Boeing, el gigante de la aviación, se enfrenta a un importante golpe en su reputación y a un complicado proceso legal tras anunciar su decisión de declararse culpable de un cargo criminal de conspiración por fraude. Esta decisión llega después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) determinara que la empresa había violado un acuerdo anterior diseñado para reformar sus prácticas operacionales, acordado después de dos desastres aéreos fatales de sus aviones 737 Max que resultaron en la muerte de 346 personas. El historial de seguridad de Boeing ha estado bajo intenso escrutinio desde los trágicos accidentes de Lion Air en octubre de 2018 y Ethiopian Airlines en marzo de 2019. Ambos siniestros involucraron el sistema de control de vuelo MCAS, un componente que ha sido señalado como un fallo crítico que contribuyó a la pérdida de vidas. A raíz de estos eventos, se impuso un estigma inevitablemente tóxico sobre la marca Boeing, un nombre que había simbolizado la excelencia en la ingeniería aeronáutica durante décadas.
El acuerdo de culpabilidad anunciado el 8 de julio de 2024 implica que Boeing deberá pagar una multa criminal que asciende a 243,6 millones de dólares. Sin embargo, para las familias de las víctimas, este acuerdo es visto como un “trato favorable” que escapa a la plena responsabilidad que la empresa debería asumir por sus acciones. Muchos de ellos han expresado, con creciente indignación, que lo que realmente quieren es la justicia completa que solo un juicio público podría proporcionar. “Este acuerdo es una abominación atroz”, comentó Zipporah Kuria, quien perdió a su padre en uno de los accidentes de avión. Según ella, este tipo de resolución no hace justicia a la magnitud de la tragedia.
Desde 2021, Boeing había estado bajo la supervisión del DoJ tras un acuerdo que le otorgaba una especie de “salvoconducto” a la compañía, siempre que cumpliera con ciertos términos de monitoreo y reportes. Sin embargo, un incidente reciente, donde un panel de puerta en un avión de Alaska Airlines se desprendió poco después del despegue, exacerbó las preocupaciones sobre el progreso de la compañía en la mejora de su historial de seguridad. Aunque afortunadamente no hubo heridos, la situación reavivó el escrutinio sobre las medidas que Boeing había implementado para garantizar la seguridad de sus aeronaves. Con este nuevo anuncio de culpabilidad, Boeing evita lo que podría haber sido un juicio que extendería aún más su crisis de imagen. Sin embargo, este resultado ha dejado a muchos preguntándose cómo puede una de las compañías más influyentes en la industria de la aviación recibir un trato que muchos consideran indulgente.
Paul Cassell, abogado que representa a algunas de las familias de las víctimas, acusó a la empresa de haber ocultado las consecuencias mortales de sus crímenes tras un “derecho labial astuto” entre Boeing y el DoJ. Las repercusiones de este caso son importantes, no solo a nivel corporativo, sino que también ponen de relieve el papel que juega el gobierno de Estados Unidos al tratar con una empresa de esta magnitud. Boeing es no solo uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo, sino también un importante contratista militar para el gobierno. Esto planteará preguntas sobre cómo se evaluará su idoneidad en futuras adjudicaciones y contratos. A menudo, las empresas con antecedentes penales sufren consecuencias que pueden incluir la prohibición de participar en licitaciones gubernamentales.
Sin embargo, el DoJ también tiene en su potestad otorgar exenciones, lo que podría permitir a Boeing continuar su negocio sin interrupciones significativas. Mientras tanto, miembros del DoJ han indicado que este acuerdo no otorga inmunidad a individuos de la empresa y solo aborda las acciones corporativas previas a los accidentes. A pesar de esto, las voces que piden mayor responsabilidad persisten. Algunos críticos argumentan que el foco en la compañía ha llevado a la omisión de acciones legales contra personas específicas que actuaron de manera irresponsable dentro de Boeing. Ed Pierson, director ejecutivo de la Fundación para la Seguridad de la Aviación y ex alto directivo de Boeing, expresó su desilusión con el acuerdo, señalando que este es un "terrible acuerdo para la justicia" y alude a que este resultado representa un “carné de salida de la cárcel” para los individuos involucrados en la crisis.
A medida que se aproxima la audiencia para la aprobación del acuerdo, tanto los abogados de las víctimas como algunos legisladores, incluido el senador Richard Blumenthal, han instado al juez que evalúe el caso a rechazar la oferta y en su lugar organizar un juicio público que exponga todos los hechos subyacentes de la tragedia. Para ellos, el miedo de que el DoJ carezca de un caso sólido contra Boeing se suma a la frustración que sienten las familias afectadas; esto se refleja en la agresiva demanda de una mayor rendición de cuentas por parte de aquellos en el poder. El panorama en torno a la seguridad de Boeing no se limita a los eventos pasados. La propia compañía se enfrenta a investigaciones y demandas que continúan surgiendo de incidentes recientes, como el mencionado de Alaska Airlines. Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) ha ordenado inspecciones de 2,600 aviones 737 debido a informes de fallos en los generadores de oxígeno, lo que podría comprometer la seguridad de los pasajeros en caso de una pérdida de presión.
Este dilema ético y legal deja a la industria de la aviación con muchas preguntas abiertas sobre cómo las corporaciones pueden ser reguladas de manera efectiva, y hasta qué punto las medidas preventivas podrán garantizar la seguridad de los pasajeros. Mientras Boeing navega por las aguas turbulentas de su futuro, lo que preocupa a muchos es que, ante un acuerdo como el que se acaba de anunciar, ¿se están priorizando los intereses económicos sobre la justicia y la seguridad de las personas? Solo el tiempo dirá cómo se desarrollarán los acontecimientos y si Boeing podrá recuperar la confianza del público que una vez disfrutó.
