La industria minera en Mali se encuentra atravesando un momento crítico debido a un conflicto prolongado entre Barrick Gold, la segunda mayor minera de oro del mundo, y el gobierno maliense. Esta disputa ha resultado en la suspensión de operaciones y el consecuente desempleo de cientos de trabajadores dependientes de contratistas que operan en el complejo Loulo-Gounkoto, el mayor centro minero del país. La situación evidencia el impacto económico y social que puede generar la tensión entre corporaciones multinacionales y autoridades nacionales en países en desarrollo y ricos en recursos naturales. Barrick Gold, con sede en Toronto, Canadá, es una potencia en extracción de oro, con una producción significativa concentrada en Mali. No obstante, desde enero del año en curso, sus operaciones en Loulo-Gounkoto se han detenido tras la incautación por parte del gobierno maliense de aproximadamente 3 toneladas métricas de reservas de oro, bajo la acusación de que la empresa no cumplía con sus obligaciones fiscales.
Esta acción ha sido un punto de quiebre dentro de un conflicto de dos años alrededor de las condiciones contractuales, la normativa minera actualizada y la retención de ganancias en el país. El contexto político en Mali ha desempeñado un papel fundamental en esta crisis. Tras dos golpes de estado en 2020 y 2021, el gobierno militar instaurado implementó un nuevo código de minería en 2023 con la intención de aumentar la soberanía económica y fiscal sobre sus recursos naturales. Sin embargo, esta medida ha desencadenado disputas con compañías extranjeras que operan bajo acuerdos anteriores. En particular, Barrick Gold ha visto bloqueada la exportación de su oro desde noviembre del año previo, lo que agrava la situación financiera y operacional.
Entre las consecuencias más visibles se encuentran los despidos masivos en las empresas contratistas que brindan servicios esenciales para las actividades mineras. Al menos cuatro principales subcontratistas han empezado a reducir su plantilla por falta de pagos y presión operativa. Boart Longyear, a través de su filial local BLY Mali, anunció la liquidación de su compañía después de la suspensión de su contrato, reflejando el impacto de la paralización. Esta empresa, especializada en servicios de perforación, contaba con 98 empleados en marzo, muchos de los cuales quedaron sin trabajo. Además, ETASI, una firma dedicada al alquiler de equipos pesados, informó la pausa total de personal, afectando a unas 68 personas.
La situación es igualmente grave para ATC, encargada de la construcción metálica, que fue reducida de 45 a solo 4 empleados activos desde enero a marzo. MAXAM, otro importante contratista que suministra explosivos civiles, planea un paro temporal que involucra aún más trabajadores, sumando alrededor de 120 empleados afectados debido a sus rotaciones laborales. Estos despidos no solo afectan a las personas y sus familias, sino que también tienen un impacto amplio en la economía local. El complejo Loulo-Gounkoto representa una fuente crucial de empleo directo e indirecto. Además, las contratistas forman una extensa red laboral y comercial que sostiene cadenas de valor en sectores colaterales como transporte, servicios técnicos, alimentación y comercio minorista.
La crisis amenaza con elevar las tasas de desempleo y reducir ingresos fiscales, complicando aún más la recuperación económica en un país donde la minería es una columna vertebral. Además de lo económico, la disputa genera incertidumbre sobre la estabilidad jurídica y el atractivo de Mali como destino para inversiones extranjeras en minería. Los empresarios internacionales observan con preocupación las frecuentes intervenciones gubernamentales y la revisión unilateral de contratos, factores que podrían desencadenar un éxodo de capitales y tecnología. Por otro lado, las autoridades defienden que sus medidas buscan proteger la riqueza nacional, garantizar el cumplimiento fiscal y beneficiar a la población local con mayores ingresos por la explotación de sus recursos. Ante este escenario, expertos sugieren que una solución negociada entre Barrick Gold y el gobierno es imprescindible para evitar un deterioro mayor.
Restablecer las operaciones significaría reactivar la economía regional, preservar empleos y mantener la posición estratégica de Mali en la producción aurífera mundial. Para ello, es necesario un compromiso basado en transparencia, cumplimiento legal y respeto mutuo para consolidar marcos regulatorios estables que atraigan inversión responsable a largo plazo. La experiencia en Mali refleja un fenómeno global donde países en desarrollo con abundantes recursos naturales enfrentan retos para equilibrar la explotación minera con la justicia económica y social. Según observadores, lograr un consenso equitativo puede ser un catalizador para el progreso sostenible, mientras que la confrontación prolongada solamente profundiza la crisis social y económica. En conclusión, la disputa entre Barrick Gold y el gobierno de Mali pone en evidencia la complejidad de la gestión de recursos naturales en contextos políticos y económicos inestables.
Los despidos masivos en los contratistas mineros demuestran el costo humano y estructural de esta confrontación abierta. Soluciones diplomáticas, legales y financieras serán claves para revertir la situación, proteger el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de miles de personas dependientes de esta importante industria en Mali.
