En un giro significativo dentro del ámbito tecnológico y de privacidad, el gobierno de Kenia anunció la suspensión temporal del polémico proyecto Worldcoin, una iniciativa cofundada por Sam Altman, CEO de OpenAI, que busca registrar a ciudadanos utilizando la recolección de datos biométricos, principalmente a través del escaneo del iris ocular. La decisión fue tomada el 2 de agosto de 2023, en respuesta a crecientes inquietudes sobre los riesgos potenciales que este tipo de tecnologías podrían representar para la seguridad y la privacidad de millones de kenianos. El proyecto Worldcoin se presentó inicialmente como una propuesta innovadora para establecer identidad digital y, a la vez, distribuir criptomonedas entre los ciudadanos que participaran en el proceso. Mediante el uso de un dispositivo denominado 'orb', se escanean los iris de las personas para crear una identificación única y evitar fraudes o suplantaciones, algo que podría abrir nuevas oportunidades en el acceso a servicios financieros y digitales en regiones donde la infraestructura tradicional es limitada. Sin embargo, esta solución tecnológica pronto encontró oposición.
La principal preocupación surgió de expertos en privacidad y defensores de derechos digitales, quienes advirtieron sobre los peligros de almacenar datos biométricos altamente sensibles sin garantías claras sobre su uso, protección y posibles amenazas a la privacidad individual. Entre las voces más críticas se encuentra Edward Snowden, reconocido denunciante y activista que, años atrás, pidió a Worldcoin detener la recopilación de datos oculares argumentando que la iniciativa podría afectar la seguridad de los ciudadanos y facilitar la vigilancia masiva. Kenia, con una población cercana a los 50 millones y adoptando la segunda tasa más alta de criptomonedas en África, se había convertido en un polo de atracción para esta iniciativa. Los ciudadanos, motivados por la oferta de tokens equivalentes a aproximadamente 7,700 chelines kenianos (cerca de 54 dólares estadounidenses), comenzaron a acudir en masa a los centros de escaneo instalados en varios centros comerciales de Nairobi para escanear sus iris. Sin embargo, el entusiasmo inicial se vio empañado por los hallazgos de una investigación que reveló que un 40% de los entrevistados expresó preocupaciones significativas sobre compartir su información biométrica, además de que los operadores independientes encargados del proceso recibían remuneraciones muy limitadas, apenas 100 chelines kenianos por cada escaneo, lo que equivale a 70 centavos de dólar.
La polémica no se limita al plano económico. El Ministerio del Interior y Administración Nacional de Kenia, representado por el Secretario del Gabinete Kithure Kindiki, expresó inquietud por la falta de claridad legal y de garantías suficientes para la seguridad pública y la integridad de las operaciones financieras que implican la participación masiva de ciudadanos en el sistema Worldcoin. Por ello, se decidió suspender el proyecto mientras se realizan investigaciones para entender mejor los riesgos y responsabilidades involucradas. Esta medida refleja una tendencia global creciente en la que países y entidades reguladoras elevan el nivel de escrutinio sobre tecnologías basadas en datos biométricos. Francia y Alemania, por ejemplo, también se encuentran en el proceso de investigar la legalidad y prácticas de Worldcoin en sus territorios, subrayando la necesidad urgente de normativas claras y protocolos de seguridad robustos en la gestión de datos personales.
La controversia alrededor de Worldcoin también pone sobre la mesa una cuestión social mayor: la vulnerabilidad de las poblaciones en economías emergentes que, ante la falta de oportunidades y recursos, pueden verse fácilmente tentadas a entregar datos personales sensibles por recompensas económicas inmediatas, sin comprender plenamente las implicaciones a largo plazo. Willis Okach, un habitante de Nairobi que participó en el proyecto, señaló “No tienes nada y alguien te ofrece algo”, capturando así la realidad de muchos en contextos socioeconómicos limitados. El caso de Worldcoin en Kenia abre un debate profundo sobre el equilibrio necesario entre innovación tecnológica, inclusión financiera y protección de derechos humanos fundamentales. La biometría promete revolucionar servicios y trámites, permitiendo identidades digitales seguras y accesibles, pero demanda un marco ético y jurídico sólido para evitar abusos y proteger la privacidad de los individuos. Además, la dependencia de tecnología extranjera y multinacionales en países en desarrollo plantea el desafío de soberanía digital, donde los gobiernos deben garantizar que proyectos de esta índole no comprometan la autonomía ni la seguridad de sus ciudadanos.
