Expertos técnicos demandan participación clave en la hoja de ruta de la UE sobre encriptación

La encriptación se ha convertido en uno de los pilares esenciales para la protección de la privacidad, la seguridad digital y los derechos humanos en la era digital. En el contexto europeo, la importancia de esta tecnología ha llevado a la Comisión Europea a plantear una hoja de ruta tecnológica que determina el futuro de las políticas relacionadas con la encriptación. Sin embargo, esta iniciativa ha desatado un debate profundo entre expertos técnicos, organizaciones de derechos digitales y defensores de la privacidad, quienes exigen un rol activo y significativo en el proceso de toma de decisiones. La Comisión Europea anunció el 1 de abril la Internal Security Strategy, conocida como ProtectEU, un plan estratégico que establece las líneas de acción para los próximos cinco años, incluyendo una hoja de ruta específica sobre encriptación. Esta decisión ha generado inquietudes debido a la intención implícita de facilitar el acceso de las autoridades de seguridad a datos encriptados, lo que podría debilitar la protección que brinda la encriptación end-to-end.

En respuesta a esta situación, European Digital Rights (EDRi), junto con 39 organizaciones y 43 expertos técnicos, publicaron una carta abierta solicitando la inclusión de académicos, tecnólogos independientes, abogados especializados en derechos humanos y digitales, así como representantes de la sociedad civil para garantizar que se siga un enfoque científico y basado en evidencias. Uno de los argumentos centrales para esta petición es que la encriptación es indispensable para preservar los derechos y libertades fundamentales, permitiendo a millones de personas navegar de forma segura en Internet. La propuesta de la hoja de ruta que promueve la Comisión Europea enfrenta críticas porque puede no solamente comprometer la robustez de esta tecnología, sino también exponer a usuarios a riesgos significativos tales como vulnerabilidades explotables por actores maliciosos o gobiernos represivos. Durante años, múltiples negociaciones de políticos y legisladores en el ámbito europeo no han logrado rebatir lo que la comunidad tecnológica y científica sostiene con consenso: el acceso por parte de las fuerzas del orden a comunicaciones protegidas por encriptación de extremo a extremo es técnicamente inviable sin crear brechas de seguridad que afectan a todos los usuarios. La realidad técnica es clara.

Desactivar o debilitar la encriptación erosionaría la confianza en los sistemas digitales y abriría la puerta a abusos y violaciones de derechos. Este debate también tiene dimensiones políticas y sociales. El reciente antecedente de la regulación controvertida sobre abuso sexual infantil, liderada por la excomisionada Johansson, mostró una reticencia a incorporar opiniones técnicas expertas, afectando negativamente el equilibrio entre seguridad y privacidad. En este contexto, la llegada de la comisionada Virkkunen a la cabeza de la hoja de ruta tecnológica representa una oportunidad crucial para fomentar un diálogo abierto y constructivo entre expertos, grupos de interés y autoridades. Los expertos técnicos y las organizaciones que defienden los derechos digitales insisten en la necesidad de incluir en los procesos de elaboración de políticas a los especialistas en privacidad, ciberseguridad y derechos humanos.

Solo una participación plural, independiente y basada en evidencia puede garantizar leyes inteligentes, robustas y sostenibles que protejan tanto la seguridad nacional como los derechos fundamentales de los ciudadanos. El papel de la encriptación es aún más crítico en el contexto geopolitico actual, donde la escalada de amenazas cibernéticas y la vigilancia masiva se intensifican. Tener una infraestructura fiable y segura que garantice la confidencialidad de las comunicaciones permite también asegurar la libertad de expresión y la protección de datos personales, dos derechos esenciales en las democracias modernas. European Digital Rights (EDRi), que agrupa a numerosas asociaciones civiles y de defensa de los derechos humanos en Europa, ha mostrado disposición y voluntad para colaborar estrechamente con la Comisión Europea, aportando experiencia técnica y jurídica para construir una hoja de ruta que respete los principios democráticos y las garantías fundamentales. El llamado es a abandonar postulados simplistas o “pensamientos mágicos” que ignoran las realidades tecnológicas y científicas.