El 28 de agosto de 2024, Michael Lacey, fundador del famoso y controvertido sitio de anuncios clasificados Backpage.com, fue condenado a cinco años de prisión por un cargo de lavado de dinero. La sentencia se dio a conocer tras un amplio proceso judicial que puso de relieve las actividades del sitio, que generó ingresos relacionados con la prostitución por un total de 500 millones de dólares desde su creación en 2004 hasta su cierre en 2018 por parte del gobierno. Lacey, de 76 años, fue hallado culpable el año pasado de un solo cargo de lavado de dinero internacional, mientras que el jurado se mostró incapaz de alcanzar un veredicto en otros 84 cargos relacionados con la facilitación de prostitución y lavado de dinero. La juez del Tribunal de Distrito, Diane Humetewa, posteriormente desestimó docenas de cargos por falta de pruebas suficientes, sin embargo, aún quedan cerca de 30 acusaciones pendientes en su contra.
El caso ha creado un gran interés y ha suscitado debates sobre la responsabilidad de las plataformas en línea en casos de facilitación de actividades ilegales. Backpage.com había operado como un negocio legítimo de anuncios clasificados, pero las autoridades sostienen que en realidad funcionaba como un vehículo para la prostitución y la explotación sexual. Según declaraciones de los fiscales, Lacey y sus cofundadores estaban impulsados por la codicia, engañando a organizaciones de lucha contra la trata de personas y a las autoridades sobre la verdadera naturaleza de su modelo de negocio. Durante el juicio, se presentó evidencia de que Lacey utilizaba criptomonedas y transferencias bancarias a cuentas en el extranjero para ocultar las ganancias obtenidas de la venta de anuncios en el sitio.
La juez Humetewa enfatizó que Lacey estaba al tanto de las controversias que rodeaban Backpage y que no había tomado medidas para abordarlas. "En medio de todo esto, te mantuviste firme", le dijo la juez. "No hiciste nada". Esta declaración pone de relieve la pasividad que las autoridades atribuyen a Lacey, especialmente en un contexto donde se ha documentado la explotación de mujeres y menores a través de las plataformas en línea. El impacto de Backpage.
com en la prostitución y la trata de personas ha sido objeto de intenso análisis. La plataforma permitía a los usuarios publicar anuncios de servicios sexuales, lo que facilitaba la comunicación y las transacciones entre prostitutos y clientes. Las autoridades aseguran que el sitio no solo promovía la prostitución, sino que también se beneficiaba de ella, creando un entorno donde las personas vulnerables eran explotadas. Además de Lacey, dos altos ejecutivos de Backpage, John Brunst y Scott Spear, también fueron condenados y recibirán sentencias de diez años. La colaboración entre los directivos del sitio y la manipulación de las plataformas en línea para evadir la detección por parte de las autoridades han sido clave en este caso.
La defensa de Lacey argumentó que el fundador estaba más centrado en la gestión de una cadena de periódicos alternativa y no en las operaciones diarias de Backpage, pero las evidencias contradicen esta afirmación. Las declaraciones de los fiscales revelaron cómo los empleados de Backpage identificaban a las prostitutas a través de búsquedas en Google, ofreciendo anuncios gratuitos para atraer a estos trabajadores al sitio. Este enfoque no solo ayudó a consolidar el modelo de negocio de Backpage, sino que también creó una percepción de legitimidad para una actividad intrínsecamente ilegal. El marketing del sitio incluyó acuerdos comerciales con plataformas que permitían a los clientes publicar reseñas sobre sus experiencias con prostitutas, lo que intensificó la explotación en un espacio donde la vulnerabilidad de las personas era aprovechada al máximo. Esto llama a atención sobre el vacío legal que aún persiste en la regulación de plataformas en línea y la responsabilidad que tienen en la supervisión de las actividades que permiten.
En un giro interesante del caso, un director de marketing de Backpage ya había pleiteado culpable por conspiración para facilitar la prostitución, reconociendo su participación en estrategias diseñadas para atraer a trabajadoras sexuales mediante anuncios gratuitos. Asimismo, el CEO de la compañía al momento del cierre de Backpage, Carl Ferrer, se declaró culpable en un caso federal separado en Arizona y también de cargos estatales de lavado de dinero en California. A pesar de que algunos empleados de Backpage fueron absueltos de cargos en el juicio de 2023, las huellas del caso continúan marcando la historia del sitio. Durante el juicio, los acusados no pudieron presentar un memorando de 2013 de los fiscales federales en el que se concluía que no había pruebas claras de un patrón de negligencia hacia menores o la existencia de un uso explícito del sitio para la prostitución en ese momento. Este documento fue redactado cinco años antes de que se presentaran cargos contra Lacey y sus cofundadores, lo que sugiere que la percepción inicial sobre la plataforma era diferente a la que se tiene ahora.
Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental released en junio reveló que la capacidad del FBI para identificar a las víctimas y a los traficantes de personas se había reducido significativamente desde que Backpage fue incautado. Antes del cierre, las autoridades estaban familiarizadas con la plataforma y generalmente recibían respuestas rápidas de su parte cuando solicitaban información, lo que ayudaba en las investigaciones relacionadas con el tráfico de personas. Los acontecimientos relacionados con Backpage.com siguen generando un debate significativo sobre la ética y la responsabilidad de las plataformas digitales en la regulación de contenidos y en su papel en la sociedad. La condena de Lacey es solo una parte de un complejo entramado de cuestiones legales y morales que rodean la explotación en línea.
Ahora, con la espera de otros procesos judiciales y la necesidad de una mayor regulación en el ámbito digital, el caso de Backpage plantea interrogantes cruciales sobre el futuro de las plataformas de anuncios y su impacto en las vidas de muchas personas vulnerables. La sociedad sigue expectante ante los acontecimiento que puedan surgir a partir de esta controvertida condena y cómo la ley se adaptará a estas realidades digitales en constante evolución.
