En los últimos años, Bitcoin ha ganando popularidad no solo como un activo de inversión individual, sino también como una posible herramienta financiera a nivel estatal. Con el creciente interés por establecer reservas estratégicas de Bitcoin, varios estados de EE.UU. están tomando la iniciativa y proponiendo leyes que permitirían a sus tesoreros invertir en esta criptomoneda. Este artículo examina qué estados están considerando la inversión en Bitcoin y qué implicaciones podría tener para su futuro financiero.
La propuesta de crear una reserva estratégica de Bitcoin en EE.UU. ha cobrado fuerza desde la elección del presidente Donald Trump. En julio de 2024, la senadora Cynthia Lummis presentó un proyecto de ley en el Senado de EE.UU.
que abre las puertas a la compra de un millón de tokens de Bitcoin en un plazo de cinco años. Sin embargo, no son solo las iniciativas a nivel federal las que están en movimiento. Se han introducido propuestas a nivel estatal para establecer reservas estratégicas de Bitcoin, permitiendo a los estados diversificar sus activos y protegerse de la inflación. Uno de los estados pioneros en este movimiento es Pennsylvania, que se convirtió en el primero en proponer una reserva estratégica de Bitcoin en noviembre de 2024. El exrepresentante Mike Cabell introdujo la Ley de Reserva Estratégica de Bitcoin de Pennsylvania, que permitiría al tesorero del estado utilizar hasta el 10% de los fondos estatales para adquirir Bitcoin.
Esta ley es parte de un esfuerzo más amplio para establecer a Pennsylvania como un centro para las criptomonedas, habiendo aprobado también la Ley de Autorización de Activos Digitales en 2024, que protege los derechos de los residentes de Pennsylvania para poseer y gastar activos digitales. Otro estado que se ha sumado a la tendencia es Texas, donde el representante Giovanni Capriglione introdujo la Ley de Reserva Estratégica de Bitcoin en diciembre de 2024. Este proyecto de ley permitiría a Texas poseer Bitcoin como un activo financiero y también permitiría a los ciudadanos donar Bitcoin al estado de manera voluntaria. Asimismo, se estipula que los tokens serán almacenados por al menos cinco años antes de ser transferidos, vendidos o convertidos. Ohio, por su parte, también se unió al movimiento en diciembre de 2024 al introducir un proyecto de ley que permitiría establecer un fondo de Bitcoin en la tesorería del estado.
El representante Derek Merrin afirmó que, dadas las preocupaciones sobre la devaluación del dólar, el tesorero del estado debería tener la autoridad para invertir en Bitcoin para proteger los fondos públicos. En enero de 2025, New Hampshire siguió los pasos de Pennsylvania y Texas al proponer una ley que permite al tesorero del estado invertir en metales preciosos y activos digitales. Esta ley identifica metales preciosos como oro, plata y platino, mientras que especifica que solo se considerarán activos digitales con una capitalización de mercado superior a los 500 millones de dólares, lo que actualmente significa que solo Bitcoin cumple con este criterio. No obstante, otros estados como North Dakota, Wyoming, Massachusetts, Oklahoma y Utah también han comenzado a desarrollar sus propias iniciativas para establecer reservas estratégicas de Bitcoin. En North Dakota, se introdujo una ley que permite al tesorero estatal invertir una parte de los fondos generales del estado en activos digitales y metales preciosos, mientras que Wyoming optó por autorizar inversiones estatales en Bitcoin, no excediendo el 3% de ciertos fondos.
Massachusetts introdujo un proyecto de ley que permitiría al tesorero del estado invertir un 10% en Bitcoin o en activos digitales, así como participar en actividades de préstamo de criptomonedas. Oklahoma, por su parte, ha presentado una ley similar que limita las inversiones a criptomonedas con una capitalización de mercado superior a los 500 mil millones de dólares y prevé la posibilidad de participación en staking mediante soluciones de terceros. Utah también está avanzando con un proyecto de ley que permite al tesorero estatal invertir en activos digitales y participar en actividades de staking y préstamo. Estas iniciativas estatales no solo reflejan un cambio en el enfoque de cómo los estados manejan sus finanzas, sino que también destacan un creciente reconocimiento de que las criptomonedas como Bitcoin pueden jugar un papel crucial en la diversificación de activos y la protección contra la inflación. Dado el contexto económico actual, con preocupaciones sobre la devaluación de la moneda tradicional y un entorno de inversión incierto, cada vez más legisladores ven la necesidad de adoptar el Bitcoin como una herramienta financiera viable.
