En el año académico 2025-2026, Oklahoma implementará un nuevo currículo de estudios sociales para los estudiantes de secundaria que ha generado controversia a nivel nacional. Este currículo, diseñado bajo la supervisión del Superintendente Estatal de Educación Ryan Walters, incorpora elementos que promueven teorías conspirativas relacionadas con las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020, específicamente aquellas defendidas por el expresidente Donald Trump y sus aliados. Estas afirmaciones, desacreditadas por múltiples investigaciones políticas y judiciales, formarán parte obligatoria del plan de estudios, lo que ha suscitado debates en la comunidad educativa, política y social. El centro de la polémica radica en una sección del currículo dedicada al análisis de «puntos de inflexión contemporáneos en la sociedad estadounidense del siglo XXI». En ella, se insta a los estudiantes a examinar supuestas discrepancias en los resultados electorales de 2020 por medio de gráficos y otras informaciones, incluyendo puntos como la interrupción abrupta del conteo de votos en ciertas ciudades clave, riesgos vinculados a la votación por correo, grandes depósitos de votos en lotes («batch dumps»), un número record de votantes inesperado y la contradicción en las tendencias de los llamados «condados centinela».
Estas afirmaciones se basan en narrativas promovidas por Trump y sus simpatizantes que han sido desmentidas por expertos electorales, funcionarios del gobierno y diversas auditorías independientes. No existió una detención sorpresiva en el conteo de votos; el proceso extendido se debió a normativas legales que prohibían contabilizar votos anticipadamente para preservar la integridad del proceso. La votación por correo, lejos de ser insegura, ha sido objeto de numerosos estudios que la respaldan como un método confiable y preciso. El fenómeno de las «dump batches» es un elemento común en los procesos electorales y no es indicativo de fraude, y el aumento en la participación electoral en 2020 fue anticipado debido al contexto pandémico y la alta movilización ciudadana. Además, el currículo enfatiza la influencia de valores cristianos y bíblicos en la historia y formación de Estados Unidos, incrementando sustancialmente la cantidad de menciones a la Biblia desde los primeros grados hasta la educación secundaria.
Esto incluye la enseñanza de relatos bíblicos a niños tan pequeños como seis años y un curso dedicado a la historia del cristianismo temprano en la educación superior de la escuela secundaria. Sin embargo, esta integración no hace referencia a la separación entre la iglesia y el estado, un principio fundamental del sistema político estadounidense, que ha sido minimizado o descalificado por los defensores de este nuevo contenido. Este cambio en el currículo también se distingue por la exclusión de aspectos positivos sobre la administración del presidente Joe Biden, focalizándose únicamente en aspectos considerados como crisis, como la migración en la frontera con México, la retirada de tropas de Afganistán y respuestas internacionales a conflictos globales. Los críticos señalan que estas modificaciones reflejan un sesgo ideológico orientado a presentar una visión parcializada de la realidad política reciente. El proceso para la aprobación del nuevo currículo ha sido objeto de críticas por la falta de transparencia y participación adecuada de expertos en educación.
Las nuevas normas fueron entregadas a los miembros de la Junta Estatal de Educación de Oklahoma apenas unas horas antes de la reunión decisiva, impidiendo una revisión exhaustiva. Miembros de la junta han denunciado tácticas de presión y la ausencia de un diálogo abierto durante el proceso. Además, la selección de un comité consultivo compuesto mayormente por activistas y figuras conservadoras de renombre nacional, incluyendo personalidades vinculadas al Heritage Foundation y PragerU, ha suscitado preocupaciones sobre la influencia política directa en el contenido educativo, desplazando a educadores y expertos locales especializados. Las repercusiones económicas también son significativas. El nuevo currículo tendrá un costo mínimo estimado de 33 millones de dólares para los contribuyentes de Oklahoma, sumando a los cuestionamientos respecto a la priorización de recursos en un estado que enfrenta retos educativos históricos.
Oklahoma, considerado uno de los estados con menor desempeño académico en Estados Unidos, se enfrenta a un debate sobre si estas modificaciones curricular contribuyen a mejorar la educación o si representan una regresión basada en discursos partidistas. Organizaciones educativas como el Oklahoma Council for Social Studies (OCSS) han expresado su rechazo hacia el currículo en su forma actual, calificando varias de sus adiciones como históricamente inexactas y alejadas de un enfoque inclusivo y basado en evidencias. Por otra parte, grupos conservadores como Moms for Liberty han celebrado la iniciativa, describiéndola como una reforma necesaria contra la llamada «propaganda izquierdista» y advirtiendo a legisladores sobre las consecuencias políticas de oponerse a estas medidas. El debate sobre el currículo educativo en Oklahoma es un reflejo más amplio de las tensiones políticas y culturales que atraviesan a Estados Unidos en la actualidad. La incorporación de teorías desacreditadas y narrativas ideológicas en la enseñanza plantea interrogantes sobre el rol de la educación pública y sus objetivos formativos.
