En un momento crucial para la adopción y regulación de las criptomonedas en Estados Unidos, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, ha vetado un importante proyecto de ley que pretendía incorporar Bitcoin como parte de las reservas oficiales del estado. Este veto representa un revés significativo para aquellos que buscan que las instituciones gubernamentales inviertan en activos digitales como estrategia financiera y de diversificación. El proyecto en cuestión, conocido como la Ley de Reserva Estratégica de Activos Digitales, proponía que Arizona utilizara fondos provenientes de incautaciones para invertir en Bitcoin, creando así una reserva estratégica administrada por funcionarios estatales. La ambición detrás de esta iniciativa era posicionar a Arizona como pionero en los Estados Unidos al adoptar formalmente criptomonedas dentro de sus activos públicos. La votación en la Cámara de Representantes del estado mostró una división cercana, con 31 votos a favor y 25 en contra, reflejando el interés y la controversia que rodea el tema.
Sin embargo, la postura firme de la gobernadora Hobbs se basó en una valoración prudente de los riesgos asociados con el uso de fondos públicos para invertir en activos tan volátiles y especulativos como Bitcoin. En un comunicado dirigido a Warren Petersen, presidente del Senado estatal, Hobbs enfatizó que el Sistema de Jubilación del Estado de Arizona es uno de los más fuertes del país, gracias a sus inversiones sólidas y fundamentadas. Por ello, consideró que no era prudente experimentar con «inversiones no probadas» como las criptomonedas utilizando fondos de jubilación que afectan directamente el futuro financiero de los ciudadanos. Esta decisión también forma parte de un contexto mayor, ya que la gobernadora había advertido previamente que vetaría cualquier legislación que no viniera acompañada de acuerdos bipartidistas relacionados con la financiación de discapacidades, reflejando su enfoque en asegurar estabilidad presupuestaria y responsabilidad social. Paralelamente, otro proyecto de ley complementario, identificado como SB1373, que proponía autorizar al tesorero estatal a destinar hasta un 10% del fondo de emergencia del estado a activos digitales como Bitcoin, aún no ha alcanzado una votación final.
Este proyecto podría reabrir el debate en el futuro y continúa siendo objeto de atención para inversores y legisladores. El veto de Arizona no es un hecho aislado; en los últimos meses varias iniciativas similares en otros estados como Oklahoma, Montana, Dakota del Sur y Wyoming han quedado estancadas o han sido retiradas. Estas acciones reflejan la incertidumbre y cautela con la que muchos estados abordan la incorporación de criptomonedas en sus portafolios oficiales. Por otro lado, el estado de Carolina del Norte ha avanzado en la dirección opuesta, aprobando una ley que permite al tesorero estatal invertir hasta un 5% de ciertos fondos en criptomonedas aprobadas. Este contraste muestra una diversidad de enfoques y estrategias a nivel estatal y subraya la naturaleza experimental y evolutiva de estas políticas.
Es importante situar estas decisiones dentro del marco político nacional. Personalidades como el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con ciertos legisladores republicanos, han promovido la idea de crear reservas estratégicas de Bitcoin y un acopio de activos digitales a nivel federal. En marzo, Trump firmó una orden ejecutiva que proponía formalmente estas iniciativas, lo que indica un interés creciente por parte de altos cargos gubernamentales en integrar las criptomonedas dentro de las finanzas públicas. Este interés federal contrasta con la postura más cautelosa adoptada por algunos estados, generando un panorama mixto sobre el futuro de la adopción oficial de Bitcoin. Entre los argumentos a favor destaca la posible diversificación de activos, protección contra la inflación y el posicionamiento tecnológico.
Sin embargo, las preocupaciones sobre la volatilidad, la regulación incierta y la seguridad siguen siendo los principales obstáculos. Los defensores del Bitcoin argumentan que la criptomoneda puede servir como resguardo contra la devaluación monetaria y como herramienta para modernizar la gestión financiera pública. Pero la gobernadora Hobbs y otros críticos recuerdan que el mercado de activos digitales es relativamente joven y sujeto a fluctuaciones intensas que podrían poner en riesgo fondos destinados al bienestar social y a la seguridad económica de la población. Además, la integración del Bitcoin en reservas estatales genera preguntas sobre la custodía de los activos, la regulación legal y la transparencia en la administración. También se deben considerar los posibles impactos fiscales y las implicaciones para la política monetaria estatal y federal.
