El apagón que afectó a España y Portugal a finales de abril de 2025 ha sido uno de los eventos más disruptivos en la historia reciente del suministro eléctrico en la Península Ibérica. Este suceso no solo impactó la vida cotidiana de millones de personas, sino que también reveló las vulnerabilidades y desafíos estructurales que enfrenta la red eléctrica española, especialmente en el contexto de una transición energética acelerada. Detrás de esta masiva interrupción del suministro eléctrico, hubo múltiples señales de advertencia que, de no haberse atendido con la urgencia necesaria, hicieron prever una crisis de esta magnitud. En este análisis exploramos en profundidad esas advertencias, sus causas, las implicaciones para el sistema eléctrico nacional y las perspectivas futuras del sector energético en España. En los días previos al apagón, la red eléctrica española mostró inestabilidades que, aunque menores en escala, ya resultaban alarmantes para los operadores y expertos del sector.
Se registraron fluctuaciones en el suministro que afectaron infraestructuras clave, como la paralización de trenes de alta velocidad cerca de Madrid debido a sobrecargas eléctricas y la interrupción de operaciones en refinerías importantes, como la de Cartagena. Estos incidentes no solo evidenciaron problemas técnicos en la operación y gestión de la red, sino que también afectaron sectores estratégicos que dependen de un suministro eléctrico estable y continuo. Uno de los factores más notorios detrás de estas dificultades está relacionado con el creciente protagonismo de las energías renovables en el mix energético nacional. España ha experimentado un notable aumento en la generación renovable, especialmente de origen solar y eólico, impulsada por políticas públicas orientadas a reducir las emisiones de carbono y cumplir con los compromisos internacionales de sostenibilidad. Sin embargo, esta transición ha introducido complejidades técnicas que no siempre se han gestionado eficazmente.
A diferencia de las plantas convencionales que generan corriente alterna (AC), la generación solar fotovoltaica produce corriente continua (DC) que debe ser convertida mediante inversores para su integración a la red. Esta conversión y la naturaleza variable de la producción eólica y solar, condicionada por condiciones climatológicas, generan un desafío constante para mantener la estabilidad y el equilibrio de frecuencia en la red. Si la generación renovable cae abruptamente, la red requiere fuentes de respaldo que puedan responder de manera rápida y eficaz para evitar caídas peligrosas en la frecuencia que, de no ser gestionadas, provocan desconexiones en cascada y potenciales apagones. En este contexto, España enfrenta una reducción progresiva de sus fuentes de respaldo tradicionales como las plantas de carbón, gas natural y, especialmente, las nucleares. El gobierno ha anunciado planes para el cierre paulatino de sus siete reactores nucleares para 2035, comenzando con dos unidades en la planta de Almaraz a partir de 2027.
A pesar de que la operadora red eléctrica española y expertos gubernamentales han intentado minimizar la relación entre la transición energética y el apagón, organismos internacionales y asociaciones del sector eléctrico europeo han advertido que la reducción de estas fuentes estables disminuye la capacidad del sistema para equilibrar la red en momentos de alta demanda o baja generación renovable. Un aspecto crítico mencionado por los operadores es la falta de información en tiempo real proveniente de los pequeños generadores renovables. Muchos de estos productores, dispersos y que incluyen desde parques solares hasta instalaciones eólicas, no están totalmente integrados a los sistemas de supervisión y control del operador del sistema eléctrico (REE). Esta carencia dificulta el mantenimiento del equilibrio dinámico necesario para evitar sobrecargas o caídas abruptas que desestabilicen la red. Las fluctuaciones y cortes eléctricos previos al evento mayor se pueden entender como una serie de señales que alertaban sobre una fragilidad creciente.
Según expertos independientes, la red española estuvo "al borde del colapso" durante varios días antes del apagón, indicando que las medidas implementadas hasta ese momento para incorporar las energías renovables y reducir las centrales convencionales no habían sido completamente integrales ni encaminadas a garantizar la estabilidad del suministro. Las investigaciones ordenadas por el gobierno, que incluyen a agencias de seguridad y expertos técnicos, están destinadas a esclarecer la causa exacta del apagón. Se considera incluso la posibilidad de un ciberataque dirigido a la infraestructura crítica, aunque esta hipótesis aún está siendo evaluada. El apagón dejó en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección, vigilancia y respuesta rápida ante incidentes en el sistema energético. Además de las consecuencias inmediatas en transporte, comunicaciones, industria y comercio, el apagón también tuvo un impacto económico considerable.
Se estima que la interrupción pudo haber restado alrededor de 1.6 mil millones de euros al Producto Interno Bruto español, representando un golpe significativo a la economía en un contexto ya marcado por desafíos globales y tensiones económicas. Este impacto subraya la importancia estratégica de garantizar una red eléctrica resiliente y capaz de sostener no solo el consumo doméstico sino también la actividad productiva y servicios esenciales. El caso español ofrece importantes lecciones para otros países que están en proceso de acelerar su transición hacia energías limpias. Es necesario que el desarrollo de renovables vaya acompañado de inversiones en infraestructura de red, incorporación de tecnologías avanzadas para el monitoreo y control en tiempo real, así como políticas claras que contemplen la integración equilibrada entre las energías renovables y las fuentes tradicionales de respaldo que pueden garantizar estabilidad.
