En noviembre de 2024, el Regulador de Telecomunicaciones de Camboya (TRC) bloqueó el acceso a 16 importantes sitios web de intercambio de criptomonedas, incluyendo plataformas conocidas como Binance y Coinbase. Esta prohibición buscaba frenar actividades que operaban "sin las licencias y autorizaciones adecuadas requeridas por la ley camboyana". Aunque la medida se implementó con buenas intenciones, la efectividad de la prohibición se ve obstaculizada por métodos de elusión accesibles y por problemas más profundos relacionados con la corrupción en el país. La creciente preocupación por los riesgos asociados a los activos digitales como las criptomonedas ha resonado fuertemente en Camboya, donde el uso de estas monedas ha crecido exponencialmente. En 2024, Camboya se ubicó en el decimoséptimo lugar entre los 20 países con mayor adopción de criptomonedas.
El mercado local de criptomonedas está valorado en aproximadamente 7.9 millones de dólares, con una base de usuarios esperada de 539,000 para 2025. Las razones detrás de la reciente prohibición son tres. En primer lugar, se busca fortalecer la supervisión estatal. Actualmente, solo dos plataformas locales, Royal Group Exchange (RGX) y Cambodian Network Exchange (CNX), están autorizadas para operar dentro del “sandbox regulatorio de FinTech” supervisado por el Banco Nacional de Camboya.
Sin embargo, los intercambios extranjeros como Binance son más populares en el país debido a sus tarifas de negociación más bajas y su gran base de usuarios de operaciones entre pares (P2P). La prohibición tiene como objetivo redirigir a los usuarios hacia plataformas locales que son más fáciles de regular por las autoridades. El segundo motivo es la promoción del uso de la moneda local. La economía camboyana opera bajo un sistema de doble moneda, donde más del 80 % de las transacciones se llevan a cabo en dólares estadounidenses además del riel camboyano. El gobierno busca reducir la dependencia de las monedas extranjeras restringiendo el acceso a activos digitales que se comercian principalmente en dólares.
Esta medida se alinea con iniciativas como el sistema de pago digital Bakong, diseñado para fortalecer la demanda de la moneda local facilitando transacciones sin efectivo tanto para los locales como para los turistas en riel. La tercera razón detrás de esta prohibición es la intención de Camboya de deshacerse de su reputación como un refugio para los cibercriminales. En 2024, Camboya ocupó el vigésimo lugar a nivel mundial en actividad delictiva y el puesto 146 en su capacidad para resistir la delincuencia. Las operaciones cibernéticas, vinculadas a menudo con actividades de tráfico de personas en Phnom Penh y Sihanoukville, generan entre 7.5 y 12.
5 mil millones de dólares anuales, casi la mitad del PIB formal del país. Esta industria ha crecido de forma robusta y se ha integrado en la economía local. Esto ha atraído reacciones internacionales, como sanciones de EE. UU. que congelan activos vinculados a aliados de la élite gobernante de Camboya.
Muchos de estos sindicatos utilizan criptomonedas para transferir y almacenar fondos ilícitos, lo que llevó a la implementación de esta prohibición. Sin embargo, la prohibición presenta limitaciones significativas para lograr sus objetivos. La medida solo deshabilita el acceso a sitios web de intercambio de criptomonedas y deja funcionales las aplicaciones móviles. Además, los usuarios pueden eludir las restricciones utilizando redes privadas virtuales (VPN), que son legales en Camboya. Esto permite que los usuarios decididos continúen accediendo a intercambios extranjeros.
La capacidad de la prohibición para frenar el cibercrimen también es cuestionable. Plataformas como Huione Guarantee, ampliamente utilizadas por cibercriminales del sudeste asiático para intercambios de criptomonedas a fiat a través de intermediarios, continúan operando en Camboya. Los críticos argumentan que el gobierno camboyano tolera estas actividades debido a los supuestos vínculos con altos funcionarios, señalando que el estado ha reprimido a los periodistas que investigan el cibercrimen. Como resultado, la prohibición afecta desproporcionadamente a pequeños especuladores y a los camboyanos en el extranjero que dependen de criptomonedas para enviar remesas. Dado que las deficiencias de la prohibición son evidentes, Camboya debería adoptar un enfoque más refinado para lograr sus objetivos.
Para aumentar de manera efectiva la supervisión estatal, el gobierno podría ampliar su marco de licencias para incluir plataformas extranjeras que cumplan con las regulaciones estatales. Un ejemplo de esto es la Ley de Servicios de Pago de Singapur, que permite que intercambios extranjeros como Coinbase operen legalmente tras obtener una licencia de Institución de Pago Mayor. Las plataformas autorizadas deben adherirse a estrictas medidas de prevención de lavado de dinero (AML) y contrarrestar la financiación del terrorismo (CFT), así como demostrar protocolos sólidos de ciberseguridad y protección al consumidor. Un enfoque similar en Camboya podría potencialmente proporcionar una supervisión estatal sobre los intercambios de criptomonedas extranjeros más importantes, asegurando así el cumplimiento de las leyes nacionales. Para garantizar la estabilidad del riel, Camboya podría promover plataformas locales como alternativas viables a los intercambios extranjeros.
El modelo de Gulf Binance en Tailandia, en asociación con un proveedor de energía local, permite realizar transacciones de criptomonedas a fiat en baht tailandés. Camboya podría replicar este modelo con plataformas locales como RGX, permitiendo operaciones de criptomonedas a fiat en riel, hasta ahora prohibidas para los intercambios locales. Incentivar a los usuarios a utilizar estas plataformas para costear remesas y especulación — los usos principales de las criptomonedas en Camboya — puede lograrse mediante un soporte al cliente local y tarifas de transacción competitivas. Además, integrar el sistema Bakong con intercambios locales como un método de pago podría incentivar el uso del riel en transacciones de criptomonedas, reduciendo así la dependencia del dólar estadounidense. Finalmente, para desarticular efectivamente el cibercrimen, el gobierno deberá abordar la corrupción sistémica existente en Camboya que ha permitido que los sindicatos cibernéticos prosperen.
En 2023, Camboya ocupó el puesto 158 de 180 países en corrupción, lo que subraya su prevalente corrupción en las instituciones estatales. Esto se debe en gran medida a salarios bajos y a leyes anticorrupción ineficaces, que fomentan la corrupción a todos los niveles del gobierno, incluyendo fuerzas de la ley y el sistema judicial, así como a elites políticas con vínculos al crimen organizado. Por ende, las reformas contundentes en materia de anticorrupción son esenciales para desmantelar las protecciones no oficiales que habilitan a los cibercriminales. Esto puede llevarse a cabo fortaleciendo las agencias anticorrupción y proporcionando protecciones robustas para los denunciantes, fomentando así la rendición de cuentas. No obstante, dado el carácter lucrativo y los fuertes vínculos entre la élite gobernante y estas organizaciones criminales, tales reformas son poco probables.
La prohibición de los intercambios de criptomonedas en Camboya refleja un esfuerzo justificado pero defectuoso para reforzar la supervisión estatal, promover el uso del riel y combatir el cibercrimen frente a los desafíos económicos y regulatorios que trae aparejado el comercio de criptomonedas. Sin embargo, su efectividad se ve socavada por métodos de elusión accesibles y la negligencia estatal hacia problemas subyacentes como la corrupción gubernamental que permite el florecimiento del cibercrimen vinculado a la élite. En lugar de ello, Camboya requiere una estrategia integral que incluya la incorporación de intercambios de criptomonedas que cumplan con la regulación estatal, el fomento del uso de la moneda local en las transacciones y la implementación de medidas robustas contra el crimen y reformas institucionales.
