En el mundo de las criptomonedas, las controversias pueden surgir tan rápido como las innovaciones. Un caso reciente involucra a Charles Hoskinson, el fundador de Cardano, quien se ha visto envuelto en acusaciones sobre manipulación del libro mayor de Cardano para apoderarse de fondos equivalentes a ₳318 millones, aproximadamente 619 millones de dólares en el momento. Estas afirmaciones, que ganaron notoriedad en la plataforma X (anteriormente Twitter), generaron debates y cuestionamientos dentro de la comunidad cripto, afectando la percepción de transparencia en uno de los proyectos blockchain más sólidos y populares. Sin embargo, Hoskinson ha negado enérgicamente estas acusaciones, aclarando que todos los movimientos realizados fueron protocolizados y orientados hacia la correcta administración de fondos vinculados a los antiguos compradores de ADA durante la ICO (Oferta Inicial de Monedas). La acusación principal se centra en un evento ocurrido en 2021, durante la actualización "Allegra" del protocolo Cardano.
Se sugiere que en dicha actualización, se ejecutó una función conocida como “returnRedeemAddrsToReserves”, que habría filtrado y transferido UTxOs (salidas no gastadas de transacciones) relacionados con el ICO que permanecían sin reclamar hacia las reservas del proyecto. En términos simples, esto significaría que tokens que debían pertenecer a ciertos usuarios —en muchos casos personas mayores de Japón que no habían reclamado sus ADA— fueron sustraídos de sus direcciones originales y colocados bajo control centralizado mediante las claves génesis manejadas por Hoskinson y el equipo de Input Output Global (IOG). Posteriormente a esta revisión del libro mayor, se realizó una transacción de tipo MIR (Move Instantaneous Rewards), un mecanismo utilizado generalmente para distribuir recompensas de staking o fondos del tesoro, en la que se movieron estos ₳318 millones hacia una cuenta considerada bajo un control más centralizado. Esta maniobra fue interpretada por críticos como un intento de secuestrar fondos no reclamados, mientras que otros la ven como una actualización legítima autorizada por consenso dentro de la red y necesaria para mantener la operatividad y redireccionar los recursos hacia usos productivos dentro del ecosistema Cardano. Charles Hoskinson respondió rápidamente a estas acusaciones a través de su cuenta de X, señalando que no hubo robo y explicando que esos ADA se habían tornado "inutilizables" o inaccesibles para sus poseedores originales, por lo que fue necesario trasladarlos hacia una cuenta custodial que facilitara su redención en los años siguientes.
Aseguró que los fondos se distribuyeron conforme a los términos de generación original y que este proceso fue transparente y sigue siendo auditado. Además, Hoskinson advirtió sobre posibles acciones legales a quien continúe difundiendo lo que él considera difamaciones, enviando un mandato de cesar y desistir a Masato Alexander, una figura que impulsó las acusaciones y afirmó poseer información privilegiada relacionada con el asunto. A pesar del aviso, Alexander continuó sus señalamientos, generando aún más atención sobre la disputa y la necesidad de una aclaración mayor para disipar dudas dentro de la comunidad. Un punto crítico en esta controversia reside en la utilización y destino final de los fondos movidos desde las reservas. Hoskinson argumenta que una parte significativa, incluyendo 350 millones ADA provenientes de las reservas y 25 millones adicionales generados vía staking, fue destinada a Intersect, una entidad vinculada al gobierno descentralizado del ecosistema Cardano.
Sin embargo, la discrepancia surge cuando Intersect confirma que en 2024 solo recibieron un monto aproximado a 7 millones de dólares, lo que ha intensificado las solicitudes de una rendición de cuentas más amplia y detallada para esclarecer exactamente cuánto se ha utilizado y en qué proyectos o iniciativas se ha invertido el resto del capital. Jonathan Morgan, reconocido analista de criptoactivos, se ha pronunciado respaldando a Hoskinson y el equipo de IOG. Morgan sostiene que no hubo ninguna reescritura ilícita o no consensuada del libro mayor; por el contrario, la operación fue autorizada a través de mecanismos protocolarios y se realizó bajo estrictos controles de gobernanza de la red. Según su análisis, la mayoría de los ADA originalmente pertenecientes a los compradores del ICO fueron devueltos exitosamente, mientras que una porción restante fue transparente y abiertamente redirigida hacia el desarrollo comunitario y otros usos orientados a fortalecer el ecosistema en general. En términos de mercado, la controversia no ha tenido un impacto negativo inmediato en el precio de ADA, que ha mantenido un valor estable rondando los 0.
66 dólares, especialmente en momentos en los que otras criptomonedas enfrentan volatilidad debido a actualizaciones y eventos fuera de Cardano. Esto podría interpretarse como una señal de confianza relativa de los inversores en el proyecto o como una evidencia de que la comunidad y participantes confían en las explicaciones brindadas. La disputa también ha puesto en primer plano la importancia de la transparencia en los proyectos blockchain, un aspecto fundamental para mantener la confianza tanto de usuarios como de inversores. La necesidad de publicar revisiones auditables y detalladas acerca de movimientos significativos en los libros mayores es una demanda creciente que permite mitigar rumores y evitar malentendidos, además de fortalecer la credibilidad y la sustentabilidad a largo plazo. Adicionalmente, Cardano ha seguido avanzando en sus desarrollos tecnológicos y expansiones dentro del ecosistema descentralizado.
