En un giro inesperado que ha sacudido el mundo de los activos digitales y criptomonedas, Nike, la reconocida compañía estadounidense de ropa deportiva, ha sido demandada a raíz del cierre repentino de su negocio vinculado a tokens no fungibles (NFTs) y otros activos digitales relacionados. Esta situación ha despertado un intenso debate sobre la regulación de los activos digitales y la responsabilidad de las grandes empresas del sector tecnológico y comercial. La demanda colectiva fue presentada en un tribunal federal del distrito este de Nueva York, encabezada por Jagdeep Cheema, un residente australiano que adquirió NFTs temáticos de Nike a través de la unidad RTFKT, una compañía especializada en productos digitales y coleccionables que Nike había adquirido en 2021 con el objetivo de innovar en la fusión entre cultura, arte y tecnología blockchain. La unidad RTFKT fue fundada para explotar el potencial de los NFTs en el sector de la moda y el entretenimiento digital, ofreciendo coleccionables de edición limitada y contratos digitales vinculados a activos virtuales. Desde su compra por Nike, la marca buscó capitalizar la creciente tendencia de los coleccionables digitales y el gaming en el metaverso.
Sin embargo, el abrupto anuncio de cierre de RTFKT en diciembre de 2024 cogió por sorpresa tanto a inversores como a compradores de NFTs y otros tokens, cuya demanda se evaporó prácticamente de inmediato tras la decisión. Los demandantes alegan que la incertidumbre y falta de transparencia sobre la naturaleza jurídica de estos activos digitales les causó pérdidas económicas significativas. Más allá del impacto económico, la demanda apunta a que Nike promovió la venta de estos NFTs sin registrarlos adecuadamente como valores, infringiendo así leyes de protección al consumidor en varios estados como Nueva York, California, Florida y Oregón. Los compradores manifestaron que, de haber sabido que estos tokens eran considerados valores no registrados, nunca hubieran invertido la cantidad que desembolsaron o no lo habrían hecho en absoluto. Se señala que Nike, con su prestigio y alcance global, generó una confianza que no se tradujo en garantías ni en cumplimiento regulatorio adecuado, lo cual ha sido interpretado por los demandantes como un acto que «les quitó el suelo bajo los pies», especialmente cuando se retiró el soporte para estos activos digitales.
Esta situación pone en evidencia los desafíos regulatorios y legales que enfrenta la industria de las criptomonedas y los NFTs. En la actualidad, la definición y clasificación jurídica de los NFTs sigue siendo un territorio en disputa, generando debates intensos entre entidades reguladoras, empresas y consumidores. Muchos especialistas destacan que el vacío legal existente contribuye a la vulnerabilidad de los usuarios que entran en estos mercados con expectativas de rentabilidad y seguridad. Desde la perspectiva legal, la demanda que enfrenta Nike se inscribe en un contexto más amplio de litigios y cuestionamientos que involucran la naturaleza de los NFTs como posibles valores financieros o instrumentos de inversión. La ausencia de claridad regulatoria puede derivar en consecuencias legales para empresas que ofrecen estos activos sin cumplir con las normativas vigentes.
Nike, con sede en Beaverton, Oregon, no hizo declaraciones inmediatas tras la noticia de la demanda. El proceso judicial se presenta como un caso emblemático para definir responsabilidades en el ecosistema digital, donde marcas tradicionales incursionan en tecnologías disruptivas sin que necesariamente existan marcos regulatorios claros. La compra de RTFKT en diciembre de 2021 fue vista inicialmente como una jugada estratégica para posicionar a Nike en la vanguardia del mercado digital, especialmente con la popularidad creciente de los NFTs y el metaverso. Sin embargo, la reciente decisión de liquidar esta unidad y cerrar el soporte a estos activos digitales pone en cuestión la viabilidad y compromiso de las grandes corporaciones con el desarrollo sostenible de dichas tecnologías. El cierre y la consecuente desaparición del valor percibido de los NFTs emitidos por RTFKT afectó a miles de compradores que invertían en este mercado con la expectativa de crecimiento o reventa futura.
La caída abrupta en la demanda de estos tokens ha provocado pérdidas que, según la demanda, superan los cinco millones de dólares, además de daños reputacionales y desconfianza en el mercado emergente. El caso también abre el debate sobre la protección al consumidor en el ámbito digital y la necesidad de establecer mecanismos claros y efectivos que regulen las operaciones relacionadas con activos digitales y criptomonedas. Expertos en derecho tecnológico y financiero han manifestado que la evolución rápida de la tecnología supera a menudo la capacidad de adaptación legal, y casos como este subrayan la urgencia de crear marcos regulatorios sólidos y adaptados. La demanda liderada por Jagdeep Cheema busca no solo la indemnización por pérdidas sino también establecer precedentes que obliguen a empresas a ser más transparentes y responsables al ofrecer productos financieros digitales. Las expectativas del mercado apuntan a que este caso pueda sentar un precedente en la interpretación de las leyes de valores en el marco de los activos digitales y fomentar mayor regulación y supervisión en el entorno de las criptomonedas y NFTs.
La comunidad inversora y los usuarios han intensificado sus reclamos para que las grandes empresas que operan en este segmento digital asuman responsabilidad y ofrezcan garantías claras, evitando prácticas que puedan poner en riesgo a los consumidores. Este episodio puede resultar un punto de inflexión que impulse a las autoridades reguladoras a acelerar reformas legales y estrategias de supervisión para proteger a los usuarios y fomentar un desarrollo más transparente y seguro del mercado digital. Además, la participación de marcas globales como Nike en el ámbito tecnológico digital implica que sus decisiones y acciones tengan un fuerte impacto en la percepción pública del sector de los NFTs y las criptomonedas. La gestión de riesgos y la comunicación efectiva se posicionan como aspectos clave para prevenir crisis legales y de reputación. Por otra parte, este caso refleja también la complejidad que representa para las compañías integrar nuevas tecnologías en su modelo de negocio, en un ambiente donde la innovación y la regulación deben caminar en paralelo, para evitar disrupciones negativas y litigios.