Estados Unidos detiene las persecuciones legales contra criptomonedas y NFTs: un nuevo capítulo para la industria digital

En un giro inesperado y que ha sorprendido a expertos y participantes del mundo digital, Estados Unidos ha decidido detener las persecuciones judiciales relacionadas con la industria de criptomonedas, blockchain y NFTs (tokens no fungibles). Esta decisión, impulsada por una orden del Vicefiscal General Todd Blanche a petición del presidente Donald Trump, representa un cambio radical en la forma en que el gobierno federal estadounidense aborda la regulación y supervisión de un sector en constante evolución tecnológica y con un peso cada vez mayor en la economía global. Desde hace años, la industria de las criptomonedas había estado bajo un intenso escrutinio en Estados Unidos. Las fuerzas regulatorias y legales han proseguido acciones contra varias empresas y proveedores por supuestas infracciones relacionadas con falta de licencias, evasión de regulaciones contra el lavado de dinero o financiación del terrorismo, y actividades financieras no registradas. Sin embargo, con esta última directiva, esas pesquisas se frenan y muchos procesos actualmente en marcha serán abandonados o archivados.

Este cambio responde, en parte, a una nueva estrategia gubernamental que apunta a favorecer y estimular el desarrollo del sector digital, reconociendo la importancia creciente de las tecnologías blockchain y activos digitales en la economía moderna. Se busca promover un entorno donde la innovación y el uso de estas tecnologías puedan expandirse sin el miedo continuo a una persecución judicial que afecta a muchas startups y proyectos emergentes. Una de las cuestiones más controversiales en torno a esta decisión es la vinculación directa con el entonces presidente Donald Trump, quien no solo ha ordenado esta suspensión de acciones judiciales, sino que también es un reconocido vendedor de criptomonedas y NFTs. A diferencia de sus predecesores, Trump no ha divulgado públicamente sus finanzas ni ha transferido la administración de sus transacciones privadas a fideicomisarios independientes, lo cual genera debate sobre posibles conflictos de interés y la transparencia gubernamental. La orden del Departamento de Justicia detalla que no se perseguirá penalmente a aquellos proveedores que actualmente operen sin las licencias financieras requeridas, ni a quienes comercialicen inversiones sin registros formales o actúen como intermediarios no registrados, a menos que se demuestre que estas acciones fueron conscientes y deliberadas en violación de la ley.

Sin embargo, con la suspensión de investigaciones, la obtención de pruebas concretas será sumamente difícil, creando un escenario donde la impunidad podría ser la norma más que la excepción. Uno de los puntos clave del decreto es la disolución inmediata del equipo especializado en la persecución de delitos en el ámbito de las criptomonedas dentro del Ministerio de Justicia, conocido como National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Esta estructura había sido fundamental para identificar y proceder contra actividades ilícitas como lavado de dinero, fraude financiero y otras conductas delictivas vinculadas con la tecnología blockchain. Ahora, esa responsabilidad se reasignará a unidades que tendrán otras prioridades, como casos de inmigración y fraude en licitaciones públicas. El anuncio ha generado preocupación en ciertos sectores, especialmente porque el Ministerio de Justicia señala que las acciones de los proveedores de criptomonedas y mezcladores podrán ser investigadas únicamente si están relacionadas con actividades de sus clientes o si violan regulaciones sin saberlo, lo que en la práctica puede significar que se evitarán en gran medida las sanciones.

No obstante, el comunicado subraya que los usuarios finales que cometan fraudes, robos, o exploten vulnerabilidades en contratos inteligentes seguirán sujetos a procesos legales. De igual forma, se aclara que esta medida no significa una carta blanca para criminales o actores que estén en la mira del gobierno por otras razones, quienes podrían todavía ser procesados bajo diferentes normativas. La industria financiera tradicional, incluidos bancos y corredores de bolsa, queda excluida de esta relajación regulatoria. Estas instituciones continuarán sometiéndose a rigurosos controles para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, manteniendo sus obligaciones de identificación y reporte. En paralelo, el Departamento de Justicia participará en un grupo de trabajo ordenado por Trump para presentar propuestas legislativas dirigidas a promover el crecimiento y la adopción de activos digitales, blockchains y tecnologías relacionadas en todos los sectores de la economía.

Este esfuerzo es una muestra clara de la intención gubernamental de integrar la innovación digital en la estructura económica y regulatoria estadounidense. La repercusión en el mercado y la comunidad internacional ha sido inmediata. Por un lado, la suspensión de procesos judiciales contra proyectos de criptomonedas genera un clima de optimismo en desarrolladores, inversionistas y emprendedores que esperan mayor libertad para operar y crear sin temor a represalias legales. Por otro, existe un debate sobre los riesgos que esto implica en cuanto a posibles abusos, incremento de fraudes y debilitamiento de las medidas contra actividades ilícitas. Este cambio en la postura jurídica norteamericana también podría tener un impacto global, ya que Estados Unidos es uno de los principales actores financieros y regulatorios del planeta.

Cambios en su política pueden influir en decisiones de otras jurisdicciones que siguen con atención las tendencias regulatorias para sus propias legislaciones. Además, para los usuarios y seguidores de criptomonedas y NFTs, este movimiento podría acelerar la adopción masiva y la integración de estos activos en la vida cotidiana y en sectores que van desde las finanzas hasta el arte, el entretenimiento y más allá. La combinación de mayor seguridad jurídica y respaldo institucional podría incentivar mayor inversión y desarrollo tecnológico. En conclusión, la decisión de Estados Unidos de suspender las investigaciones y acciones legales contra la industria de criptomonedas y NFTs representa un cambio sustancial, impulsado por factores políticos, económicos y tecnológicos. Si bien abre posibilidades inéditas para la innovación y el crecimiento, también plantea retos y dudas sobre cómo equilibrar la libertad con la necesidad de prevención y control de actividades ilegales.

El desenlace de esta política y su implementación práctica serán observados con gran atención por todos los actores involucrados en el escenario financiero y tecnológico mundial.