La reciente reelección del Partido Laborista en Australia ha provocado un renovado llamado por parte de la industria de las criptomonedas para acelerar y priorizar las reformas legales relacionadas con los activos digitales. Con una victoria contundente que refleja un 54.9% del voto preferencial frente al 45.1% de sus opositores —Liberal y Nacionales—, el actual gobierno tiene ante sí una oportunidad crítica para definir un marco regulatorio claro y moderno que impulse el crecimiento sostenible del ecosistema cripto australiano. Durante las campañas electorales, tanto el Gobierno como la oposición manifestaron compromisos para reformar la legislación sobre criptomonedas.
Sin embargo, fue la oposición quien prometió presentar un borrador de legislación dentro de los primeros 100 días posteriores a la elección, un plazo que ahora presiona al Ejecutivo para materializar sus propuestas en acción concreta. John O’Loghlen, director general de Coinbase para Asia-Pacífico, enfatizó que el Gobierno de Anthony Albanese tiene la "oportunidad y responsabilidad" de actuar con rapidez y formar un Grupo de Trabajo sobre Criptoactivos en este periodo inicial. El objetivo es impulsar una normativa que proteja a los consumidores, fomente la innovación y detenga la fuga de talento y capital hacia mercados más avanzados en regulación. Por su parte, Joy Lam, responsable global de asuntos regulatorios en Binance para la región Asia-Pacífico, aseguró que, tras meses de consulta con funcionarios del Tesoro desde finales de 2023, es momento de pasar de la discusión a la acción. La tardanza ya está generando cierta inquietud, sobre todo porque países como Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea han mostrado avances importantes con sus propias normativas en las últimas semanas.
El contexto internacional es decisivo. Reino Unido ha publicado un borrador regulatorio, Estados Unidos avanza con leyes específicas para stablecoins, y Europa ya cuenta con el marco MiCA, que regula los mercados de criptoactivos. En un escenario global en constante evolución, la falta de una regulación clara en Australia puede traducirse en desventajas competitivas importantes. El gobierno australiano ha anunciado la intención de publicar un borrador para consulta dentro de este año, con una implementación gradual que modere el impacto sobre las empresas existentes. Aunque se esperaba que los documentos relacionados con la regulación de plataformas de activos digitales y la modernización del sistema de pagos fueran liberados a finales de junio, aún persiste incertidumbre sobre esas fechas.
La experiencia del primer mandato del Partido Laborista en esta materia se puede considerar ambivalente. Si bien no se implementaron reformas legales concretas, ese período sirvió para una evolución positiva en la percepción gubernamental hacia el cripto, distanciándose de la postura más estricta y restrictiva observada en algunas políticas internacionales, especialmente las adoptadas por la administración de Joe Biden, que consideraba a la mayoría de criptomonedas como valores y dificultaba la interacción bancaria con entidades cripto. A finales de 2023 y en los primeros meses de 2025, el Tesoro australiano ha mostrado señales alentadoras a través de declaraciones oficiales. Estos reconocen la necesidad de ordenar el sector utilizando la licencia financiera existente (AFSL) para regular tanto las plataformas de activos digitales como los stablecoins, con un enfoque en la custodia segura de activos por parte de proveedores centralizados. De esta manera, se evita adentrarse en terrenos controvertidos como las finanzas descentralizadas, que aún carecen de un marco regulatorio uniforme a nivel global.
Este enfoque pragmático ha sido recibido con satisfacción por parte del sector. Joy Lam destacó que aprovechar la estructura de licencia AFSL evita reinventar procesos y facilita la labor regulatoria. Además, se pretende revisar y ampliar el programa de Sandbox Regulatorio Mejorado, un espacio que permite a startups de activos digitales operar con menores cargas regulatorias para impulsar la innovación bajo supervisión. Los avances reflejan un diálogo activo entre la industria y el gobierno, que ha ido ajustando sus prioridades conforme se analizan experiencias en otras jurisdicciones y se recogen las sugerencias del sector privado. Este intercambio se traduce en un enfoque que equilibra protección, dinamismo y factibilidad regulatoria.
Dea Markova, directora de políticas en Fireblocks, señaló que gran parte de la investigación y preparación para el régimen de plataformas de activos digitales en Australia ya está hecha, y se percibe una voluntad gubernamental clara para reducir la incertidumbre en la licencia de intermediarios cripto. Esta claridad es vital para atraer inversión y confianza, además de facilitar la relación con el sistema bancario. El regulador australiano de valores, ASIC, aportó en diciembre propuestas propias sobre regulación cripto, cuyos comentarios del sector se incorporarán en la legislación próxima. En líneas generales, se entiende que ciertos activos como NFTs, elementos digitales de videojuegos o monedas de memes no serán clasificados como productos financieros equivalentes a valores, mientras que los stablecoins con rendimiento o tokens respaldados por activos físicos probablemente sí lo serán. Otro problema importante identificado es el ‘‘debanking’’ o el cierre de cuentas bancarias a empresas del ecosistema cripto, fenómeno que se acortarían considerablemente con un marco regulatorio claro y coherente.
