Corea del Sur se encuentra en medio de una turbulencia política sin precedentes tras la reciente destitución del presidente Yoon Suk Yeol y la asunción de su primer ministro, Han Duck-soo, como líder interino. La situación se ha complicado debido a la decisión de Yoon de declarar la ley marcial durante un breve período, lo que desató un profundo enfrentamiento político y social. La principal fuerza opositora, el Partido Democrático de Corea, ha anunciado su intención de impulsar un proceso de destitución contra Han Duck-soo, lo que eleva la crisis institucional a una nueva etapa de incertidumbre y confrontación. El origen de esta crisis se remonta a la impulsiva declaración de la ley marcial por parte del presidente Yoon, que generó una polémica inmediata y un rechazo generalizado en el parlamento, donde la oposición posee una mayoría significativa. La medida fue vista como un intento de controlar a la Asamblea Nacional y limitar la acción de la oposición, lo que llevó a un enfrentamiento directo dentro del órgano legislativo y provocó que los legisladores lograran revertir la declaración.
Este episodio culminó con la destitución de Yoon Suk Yeol, decisión que ahora está siendo analizada por el Tribunal Constitucional. Han Duck-soo, entonces primer ministro, asumió las funciones del presidente tras la destitución y ha ejercido sus poderes con la expectativa de estabilizar la situación política. Sin embargo, su actuación ha profundizado la crisis debido a su resistencia a apoyar algunas iniciativas legislativas propuestas por la oposición, particularmente aquellas relacionadas con investigaciones independientes para esclarecer los hechos relacionados con la salida de Yoon. La confrontación política se ha intensificado al punto de que el Partido Democrático dio un ultimátum a Han para que aprobara leyes que permitieran la formación de un grupo de fiscales especiales para vigilar al expresidente y a su esposa por acusaciones de corrupción y abuso de poder. El rechazo de Han Duck-soo a incluir estas leyes en la agenda del gabinete ha sido interpretado por la oposición como una obstrucción deliberada para evadir una investigación transparente.
Esto generó que el Partido Democrático decidiera iniciar los procedimientos para presentar una moción de destitución contra Han, acusándolo de actuar como un instrumento del expresidente Yoon, a quien califican de líder de un supuesto complot rebelde. Esta acción hace temer un incremento de la inestabilidad política en un momento crítico para la gobernabilidad surcoreana. La disputa política también tiene importantes repercusiones en la configuración y el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el organismo encargado de decidir sobre la validez o nulidad de la destitución del expresidente Yoon. Actualmente, el tribunal tiene tres vacantes que deben ser cubiertas por el líder interino, y la oposición ha urgido a Han a acelerar la designación de jueces que puedan asegurar una mayoría favorable a la condena definitiva de Yoon. La importancia de estos nombramientos radica en que la condena requiere el apoyo de al menos seis de los nueve miembros totales, y una configuración clave del tribunal podría inclinar la balanza hacia la confirmación de la destitución.
La gravedad de la crisis política se refleja también en las investigaciones criminales que enfrentan altos funcionarios y miembros del gobierno anterior. Ya se han arrestado a funcionarios de alto nivel, como el ministro de Defensa, el jefe de policía y varios comandantes militares, debido a su participación en la movilización irregular de tropas y policías durante el momento del decreto de ley marcial. Estos hechos han provocado una reacción de rechazo tanto nacional como internacional, preocupando a los países vecinos sobre la estabilidad en la península coreana. La confrontación entre las fuerzas políticas no solo es una cuestión interna sino que afecta la percepción internacional sobre Corea del Sur. La posibilidad de que un presidente interino sea destituido y que la línea sucesoria de poder implique al ministro de Finanzas pone en jaque el delicado equilibrio político y la confianza en las instituciones democráticas del país.
Además, la incertidumbre respecto al calendario electoral posterior a la confirmación o revocación de la destitución del expresidente agrega un elemento adicional de expectativa y tensión. Es importante destacar que la legislación surcoreana establece requisitos diferentes para la destitución de funcionarios públicos ordinarios y para la del presidente. Mientras que para la mayoría basta una mayoría simple en el parlamento, la destitución presidencial requiere una mayoría de dos tercios. Esto genera un debate jurídico y político sobre qué estándar debe aplicarse para un presidente interino que no fue elegido directamente para ese cargo. La posición del Partido Democrático se basa en aplicar el estándar más estricto, mientras que la coalición gobernante lo cuestiona.
En medio de este escenario, el Partido del Poder Popular, aliado del destituido Yoon, ha denunciado que las amenazas de destitución contra Han Duck-soo son una forma de interferencia política que pretende desestabilizar el ejercicio legítimo del poder. Desde esta visión, la oposición estaría utilizando tácticas de intimidación para lograr sus objetivos políticos, exacerbando aún más la división y polarización en la sociedad surcoreana. De cara a los próximos meses, el futuro político de Corea del Sur dependerá en gran medida de las decisiones que tome el Tribunal Constitucional sobre el destino de Yoon Suk Yeol y cómo se manejen los procesos de investigación y destitución abiertos. La forma en que las fuerzas políticas resuelvan sus diferencias determinará si el país podrá superar esta crisis y restaurar la confianza en sus instituciones democráticas o si la inestabilidad continuará afectando su desarrollo y su posición en la escena internacional. Este contexto implica un llamado a la moderación y al diálogo para evitar que la confrontación política derive en un colapso institucional que podría tener consecuencias profundas para la paz y la estabilidad regional.
La capacidad de Corea del Sur para enfrentar este momento crítico con instituciones fuertes y respeto al estado de derecho será clave para su futuro democrático. En resumen, la decisión de la oposición surcoreana de iniciar un proceso de destitución contra el presidente interino Han Duck-soo refleja la intensidad de la crisis política que atraviesa el país tras la destitución del presidente Yoon Suk Yeol. Las investigaciones sobre presuntos abusos de poder, la disputa por el control del Tribunal Constitucional y la reacción contra las medidas del gobierno interino marcan un escenario complicado que exige soluciones políticas y legales claras para restaurar la estabilidad y la confianza en el sistema democrático de Corea del Sur.
