestigiosos de la compañía, enfrentándola a la amenaza concreta de perder activos estratégicos como su navegador Chrome y su sistema operativo Android. La controversia en torno a Google y su posicionamiento en la tecnología publicitaria ha escalado a un nuevo nivel luego de que la jueza federal Leonie Brinkema, en una audiencia celebrada en abril de 2025, se pronunciara a favor del DOJ y de 17 estados que han unido fuerzas para denunciar las prácticas anticompetitivas de la compañía.

Según la juez, Google ha empleado tácticas ilegales para bloquear la competencia en los mercados donde se compran y venden anuncios en línea. Esta decisión legal abrió la puerta a que el Gobierno solicite medidas estructurales, lo que puede significar la separación o venta forzosa de divisiones clave dentro de la enorme estructura empresarial de Alphabet, la casa matriz de Google. El foco principal de esta batalla es la suite Ad Manager de Google, que incluye productos como DoubleClick for Publishers y Google Ad Exchange. Estas plataformas son fundamentales para la intermediación entre compradores y vendedores en la industria de la publicidad digital. Si bien Google ha argumentado que estas herramientas son esenciales para mantener el ecosistema de atención y monetización en internet, las autoridades fiscales argumentan que su dominio dota a Google de un poder excesivo que impide la libre competencia, afectando tanto a anunciantes como a editores y usuarios finales.

La propuesta del DOJ es clara: se debería separar la división de tecnología publicitaria de Google para fomentar un mercado más competitivo, abierto e innovador. Esto provocaría un cambio dramático en la forma en que se gestionan los anuncios en línea y alteraría el equilibrio del poder en el sector publicitario digital. Sin embargo, Google no está dispuesto a aceptar esta posibilidad sin lucha. La empresa ha calificado la demanda de «exagerada» y asegura que las medidas solicitadas van mucho más allá de los hechos probados en su contra en el juicio, además de que perjudicarían a los actores indispensables del mercado, incluyendo a los propios publicistas y editores. El CEO de Google, Sundar Pichai, ha sido un actor clave en la defensa pública de la empresa durante este proceso, señalando que cualquier esfuerzo para dividir partes de la compañía podría dañar el ecosistema digital y, en última instancia, a los consumidores.

Por su parte, Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de Google para asuntos regulatorios, ha enfatizado que las estrategias de Google promueven la innovación y el crecimiento económico, y que las propuestas del DOJ no sólo carecen de base legal sino que distorsionan la realidad del mercado. El contexto de esta nueva ofensiva legal debe entenderse también dentro del marco de otros juicios importantes en los que Google está involucrado. Por ejemplo, el Tribunal de Distrito en Washington dictaminó el año anterior que Google abusó de su poder en el mercado de motores de búsqueda, una decisión histórica que podría desencadenar la venta o separación de productos tan fundamentales como el navegador Chrome y el sistema operativo Android. Estas acciones reflejan un panorama legal desafiante para el gigante tecnológico, cuyo dominio en distintos frentes está siendo cuestionado con fuerza sin precedentes. El impacto potencial de estas decisiones es profundo.

La tecnología publicitaria es una columna vertebral para la monetización de contenidos digitales en todo el mundo, y su reestructuración podría influir en cómo se financian los medios de comunicación, los contenidos en línea y las plataformas de internet en general. Una posible división forzosa implicaría cambios estructurales difíciles para Google, con consecuencias significativas para su modelo de negocio y para la industria tecnológica a nivel global. Analistas legales y expertos en derecho antimonopolio señalan que esta segunda oportunidad que tiene el DOJ para desacelerar el poder de Google representa un cambio en la dinámica de regulación tecnológica. Mientras que en el pasado las investigaciones y multas podían limitarse a aspectos específicos, ahora se está planteando la reestructuración radical de ciertas cápsulas del imperio tecnológico, lo que podría sentar precedentes para otras investigaciones en el sector. Este enfoque busca equilibrar el mercado para que nuevas empresas puedan emerger y competir sin las barreras impuestas por los gigantes tecnológicos.

Sin embargo, la juez Brinkema también ha manifestado ciertas reservas respecto a la aplicación de remedios que puedan ser demasiado agresivos o contrarios a los intereses de los propios proveedores y consumidores del mercado publicitario. Su preocupación radica en que una disolución precipitada o una venta forzosa sin una planificación adecuada podría generar daños colaterales, como la falta de beneficios para los editores o la fragmentación excesiva del mercado publicitario digital. Por lo tanto, el proceso judicial para determinar la medida correcta continúa con una fecha clave establecida para el 22 de septiembre de 2025, en la que Google y el DOJ se enfrentarán en un juicio que definirá el futuro de muchos de sus activos y el rumbo que tomará la competencia en la publicidad digital. A medida que se acerque esa fecha, los análisis y debates sobre las implicaciones estratégicas y económicas de estas decisiones se intensificarán, generando expectativa entre los mercados y los reguladores a nivel mundial. Este caso ilustra la complejidad que conlleva regular y controlar empresas tecnológicas que han crecido a niveles casi monopólicos, gracias a la sinergia de diversos productos y servicios que facilitan miles de millones de transacciones diarias.