El 4 de diciembre de 2024 marcó un día oscuro para UnitedHealth Group, uno de los gigantes del sector asegurador de salud en Estados Unidos, cuando su director ejecutivo, Brian Thompson, fue asesinado en un suceso trágico que conmocionó a la industria y al público en general. Este hecho no solo tuvo repercusiones humanas y de seguridad, sino que detonó una cadena de acontecimientos que afectaron gravemente la percepción y la estabilidad financiera de la empresa. Poco tiempo después del asesinato, UnitedHealth se vio enfrentada a una oleada de críticas y desafíos, tanto por su manejo interno como por su reacción pública ante esta tragedia. Además, los inversionistas respondieron con preocupación ante cambios inesperados en la estrategia empresarial y la revisión a la baja de sus predicciones financieras para el 2025, lo que generó una caída vertiginosa en el precio de las acciones. Un aspecto crucial de esta crisis ha sido la demanda colectiva presentada por un grupo de accionistas que acusan a la compañía de ocultar información vital sobre cómo la controversia y los cambios en la política interna relacionados con la muerte del ejecutivo afectaron la rentabilidad y la estabilidad del negocio.
Esta acción legal se ha radicado en la corte federal del distrito sur de Nueva York, y señala directamente a altos ejecutivos, incluido el actual director general Andrew Witty y el director financiero John Rex, como responsables de estos actos de supuesta opacidad. La demanda asegura que la empresa mantuvo una visión optimista equivocada sobre sus perspectivas económicas, inflando artificialmente el valor de sus acciones y engañando a sus inversores sobre el verdadero impacto de la crisis en su modelo de negocio, especialmente en el área de Medicare, donde los costos se incrementaron significativamente. Tradicionalmente, UnitedHealth había adoptado una política estricta respecto a la aprobación de reclamaciones médicas, con tasas de negación superiores a la media, lo que, aunque generaba controversia, contribuía a su rentabilidad. Sin embargo, tras el asesinato de Thompson y la presión pública intensificada, en parte impulsada por un informe del Senado estadounidense publicado en octubre de 2024, que criticaba las prácticas de negación de reclamos, la empresa comenzó a flexibilizar estas políticas, adoptando una postura más paciente y favorable hacia los asegurados. Este cambio estratégico, aunque mejor recibido por los consumidores y defensores de derechos, tuvo un costo económico inesperado y afectó las previsiones financieras de la compañía, lo que no fue comunicado con la transparencia exigida a la comunidad inversionista.
Al desvelarse esta situación, las acciones de UnitedHealth sufrieron una caída del 22.4% el 17 de abril de 2025, lo que implicó una pérdida de aproximadamente 119 mil millones de dólares en valor de mercado en un solo día. Esta caída abrupta se produjo tras el anuncio de la revisión a la baja del pronóstico de ganancias ajustadas por acción para 2025, que pasó de un rango previamente estimado entre 29.50 y 30 dólares a uno más conservador entre 26 y 26.50 dólares.
La repercusión en el mercado financiero se extendió más allá del propio sector de la salud, afectando el índice Dow Jones y el Nasdaq, y reflejando la preocupación generalizada sobre la estabilidad y la gestión de una de las compañías de seguros de salud más importantes del país. En cuanto al suceso trágico que desencadenó esta cadena de hechos, Luigi Mangione ha sido acusado formalmente del asesinato de Brian Thompson en la ciudad de Nueva York. Aunque Mangione enfrenta la posibilidad de la pena de muerte, su figura ha polarizado la opinión pública, ya que algunos sectores críticos hacia las aseguradoras privadas lo ven como un símbolo de protesta contra las prácticas restrictivas y las negaciones injustificadas de cobertura médica que impactan a millones de personas en Estados Unidos. Este fenómeno ha agudizado el debate sobre el papel de las aseguradoras en el sistema de salud estadounidense, sus responsabilidades éticas y la necesidad de un equilibrio entre la rentabilidad y el bienestar de los asegurados. La demanda legal, cuya identificación oficial es Faller contra UnitedHealth Group Inc y otros, está en etapa inicial pero ya genera expectativas sobre el posible reajuste en la gobernanza corporativa y la obligación de mayor transparencia y rendición de cuentas que las grandes empresas deben mantener con sus inversores y con el público en general.
La polémica también pone el foco en la gestión de crisis dentro de las compañías de gran escala y en cómo una comunicación deficiente o tardía puede desencadenar consecuencias legales y financieras de gran alcance. En el trasfondo de esta situación están las tensiones permanentes en el sector de salud sobre modelos de negocio que priorizan el lucro frente al acceso y la calidad del servicio para los pacientes. La presión social y política derivada de incidentes como el asesinato de Thompson refleja una creciente insatisfacción y demanda de cambio hacia sistemas más justos y sostenibles. UnitedHealth, con oficinas principales en Eden Prairie, Minnesota, y Washington D.C.
, se encuentra actualmente frente a un desafío mayúsculo para recuperar la confianza de sus clientes e inversionistas, reestructurar su estrategia financiera y definir con claridad su postura ética y operativa en un entorno cada vez más exigente y vigilado. La resolución de la demanda y los movimientos corporativos que resulten serán observados no solo por la industria sino también por reguladores, políticos y el público que reclama mayor regulación y responsabilidad en el sector salud. Mientras tanto, el acontecimiento continúa siendo objeto de análisis periodístico, jurídico y económico, en un contexto donde las expectativas de mercado, el impacto social y las dinámicas internas de las grandes corporaciones se entrelazan y redefinen los parámetros de la gestión empresarial en el siglo XXI.