En un giro significativo dentro de la política estadounidense sobre la regulación y supervisión de las criptomonedas, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció la disolución del Equipo Nacional de Aplicación contra el Crimen en Criptomonedas (NCET, por sus siglas en inglés). Esta decisión ha sido duramente cuestionada por numerosos legisladores demócratas que consideran que supone un retroceso en la lucha contra las actividades ilícitas vinculadas al sector de las monedas digitales. El NCET fue fundado en 2021 con el objetivo de fortalecer la capacidad del gobierno para detectar y procesar delitos en el ecosistema cripto, incluyendo lavado de dinero, evasión de sanciones, fraudes y otros crímenes complejos relacionados con activos digitales. Su cierre implica un cambio importante en la estrategia del DOJ y ha generado preocupación sobre el futuro de la fiscalización en este ámbito. Senadores demócratas, encabezados por Elizabeth Warren, enviaron una carta al Subprocurador General el 10 de abril, solicitando una revisión inmediata de esta medida y expresando su profunda preocupación.
Definieron la decisión como "nonsensical", es decir, carente de sentido, y advirtieron que podría interpretarse como un “pase libre” para los criminales que operan con criptomonedas. Consideran que la disolución del NCET abrirá la puerta a un incremento en delitos graves como el tráfico de drogas, la evasión de sanciones internacionales, el fraude masivo y la explotación infantil, todos facilitados muchas veces por servicios que permiten anonimizar las transacciones, como los mixers y tumbleres. El memorando firmado por Todd Blanche, Subprocurador General, fue emitido el 7 de abril y constituye la base formal para la desactivación del NCET. Blanche argumenta en su comunicación que el Departamento de Justicia no actúa como regulador del mercado de activos digitales, aspecto que debería recaer en otras agencias especializadas. Criticó la estrategia anterior del gobierno, calificada como una ‘‘estrategia imprudente de regulación mediante la persecución judicial’’, y anunció que el DOJ redireccionará sus esfuerzos hacia la persecución de casos involucrando directamente a personas que dañen a inversionistas en activos digitales, en vez de centrarse en plataformas o herramientas cripto.
Esta orientación representa un cambio de paradigma importante y preocupante para quienes defienden la regulación estricta en este sector. Los legisladores demócratas advierten que cultivar esta idea puede generar un ambiente de tolerancia hacia los intermediarios cripto que facilitan actividades ilegales, lo que puede derivar en un incremento sustancial de riesgos para la seguridad financiera nacional y global. Además, critican que la fiscalización de violaciones a leyes como la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act) queda debilitada si se deja de procesar a actores clave en el ecosistema, lo que puede crear una vulnerabilidad sistémica para el país. Los resultados positivos de la actividad del NCET desde su fundación son un argumento clave para sus defensores. Durante sus años de operación, lograron algunas de las condenas más importantes en Estados Unidos relacionadas con cripto como el caso del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, cuyo procesamiento fue un referente por la relevancia de abordar herramientas que permiten el blanqueo de capitales mediante activos digitales.
De hecho, el equipo fue responsable de incautar millones de dólares y apoyar investigaciones complejas que involucraban a varias agencias federales, estatales y locales. La disolución de esta unidad significaría una disminución considerable en la capacidad de respuesta y especialización para enfrentar ese tipo de delitos. Además del argumento técnico y legal, los demócratas señalan un posible trasfondo político en la decisión. Mencionan las recientes controversias alrededor de proyectos criptográficos vinculados a la familia del expresidente Donald Trump, tales como World Liberty Financial, empresa que lanzó una criptomoneda propia y que planea desarrollar un stablecoin bajo fuerte inversión y control familiar. Ante estas circunstancias, surgen sospechas sobre si la decisión de desmantelar el NCET responde a la intención de favorecer intereses privados y limitar la investigación hacia ciertas figuras o proyectos.
Elizabeth Warren, conocida por su postura crítica hacia ciertas áreas del ecosistema cripto, ha sido una voz activa denunciando la falta de controles y la influencia de intereses políticos en la regulación de las criptomonedas. Su cuestionamiento no solo alcanza a la administración actual, sino también a figuras políticas que promueven proyectos digitales poco transparentes o con vínculos polémicos. En este contexto, la disolución del NCET es vista como un paso contrario a la protección del consumidor y al mantenimiento del orden público. El rechazo de estos senadores también refleja una preocupación sobre el impacto que esta medida tendrá en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades criminales que utilizan cada vez más las criptomonedas para operar con menor riesgo de detección. La desaparición del equipo dedicado genera un vacío de especialización y coordinación que podría ser aprovechado por delincuentes para sofisticar sus métodos.
Por otra parte, el enfoque del DOJ de priorizar solamente los casos en que haya víctimas directas también ha sido criticado porque excluye un amplio rango de delitos económicos en los cuales la afectación no es tan inmediata o visible, pero que ponen en riesgo la estabilidad financiera y la seguridad nacional. El sistema regulatorio actual ya presenta dificultades para identificar y procesar crímenes que se ocultan en la complejidad técnica de las blockchains y la descentralización. La reducción de recursos y prioridad hacia estos asuntos complica aún más esta tarea. La comunidad internacional también observa con atención el desarrollo de estas políticas, pues muchas investigaciones y acciones contra el crimen cripto trascienden fronteras. La cooperación global es esencial para el éxito de los esfuerzos, y una postura más laxa en uno de los países líderes puede influir negativamente en la coordinación y eficacia de los controles a nivel mundial.
En resumen, la desactivación del NCET abre un debate intenso sobre el equilibrio entre regulación, innovación tecnológica y protección contra actividades ilícitas en el mundo de las criptomonedas. Mientras algunos defienden que el DOJ debe concentrar sus recursos en delincuentes que perjudican de forma directa a los inversionistas, otros advierten que esta visión estrecha no cubre un panorama más amplio de riesgos y amenazas emergentes. El llamado de los demócratas a reconsiderar esta medida y a mantener un equipo especializado refleja la necesidad de un enfoque integral, bien coordinado y suficientemente robusto para responder a los desafíos de un sector tan dinámico y complejo. El futuro de la vigilancia y persecución del crimen en activos digitales dependerá no solo de decisiones administrativas sino también de la voluntad política y el diseño adecuado de marcos regulatorios que protejan a los usuarios, fortalezcan la transparencia y no inhiban la innovación. La atención pública y legislativa continuará siendo vital para encontrar ese equilibrio y evitar que el uso de criptomonedas se convierta en un refugio para la ilegalidad.
Por ahora, el debate está abierto y será fundamental seguir de cerca cómo evolucionan las políticas del Departamento de Justicia y las reacciones desde el Congreso, el sector privado y la sociedad civil en relación con esta problemática que impacta directamente en el crecimiento y legitimidad del ecosistema cripto.
