La relación entre la política y la aplicación de la ley siempre ha sido un tema complejo y, a menudo, controvertido. Recientemente, un estudio innovador publicado en la American Journal of Political Science ha arrojado luz sobre una práctica casi inadvertida y poco explorada: la posible reducción estratégica de multas de tráfico por parte de alguaciles durante los años electorales para ganar simpatía del público. Esta investigación, centrada en California, revela que durante los años en que los alguaciles se presentan a la reelección, hay una disminución significativa en la recaudación de multas de tráfico, lo que sugiere un cambio deliberado en cómo se aplican las normas de tránsito y, por ende, en la forma en que se ejerce la autoridad pública bajo la influencia de intereses políticos. Los alguaciles, figuras clave en la administración local de la justicia, tienen una gran autonomía en la gestión y ejecución de políticas de seguridad pública en sus respectivos condados. En California, donde estos cargos se eligen mediante voto popular cada cuatro años, su autonomía en las decisiones relacionadas con la aplicación de leyes de tránsito y otros aspectos de la seguridad permite que las motivaciones políticas puedan influir de manera significativa en sus acciones.
El estudio analizó datos de 57 condados entre 2003 y 2020, comparando los ingresos per cápita derivados de multas de tráfico en años electorales y no electorales. La evidencia mostró una caída del 9% en la recaudación durante dichos años, siendo esta reducción aún más notable en elecciones altamente competitivas, con un descenso cercano al 15%. El hallazgo sugiere un comportamiento estratégico por parte de los alguaciles, quienes parecen moderar la intensidad de las multas durante el periodo de campaña para evitar molestar a los votantes. Esta práctica no solo puede entenderse como un intento de atraer votos, sino también como una manipulación directa de un mecanismo público de recaudación y aplicación de la ley. A diferencia de multas relacionadas con cortes judiciales o impuestos, que no mostraron variaciones significativas en años electorales, el control sobre multas de tráfico parece ser un recurso deliberadamente ajustado para maximizar beneficios electorales.
Este fenómeno abre un debate fundamental acerca de la neutralidad que debe caracterizar a la aplicación de la ley y cómo la política puede interferir en prácticas que deberían mantenerse al margen de intereses partidistas. La disminución temporal de multas puede generar una percepción de benevolencia y cercanía hacia la población, especialmente para comunidades afectadas desproporcionadamente por controles de tránsito estrictos. No obstante, este beneficio electoral inmediato podría estar en tensión con la responsabilidad de garantizar la seguridad vial y el cumplimiento justo e igualitario de las leyes. Además de cuestionar la ética y el impacto directo de esta práctica, la investigación plantea interrogantes sobre cómo las dinámicas políticas influencian la provisión de servicios públicos esenciales. En un contexto donde las infracciones de tránsito y las multas constituyen una fuente importante de ingresos para los gobiernos locales, modificar su aplicación con fines políticos podría afectar la sostenibilidad financiera de los departamentos encargados de la seguridad.
También sugiere que ciertos elementos del ciclo político tienen la capacidad de moldear políticas de seguridad pública que deberían idealmente ser consistentes y basadas en criterios técnicos y sociales más que electorales. No sorprende que el efecto fuera más pronunciado en elecciones competitivas, donde la presión por ganar votos es mayor y, por tanto, la tentación de ajustar políticas para agradar a la ciudadanía aumenta. La ausencia de un efecto igualmente significativo en elecciones menos disputadas refleja cómo la necesidad de asegurar la reelección motiva el comportamiento oportunista. Sin embargo, la investigación también señala que la disminución de multas volvió a sus niveles habituales poco después de las elecciones, confirmando que esta disminución es temporal y directamente vinculada con el ciclo electoral. Una cuestión clave es comprender los mecanismos específicos mediante los cuales los alguaciles influencian esta disminución en las multas.
Puede ser a través de la reducción de controles o paradas de tráfico, una orientación hacia la emisión de menos sanciones, o una redistribución del esfuerzo policial hacia actividades distintas durante el periodo electoral. Del mismo modo, queda pendiente analizar el impacto real de estas medidas en la seguridad pública: ¿disminuye la seguridad vial durante estos años? ¿O la relajación temporal de multas reduce tensiones sociales sin un coste significativo para la seguridad ciudadana? Estas son preguntas que aún requieren mayor investigación. El estudio se limita a California, por lo que es necesario cotejar si estos patrones se replican en otros estados o regiones con diferentes estructuras políticas y administrativas. Será relevante también comparar con ciudades donde los jefes de policía no son electos directamente y explorar cómo diferentes formas de gobierno influyen en la relación entre política y aplicación de la ley. La visibilidad y tangibilidad de las multas de tráfico hacen que sean un instrumento eficaz para influir en la opinión pública.
La reducción de sanciones puede ser un gesto inmediato y fácilmente percibido por votantes, en contraste con cambios en políticas más complejas y menos visibles. Esta naturaleza convierte las multas de tráfico en un área particularmente vulnerable a la manipulación política, un fenómeno que debe ser monitoreado para preservar la integridad del sistema judicial y la confianza ciudadana. El vínculo entre política y aplicación de la ley no es nuevo, pero este estudio aporta evidencia clara y cuantificable de cómo el ciclo electoral afecta decisiones tácticas en la aplicación de multas de tráfico, abriendo una ventana para entender mejor el comportamiento de funcionarios electos y la interacción entre gobernanza y políticas públicas. La transparencia en este proceso y la implementación de mecanismos que limiten la discrecionalidad en contextos electorales podrían ser pasos esenciales para fortalecer la justicia y la equidad. Finalmente, comprender estas dinámicas no solo tiene implicaciones para cuestiones políticas y administrativas, sino también para el bienestar y la justicia social.
La reducción de multas, si bien puede ganar apoyo popular, no debe comprometer la regulación del tránsito ni la seguridad de las comunidades. Es imprescindible balancear los incentivos políticos con el compromiso de un enforcement justo y efectivo, lo que a largo plazo fortalece tanto la gobernanza local como la confianza pública en las instituciones de seguridad. El fenómeno identificado por esta investigación invita a una reflexión crítica sobre los incentivos detrás de políticas públicas y el papel que la política electoral juega a la hora de moldear la vida cotidiana de los ciudadanos, incluso en aspectos tan prosaicos y esenciales como las multas de tráfico. Continuar explorando estas relaciones permitirá avanzar hacia sistemas de gobernanza más transparentes, justos y orientados al bien común.
