La expectativa alrededor de la elección federal australiana de 2025 ha generado interés en múltiples sectores, sin embargo, uno de los más prometedores y con mayor impacto futuro es el de las criptomonedas y los activos digitales. A pesar de que durante la campaña electoral la criptomoneda no ha sido un tema central y apenas ha tenido presencia en los debates públicos, existe consenso generalizado en que, independientemente del resultado electoral, Australia implementará una legislación que favorecerá a la industria cripto. Esto marca un cambio histórico para un país donde durante más de una década se había vivido mucha incertidumbre y estancamiento regulatorio en torno a los activos digitales. Australia ha estado durante años a la expectativa de definir un marco legal claro para el ecosistema cripto, lo cual ha limitado su desarrollo y ocasionado la fuga de talento a otras naciones con normativas más ágiles y atractivas, como Singapur o Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el 2025 parece ser el año decisivo en el que finalmente se consolidará un marco regulatorio que brinde seguridad jurídica al sector y fomente la innovación tecnológica.
Los principales actores políticos del país, tanto el gobernante Partido Laborista Australiano (ALP) como la oposición del Partido Liberal, están alineados en la necesidad de legislar con una visión que surja directamente de la consulta y colaboración con la industria cripto. Esta postura bipartidista es una novedad significativa que promete acelerar el proceso de regularización. En este contexto, el Partido Liberal ha realizado compromisos concretos, como la promesa del tesorero en la sombra, Angus Taylor, de presentar un borrador de regulación sobre activos digitales dentro de los primeros 100 días si llegan al poder. Por su parte, el Tesoro australiano ya ha avanzado en la elaboración de proyectos de ley enfocados en la regulación de plataformas de activos digitales y en la modernización del sistema de pagos digitales, con fechas para su publicación aún en este mismo trimestre. Estas acciones demuestran que, sin importar el resultado electoral, la regulación cripto es una prioridad en la agenda política.
Además del ALP y el Partido Liberal, otros actores políticos menores también están aprovechando la tendencia cripto para posicionarse, como el Partido Libertario, que propone una política cripto ambiciosa. Su plan incluye la creación de una Reserva Nacional de Bitcoin y el reconocimiento de esta criptomoneda como moneda de curso legal en Australia, aunque hasta ahora no cuentan con representantes en el Senado. Por otro lado, partidos como los Verdes no han desarrollado una postura clara sobre el tema, mientras que One Nation se ha manifestado en contra de ciertas medidas vinculadas a las criptomonedas, como la utilización de monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDCs) o problemas relacionados con la exclusión financiera hacia negocios cripto. La historia legislativa australiana respecto a las cripto se remonta a su primera investigación parlamentaria en 2014, pero desde entonces, la falta de acción concreta generó desánimo y pérdidas de oportunidades. La transición de gobiernos hizo que se quedaran en el limbo proyectos importantes como la Ley de Servicios Digitales, propuesta inicialmente con base en las recomendaciones de un comité del Senado en 2021.
Actualmente, aunque el gobierno laborista encabezado por el primer ministro Anthony Albanese ha dado señales de respaldo al sector, con declaraciones optimistas sobre el potencial económico de los activos digitales, la ausencia de legislación concreta se ha notado. El ministro de Hacienda Jim Chalmers ha destacado que los activos digitales representan grandes oportunidades para la economía australiana, al tiempo que aseguró que la intención es fomentar la innovación manteniendo la seguridad y protección a los consumidores. Se prevé que el borrador de leyes sea lanzado para consulta en 2025, para luego introducirlo formalmente en el Parlamento y, finalmente, implementar las reformas gradualmente de forma que no afecten negativamente a las empresas que ya operan en el sector. La oposición, por su parte, critica la lentitud y falta de visión clara del actual gobierno, recordando especialmente cómo la caída de la plataforma FTX fue el detonante para admitir la necesidad urgente de regulación. También señalan que la falta de un plan blockchain claro desde la llegada al poder en 2022 ha generado retrasos inconmensurables.
Sin embargo, el consenso es que ambas facciones políticas coinciden en los puntos esenciales que la industria demanda: mayor claridad, protección al usuario y un ecosistema que incentive el desarrollo tecnológico. Este clima de colaboración bipartidista se fortalece gracias al trabajo de figuras políticas como el senador Andrew Bragg y la presión constante de los actores industriales y comerciales del sector. El gobierno ha reforzado su equipo dedicado a la redacción de normas para plataformas digitales, casi duplicando su tamaño y priorizando el tema a nivel ministerial. Aunque la estrategia del ALP es más cautelosa y preocupada por la seguridad y mitigación de riesgos, se espera que en los próximos meses el borrador legislativo esté listo para su presentación pública. Esta decisión también está motivada en parte por los movimientos en otras grandes economías.
Por ejemplo, en Estados Unidos, la administración de Joe Biden ha adoptado una política un poco más restrictiva, mientras que en Reino Unido se han revelado borradores de regulaciones más amigables hacia la industria. Australia no quiere quedarse rezagada en esta carrera por convertirse en un centro tecnológico regional y global. Las empresas locales, como BTC Markets y grandes nombres internacionales con presencia en el país, han expresado satisfacción con estos avances y una expectativa moderada, favoreciendo el enfoque ordenado y consultado con la industria. La ciudad de Sídney, identificada como una de las más amigables con las criptomonedas según diferentes encuestas, aspira a convertirse en un polo importante para el desarrollo de tecnologías blockchain y ecosistemas digitales. A nivel ciudadano, se estima que alrededor de dos millones de australianos consideran que su voto debe estar influenciado por las políticas cripto, un segmento electoral en crecimiento que no fue aprovechado del todo durante la campaña.
Este número podría influir decisivamente en el desenlace de los comicios. Sin embargo, la mayor coincidencia entre los partidos principales es la necesidad imperiosa de contar con un marco legal robusto y competitivo que impulse la economía digital, favorezca la creación de empleo y atraiga inversiones. En este contexto, las entidades regulatorias como la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) juegan un papel fundamental, aunque su función se limita a ejecutar las leyes aprobadas y no a crearlas. Su autonomía garantiza que no haya cambios drásticos de dirección con el cambio de gobierno, aportando estabilidad regulatoria al sector. La campaña "Stand With Crypto", aunque discreta, continúa promoviendo los intereses del ecosistema y alertando sobre problemas derivados de la exclusión financiera por parte de algunos bancos hacia empresas cripto.
