El escándalo de la política de impuestos sobre el consumo en la India ha captado la atención nacional, y la figura central de este drama es el Chief Minister de Delhi, Arvind Kejriwal. En un giro inesperado de los eventos legales, el Tribunal Supremo de la India ha reservado su orden sobre las peticiones de Kejriwal, que busca tanto la libertad bajo fianza como la impugnación de su arresto por parte de la Oficina Central de Investigación (CBI). Este caso, que se centra en la implementación de la política de impuestos sobre el consumo de licor, ha desatado un debate acalorado y ha polarizado a la opinión pública en la India. El procedimiento judicial tuvo lugar el 5 de septiembre de 2024, cuando un banco compuesto por los jueces Surya Kant y Ujjal Bhuyan escuchó durante todo el día los argumentos presentados por el abogado principal de Kejriwal, A.M.
Singhvi, y su contraparte de la CBI, el Abogado General Adicional S.V. Raju. La acusación alega que Kejriwal es un “conspirador clave” en el escándalo del impuesto sobre el consumo, un señalamiento que él niega rotundamente. Kejriwal enfrenta múltiples desafíos legales, ya que no fue nombrado en la primera información registrada en 2022, pero fue arrestado en junio de este año, un hecho que ha generado sospechas sobre la naturaleza de la investigación en su contra.
La defensa argumenta que su arresto es un intento de asegurarse de que permanezca tras las rejas, a pesar de las decisiones favorables en su contra bajo la estricta Ley de Prevención del Lavado de Dinero. El debate sobre la legalidad del procedimiento seguido por la CBI ha sido un tema candente en la sala del tribunal. Singhvi enfatizó que Kejriwal ha recibido órdenes de liberación de otras instancias judiciales que respaldan su caso. Aseguró que la arrestación de su cliente no tiene base en pruebas concretas y que no representa un riesgo de fuga, dado su estatus como autoridad constitucional. Además, también mencionó que el acceso a documentos digitalizados y la existencia de numerosos registros eliminan cualquier preocupación sobre la posible manipulación de pruebas.
Por otro lado, el abogado de la CBI argumentó que Kejriwal optó por presentar su caso en el Tribunal Supremo antes de acudir a los tribunales inferiores, un tipo de proceder que él considera inapropiado y que podría tener un efecto desmoralizador sobre el sistema judicial. La CBI sostiene que existe una conexión directa entre la política de impuestos en Delhi y actividades delictivas en Punjab, donde un propietario de destilería fue presuntamente intimidado para pagar sobornos. Este caso también plantea interrogantes sobre el uso político de la CBI y su papel en la aplicación de la ley en un entorno cargado de divisiones partidarias. Los simpatizantes de Kejriwal en el Aam Aadmi Party (AAP) sostienen que las acciones de la CBI son en última instancia motivadas por intereses políticos, específicamente por la intención de debilitar su gobierno en Delhi, que ha implementado reformas significativas en diversas áreas, incluida la educación. La situación se complica más por el hecho de que este escándalo se da en un contexto electoral, con las elecciones a la asamblea programadas para los próximos meses.
La oposición ha aprovechado la situación para criticar al AAP, mientras que el partido se esfuerza por mantener su imagen ante sus votantes. La política de impuestos sobre el consumo, que fue diseñada con la intención de aumentar la recaudación y regular el mercado del alcohol, ha sido cuestionada en su implementación y se ha transformado en un campo de batalla político. A medida que la atención de los medios se centra en el juicio, las declaraciones y testimonios de testigos han hecho que el público se cuestioné no solo la ética de las políticas implementadas, sino también el futuro de la gobernanza en Delhi. Raju, el abogado de la CBI, fez referencia a declaraciones de testigos que identifican directamente a Kejriwal como un actor clave en la supuesta conspiración para beneficiar a ciertos individuos a través de licencias de excise. Estas afirmaciones han alimentado la percepción de que el escándalo va más allá de la simple gestión de políticas, planteando dudas sobre los valores y principios de aquellos en el poder.
La suspensión del veredicto por parte del Tribunal Supremo es solo una pausa en una saga legal que es a la vez fascinante y alarmante. A medida que se reserva el fallo, ambos lados se preparan para lo que vendrá. Para Kejriwal y sus ministros, la esperanza radica en las decisiones judiciales favorables que pueden cimentar su inocencia y restaurar su posición. Para la CBI, la presión es alta, ya que sus acciones son objeto de un intenso escrutinio tanto en los tribunales como en el tribunal de la opinión pública. Mientras tanto, la población de Delhi observa con atención, sus opiniones divididas y sus expectativas fluctuantes.
La percepción de que el sistema judicial puede ser influenciado por fuerzas externas plantea preguntas cruciales sobre el estado de la democracia en la India contemporánea, un país que siempre ha luchado con la complejidad de la corrupción, la política y el derecho. Este caso es emblemático de un momento en el que la política, el derecho y la administración pública se entrelazan de manera intrincada. A medida que se espera el fallo del Tribunal Supremo, se mantiene la incertidumbre sobre el futuro de Kejriwal, su gobierno y las políticas que han sido centralizadas en este escándalo. El protagonista de esta historia, en su búsqueda de justicia y libertad, ha desatado una serie de reacciones que tocarán la esencia misma de cómo se percibe la transparencia y la responsabilidad en la política indiana.
