En un momento en que el mundo financiero mira cada vez más hacia las inversiones en criptomonedas, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha hecho un llamado contundente para que el Congreso de Estados Unidos mantenga los fondos de pensiones alejados de estos activos digitales. Su preocupación se basa en la alta volatilidad de las criptomonedas, la ausencia de un valor intrínseco claro y los diversos riesgos asociados a su inclusión en los planes de jubilación que afectan a millones de ciudadanos estadounidenses. El interés en los activos digitales ha ido creciendo en los últimos años, impulsado por la promesa de altos rendimientos y la innovación tecnológica que representan las criptomonedas y los activos digitales relacionados. Sin embargo, esta evolución también ha traído consigo una serie de desafíos regulatorios y riesgos no despreciables para los inversores, especialmente para aquellos que dependen de fondos de pensiones para su futuro financiero. Letitia James, en una carta de 14 páginas dirigida a los líderes del Congreso, ha solicitado la implantación de regulaciones federales más estrictas para proteger a los inversores y fortalecer la integridad del mercado financiero.
En sus palabras, la proliferación no regulada de activos digitales amenaza no solo la estabilidad de los mercados, sino también la dominancia del dólar estadounidense y la seguridad nacional debido a actividades criminales facilitadas por la falta de controles claros. Entre los puntos destacados en la misiva de James está la petición de que las stablecoins, un tipo de criptomoneda diseñada para tener un valor estable, sean emitidas exclusivamente por entidades con presencia y supervisión en Estados Unidos. Además, sugiere que estas monedas estén respaldadas por dólares estadounidenses o bonos del Tesoro para garantizar su estabilidad y seguridad, reduciendo así riesgos que podrían propagarse a otros sectores financieros. La fiscal general también advierte sobre la volatilidad inherente de las criptomonedas, que las hace “únicamente inapropiadas” para los ahorros de jubilación. Según James, el valor subyacente de estos activos digitales es impredecible y no se basa en una verdadera determinación de precios, ya que carecen de valor intrínseco.
Esta falta de un fundamento sólido en su valoración puede llevar a pérdidas significativas, perjudicando la seguridad financiera de quienes dependen de fondos de pensiones. En particular, James resalta el riesgo que representa la inversión en fondos cotizados en bolsa (ETFs) basados en criptomonedas. A diferencia de los ETFs tradicionales respaldados por acciones o bonos, los ETFs de criptomonedas enfrentan la amenaza de robo permanente debido a la naturaleza digital y, a menudo, menos protegida de sus activos subyacentes. Esta vulnerabilidad reporta un riesgo adicional para los inversionistas, especialmente para quienes confían en estas inversiones para asegurar su retiro. La preocupación de la fiscal general se enmarca en un contexto más amplio de incertidumbre y desafíos regulatorios en la industria de las criptomonedas.
La falta de una normativa federal clara y uniforme ha permitido la proliferación de fraudes, manipulación de precios y mercados ilegales que han drenado miles de millones de dólares de la economía estadounidense y afectado la confianza de los inversores. Entre los seis riesgos principales que destaca la carta de James se encuentran la manipulación de precios y mercados, el fraude sistémico, la amenaza a la estabilidad financiera, la debilidad en la dominancia del dólar, el riesgo para la seguridad nacional y la extracción de activos del sistema financiero tradicional. Estos riesgos, combinados, subrayan la necesidad urgente de una regulación robusta que controle estrictamente la expansión del sector cripto. Además de la prohibición en fondos de pensiones, la fiscal general propone que las plataformas y emisores de activos digitales operen únicamente con entidades que cumplan estrictamente con las regulaciones contra el lavado de dinero, tengan requisitos claros de registro y actúen para prevenir conflictos de interés y garantizar transparencia en los precios. Estas medidas buscan construir un ecosistema más confiable y seguro para el público general.
El llamado a la acción del gobierno estatal de Nueva York coincide con informes sobre la disolución del grupo federal de investigación de fraude en criptomonedas del Departamento de Justicia, lo que podría debilitar aún más la capacidad de controlar crímenes relacionados con activos digitales a nivel nacional. En un panorama global donde varios países están desarrollando marcos regulatorios para la industria cripto, la posición de Nueva York establece un estándar riguroso que pone en primer plano la protección del inversor y la estabilidad financiera, especialmente para aquellos que confían en la seguridad de sus fondos de retiro. La discusión sobre la inclusión o exclusión de criptomonedas en fondos de pensiones no solo es financiera, sino también social y política. Mientras algunos ven en estos activos una oportunidad para diversificar y aumentar rendimientos, expertos como Letitia James advierten que el momento no es adecuado para exponer a la población más vulnerable a riesgos excesivos. Finalmente, el debate sobre la regulación de las criptomonedas y su papel dentro de la economía estadounidense está lejos de concluir.
En este contexto, la fiscal general de Nueva York se erige como una voz que destaca la necesidad de un balance entre innovación tecnológica y protección financiera, especialmente en áreas tan sensibles como la jubilación. La cautela y la prudencia, según su visión, deben guiar las decisiones legislativas para evitar consecuencias perjudiciales a largo plazo en la sociedad y los mercados financieros.
