En un paso histórico que podría cambiar la forma en que los estados de Estados Unidos gestionan sus recursos financieros, Nuevo Hampshire se ha convertido en la primera entidad estatal en aprobar una ley que establece una Reserva Estratégica de Bitcoin (SBR, por sus siglas en inglés). Esta legislación pionera introduce un modelo de inversión en criptomonedas para un fondo de reserva estatal, una iniciativa que conjuga las nuevas tecnologías digitales con la gestión de activos públicos tradicionalmente conservadores. El gobernador Kelly Ayotte firmó el proyecto de ley HB 302 el 6 de mayo de 2025, autorizando formalmente al tesorero del estado a mantener Bitcoin y otros activos digitales seleccionados dentro de una estructura regulada y segura. Esta ley no solo representa un avance en la adopción estatal del Bitcoin, sino que también puede ser vista como un modelo para que otros estados sigan un camino similar, especialmente cuando se considera que ya 37 estados han presentado propuestas similares sin lograr aún su aprobación. En este contexto, Nuevo Hampshire se posiciona como un experimento clave para evaluar la integración de Bitcoin en las finanzas públicas.
La ley permite que el tesorero del estado adquiera Bitcoin, así como otros activos digitales que tengan una capitalización de mercado superior a los 500 mil millones de dólares, un umbral que en la actualidad solo Bitcoin cumple. La adquisición y custodia de estos activos estarán limitadas a un máximo del 5% del portafolio total de reservas estatales, lo que demuestra un enfoque medido y prudente frente a la innovación financiera. Además, la custodia de estos criptoactivos debe realizarse bajo soberanía estadounidense, a través de esquemas multi-firma controlados por el estado, custodios calificados o productos cotizados en bolsa (ETPs) basados en Estados Unidos. Esta estructura asegura transparencia, cumplimiento regulatorio y seguridad jurídica, factores clave para mitigar riesgos dentro de las finanzas públicas. La iniciativa fue propuesta por primera vez en 2022 gracias al impulso del representante Keith Ammon, con el respaldo decisivo de líderes estatales como el Mayoritario Jason Osborne y la organización Satoshi Action Fund, un grupo sin fines de lucro que promueve la educación y adopción responsable del Bitcoin como herramienta financiera y política.
Dennis Porter, CEO de Satoshi Action Fund, definió esta ley como “un plano para la adopción nacional” y subrayó que la decisión de Nuevo Hampshire marca el inicio de un movimiento que podría expandirse a nivel federal y en otros estados. Desde una perspectiva estratégica, la inclusión de Bitcoin en las reservas estatales busca diversificar las carteras financieras y aprovechar las cualidades deflacionarias del activo digital más reconocido. Bitcoin, con su naturaleza descentralizada y oferta limitada, se ha convertido en una alternativa atractiva frente a los riesgos de inflación y la desvalorización de monedas fiduciarias. Para varios expertos, adoptar Bitcoin dentro de una reserva pública también puede ofrecer protección contra la manipulación monetaria y volatilidad cambiaria que afectan a largo plazo a las finanzas públicas. Si bien algunos sectores conservadores podrían mostrar reticencias debido a la volatilidad histórica de las criptomonedas, la ley establece límites y manda a tutelar las compras bajo condiciones estrictas.
El monto máximo del 5% del fondo de reserva busca minimizar cualquier impacto negativo en caso de fluctuaciones del mercado, a la vez que permite beneficiarse de una posible apreciación del activo digital. Más allá del impacto financiero inmediato, esta regulación abre las puertas a mayor transparencia, innovación tecnológica y a una mayor familiarización institucional con las tecnologías blockchain, lo que puede potenciar la eficiencia y seguridad en la gestión pública estatal. El compromiso del estado con la regulación y transparencia se refleja también en la elección de esquemas transparentes para el almacenamiento y custodia, buscando evitar riesgos de malversación o pérdida de fondos, comunes en el sector privado de criptoactivos. Otro aspecto relevante es el simbolismo político y cultural de la iniciativa. Nuevo Hampshire es conocido como el “Estado Live Free or Die” (Vive Libre o Muere), lo que encaja con la visión de autonomía financiera que promueven las criptomonedas y el Bitcoin en particular.
La aprobación de esta ley podría inspirar a otros estados con ideologías similares a seguir pasos análogos, consolidando una red de estados con reservas estratégicas de Bitcoin que fortalecerán la posición de Estados Unidos en la innovación financiera global. Actualmente, estados como Arizona están en un proceso avanzado para aprobar normativas similares, mientras que Carolina del Norte y Texas también presentan propuestas en revisión. La competencia entre estados abre una carrera por convertirse en referentes en la adopción de crypto en el sector público, lo que puede incentivar marcos de regulación más claros y colaboraciones estratégicas entre entidades públicas y privadas especializadas en activos digitales. A nivel macroeconómico, la integración de Bitcoin en fondos estatales también puede interactuar con la política monetaria federal y generar debates sobre los límites y competencias del gasto público en activos alternativos. La iniciativa en Nuevo Hampshire podría ser vista como un experimento a observar para avanzar en políticas nacionales que contemplen un papel más estructural para las criptomonedas.
Finalmente, la evolución de esta ley será crucial para entender cómo sectores gubernamentales equilibran la innovación con la seguridad y la responsabilidad fiscal. El proyecto no solo tiene implicaciones tecnológicas, sino que también contribuirá a moldear el marco jurídico, político y cultural respecto a las criptomonedas en Estados Unidos. En definitiva, Nuevo Hampshire ha dado un paso audaz y pionero que puede redefinir las finanzas públicas del futuro, situando al Bitcoin como un componente estratégico dentro del ecosistema de reservas estatales y abriendo nuevas oportunidades para la integración de la economía digital en la administración pública. En un momento donde la transformación financiera avanza vertiginosamente, esta ley posiciona a Nuevo Hampshire como un referente en la intersección entre innovación, regulación y gestión pública eficiente.
