En un contexto global marcado por el creciente uso de aplicaciones de mensajería cifrada, la Unión Europea ha revelado que altos funcionarios usan la aplicación Signal para comunicarse entre ellos. Esta información fue confirmada por el Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS), que también dejó claro que el contenido de estas conversaciones permanecerá confidencial y no será divulgado a los medios ni al público. Esta revelación ha generado un intenso debate y cuestionamientos sobre la transparencia, la privacidad y las contradicciones dentro de las instituciones europeas. Signal es una de las aplicaciones de mensajería más valoradas por su robusto sistema de cifrado de extremo a extremo, lo que significa que sólo los participantes en una conversación pueden leer los mensajes, y ni siquiera la propia plataforma tiene acceso al contenido. La elección de Signal por parte de los altos cargos de la UE responde a la necesidad de garantizar la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones diplomáticas y políticas, especialmente cuando se trata de temas delicados relacionados con la política exterior, la seguridad y la gestión internacional.
El anuncio del uso oficial de Signal se produce poco después de un escándalo en Estados Unidos, donde altos funcionarios invitaron por error a un periodista a un chat confidencial en esta misma aplicación. Ese incidente sacó a la luz lo vulnerables que pueden ser incluso las zonas más protegidas de la comunicación digital. En la Unión Europea, la situación adopta una dimensión diferente, ya que los mensajes no sólo se mantienen privados, sino que además se rehúsa revelar cualquier detalle a los ciudadanos o a la prensa, a pesar del creciente interés por parte de periodistas de investigación y defensores de la transparencia pública. El caso tomado por seguimiento periodístico lo protagonizó Follow the Money (FTM), un colectivo de periodistas de investigación que consiguió la confirmación de que existe un grupo en Signal creado por la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, donde ministros y otras figuras políticas comparten información y fotografías. La petición formal de un periodista para conocer el contenido de uno de estos mensajes a través de una solicitud de acceso a la información pública fue denegada, reiterando el argumento oficial de preservar la confianza, la credibilidad y la efectividad en las relaciones diplomáticas.
Esta negativa a divulgar los mensajes oficiales ha provocado preocupación en quienes defienden un mayor escrutinio público sobre la gobernanza europea. La UE ha promovido en paralelo una legislación destinada a limitar el uso del cifrado en las aplicaciones de mensajería privada, argumentando motivos tan sensibles como la protección infantil, la lucha contra el terrorismo y la seguridad pública. Estas propuestas, conocidas como la regulación CSAM o Chat Control, exigirían a plataformas como Signal y WhatsApp escanear los mensajes en busca de contenidos ilegales, poniendo en entredicho la privacidad de los ciudadanos. Esta aparente contradicción ha suscitado críticas de organizaciones defensoras de los derechos digitales, que califican estas medidas como desproporcionadas y una amenaza directa a la privacidad y la libertad de expresión. Para muchos, el uso selectivo del cifrado por parte de las élites políticas, mientras se limita el acceso a estos servicios a los ciudadanos comunes bajo el pretexto de seguridad, refleja una lógica de doble rasero dentro de las instituciones europeas.
Otro factor a destacar en esta situación es la reticencia generalizada de las instituciones europeas a registrar o archivar estos intercambios digitales. Casos como el del “Pfizergate” en 2021, donde se negociaron acuerdos millonarios de vacunas contra la COVID-19 mediante mensajes de texto entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Pfizer, Albert Bourla, permanecen envueltos en secretismo. La negativa a publicar esos mensajes, incluso tras solicitudes de organismos de supervisión y tribunales, resalta un patrón institucional de opacidad que genera desconfianza. Desde el punto de vista técnico y legal, el uso de Signal garantiza la máxima protección de las comunicaciones frente a cualquier intento de interceptación o acceso no autorizado. Sin embargo, la pregunta que surge es si esta privacidad absoluta está en equilibrio con el derecho a la transparencia y la rendición de cuentas propias de las democracias modernas.
La UE, que se presenta como defensora de los derechos digitales y la gobernanza abierta, parece enfrentarse a esta paradoja internamente. Además, la posición que adopta el Servicio Europeo de Acción Exterior al justificar la confidencialidad con la necesidad de proteger las relaciones internacionales y la capacidad de la UE para negociar eficazmente con terceros países, presenta un argumento aceptado clásicamente en las prácticas diplomáticas, pero que en el contexto digital amplifica las dificultades para ejercer el control democrático. La polémica adquiere matices adicionales cuando se considera la declaración de líderes nacionales como la ministra de Asuntos Exteriores de Austria, Beate Meinl-Reisinger, quien reveló en una entrevista que la mayoría de los ministros europeos mantienen un grupo privado en Signal. La difusión de esta información plantea preguntas acerca de la gobernanza interna y la responsabilidad institucional. En el plano global, la situación de la UE en el uso de aplicaciones cifradas como Signal toma especial relevancia, especialmente frente a legislaciones que intentan regular o restringir el cifrado en países como Francia, donde la empresa Signal ha amenazado con retirarse ante requerimientos gubernamentales de acceso a mensajes privados.
