Estados Unidos enfrenta una crisis silenciosa pero persistente en la seguridad de sus carreteras. Cada año, más de 42,000 personas pierden la vida en accidentes de tráfico y más de dos millones requieren atención médica urgente debido a incidentes relacionados con vehículos automotores. Esta cifra representa no solo una tragedia humana incalculable, sino también un costo económico estimado en aproximadamente 470 mil millones de dólares anuales. Lo más alarmante es que esta situación no es una fatalidad inevitable, sino un reflejo directo de las decisiones políticas y de planificación urbana que se han tomado, o dejado de tomar, durante décadas. Cuando se compara el desempeño de Estados Unidos con otros países desarrollados, el contraste es notable.
La tasa de mortalidad por accidentes en carreteras estadounidenses se ubica en el puesto 87 a nivel mundial, con 12.8 muertes por cada 100,000 habitantes. Esto es el doble que Grecia, el triple que Austria y seis veces más que Japón. Países que comparten características similares en términos de desarrollo y uso del automóvil han logrado reducir dramáticamente sus cifras de fatalidades mediante políticas integrales y cambios en la infraestructura vial. Contrario a lo que algunos podrían pensar, los cambios efectivos en la seguridad vial no están restringidos a países europeos pequeños y densamente poblados.
Estados con altos índices de motorización, como Canadá y Finlandia, muestran que es posible alcanzar mejores resultados en la reducción de muertes viales incluso con contextos urbanos o rurales extensos y dependencia elevada del automóvil para la movilidad diaria. El enfoque que ha demostrado mayor eficacia para reducir las fatalidades en el mundo es el llamado "Safe System" o Sistema Seguro, que reconoce que el error humano es inevitable y, por tanto, busca que las infraestructuras viales estén diseñadas para minimizar el riesgo y las consecuencias de esos errores. Este paradigma considera el diseño inteligente de calles y carreteras que incorporan elementos para separar físicamente a los peatones y ciclistas del tráfico vehicular de alta velocidad, límites de velocidad adecuados, y configuraciones de calles que naturalmente inducen a una conducción más segura. El origen de Safe System se remonta a la década de 1970 en los Países Bajos. En ese entonces, los índices de mortalidad eran incluso peores que en Estados Unidos.
Sin embargo, un movimiento social conocido como "Stop de Kindermoord" (Detengan el asesinato de niños) surgió con fuerza. Impulsado por padres y activistas que habían perdido a sus hijos, este movimiento demandó calles más seguras y provocó una revolución en el diseño urbano. Surgieron innovaciones como los carriles para bicicletas segregados y las "woonerfs" o calles vivas, diseñadas para ralentizar el tráfico mediante elementos físicos como curvas y árboles, promoviendo un espacio compartido y seguro entre vehículos, peatones y ciclistas. El cambio no fue instantáneo ni lineal. Los avances iniciales se vieron interrumpidos por periodos de estancamiento, pero a finales de los 80 los Países Bajos impulsaron un ambicioso objetivo de reducir la mortalidad a la mitad para el 2010.
Para lograrlo, implementaron un sistema jerárquico de clasificación de calles, aplicando límites de velocidad diferenciados de acuerdo al tipo de vía, promovieron la separación de distintos tipos de vehículos según su velocidad y masa, y establecieron principios uniformes para que los conductores pudieran anticipar el entorno y reaccionar adecuadamente. Estas medidas trajeron consigo una caída anual sostenida de las muertes en carretera. Paralelamente, en Suecia nació un concepto aún más revolucionario: la Visión Cero. Planteada legislativamente en 1997, esta meta aspiraba a eliminar por completo las muertes y lesiones graves en las vías. Para alcanzar este objetivo, Suecia introdujo innovaciones como las carreteras 2+1, que consisten en tres carriles alternados y separados por barreras para evitar choques frontales fatales, permitiendo a su vez a los conductores adelantar con seguridad.
Las carreteras de este tipo redujeron las muertes en un 79% en menos de una década. Este enfoque es un claro ejemplo de cómo las soluciones vialmente seguras no tienen que ser prohibitivamente costosas para generar un impacto profundo. Los éxitos de Suecia y los Países Bajos inspiraron un movimiento global que llevó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a consolidar en 2008 el enfoque Safe System, que enfatiza la seguridad como responsabilidad compartida entre diseñadores de infraestructura, gobernantes y usuarios de las vías. Los principios se extienden también al reconocimiento de la inevitabilidad del error humano y la necesidad de diseñar sistemas que mitiguen sus consecuencias en lugar de simplemente culpar a los conductores. En los últimos treinta años, países como Australia, Nueva Zelanda, España, Suecia y los Países Bajos han reportado reducciones significativas en muertes viales, de entre 47% y hasta el 80%, gracias a la aplicación sostenida de estos principios.
En contraste, Estados Unidos ha tenido una reducción mucho más modesta, cerca del 16% en un periodo similar, lo que evidencia la falta de voluntad política y estratégica para adoptar cambios profundos en el sistema vial. Además del diseño y la planificación, la cultura y las políticas asociadas al comportamiento vial juegan un papel crucial. En Estados Unidos, durante la pandemia de COVID-19, se observó un aumento en la mortalidad vial, especialmente entre quienes no usaban cinturón de seguridad y cometían infracciones como exceso de velocidad, conducción distraída o bajo influencia de sustancias. Estos comportamientos no son aislados sino resultado de un entorno que muchas veces tolera la negligencia o carece de mecanismos efectivos de prevención y sanción. Otro factor que impacta negativamente es el aumento en el tamaño y peso promedio de los vehículos, lo que agrava la severidad de los accidentes sobre peatones y ciclistas, sumado al crecimiento demográfico en regiones metropolitanas con alta incidencia de muertes peatonales, principalmente en estados como Florida, Texas y Arizona.
La llamada suburbanización de la pobreza agrava la exposición a riesgos viales, ya que gran parte de la población vulnerable se desplaza en zonas con infraestructuras peligrosas y una dependencia elevada del transporte público y no motorizado. El diseño urbano estadounidense suele estar dominado por las “stroads”, vías híbridas que permiten velocidades elevadas pero con múltiples accesos y conflictos entre usuarios, creando entornos inseguros para todos. Sin embargo, estas vías pueden transformarse sin perder funcionalidad. Ejemplos como la remodelación de La Jolla Boulevard en San Diego, donde se redujeron carriles, incorporaron rotondas, carriles para bicicletas y aceras variadas, muestran que es posible mantener el flujo vehicular mientras se mejora la seguridad y la experiencia peatonal, con reducciones de velocidad promedio hasta un 50% y disminución de accidentes en un 90%. Ciudades estadounidenses como Hoboken, Nueva Jersey, y grandes metrópolis como Nueva York, Chicago y Washington D.
C., han experimentado notables avances en la reducción de fatalidades mediante intervenciones de diseño vial innovadoras y la adopción parcial de principios Safe System. Sin embargo, a nivel nacional, la falta de una estrategia unificada y la resistencia de agencias estatales y federales dificultan la implementación integral de soluciones efectivas. Además, la gestión fragmentada de las carreteras entre autoridades municipales, estatales y federales impide que las ciudades regulen o modifiquen vías peligrosas que atraviesan sus territorios. Por ejemplo, iniciativas locales para implementar “dietas de calles” o reducir carriles han sido bloqueadas por departamentos estatales, como el caso de San Antonio, Texas, donde el Departamento de Transporte estatal impidió una reforma aprobada por voto popular.
Las normas nacionales para el establecimiento de límites de velocidad, hasta hace poco basadas en la velocidad que el 85% de conductores tiende a respetar, están desactualizadas y no priorizan la seguridad vial integral. Aunque en 2023 estas recomendaciones comenzaron a incluir criterios relacionados con la actividad peatonal y la frecuencia de accidentes, la ausencia de obligaciones firmes y el lento proceso para instaurar nuevos estándares hace que la mejora sea un proceso lento y fragmentado. La inversión en seguridad vial sigue siendo insuficiente. De un gasto anual de 50 mil millones de dólares en infraestructura vial, apenas 2.4 mil millones están específicamente destinados a reducir muertes y heridas graves en las carreteras, lo que demuestra una falta de priorización política profunda.
En otros países, las inversiones se integran completamente a todos los proyectos de infraestructura, aumentando la seguridad como un criterio fundamental de diseño y ejecución. Para enfrentar una tragedia que cobra aproximadamente 40,000 vidas al año, el equivalente al doble de muertes por armas de fuego, es indispensable que Estados Unidos adopte una transformación estructural en su estrategia de seguridad vial. Es imprescindible establecer una visión nacional articulada que priorice la reducción de fatalidades como objetivo principal, acompañada de un apoyo constante y vinculante para la financiación y ejecución de medidas efectivas. Asimismo, las normas de planificación y diseño urbano, especialmente la Manual para el Control Uniforme de Tráfico (MUTCD, por sus siglas en inglés), deben actualizarse para permitir la implementación de diseños que realmente mejoren la seguridad, sin quedar limitados por prácticas obsoletas que favorecen la circulación rápida de vehículos por encima de la protección de usuarios vulnerables. Finalmente, construir una cultura de urgencia y responsabilidad compartida es necesario para romper con la complacencia institucional y social que ha sostenido la crisis.
Activistas, propietarios de negocios, líderes comunitarios y políticos deben unirse en coaliciones que presionen por cambios en la política y en la cultura de movilidad, demandando que la seguridad deje de ser un tema secundario y se convierta en un mandato moral y legal. Los países que han logrado reducir sus muertes viales han demostrado que existe un camino a seguir. No se trata solo de tecnología o de leyes, sino de un compromiso colectivo y decidido para diseñar sistemas viales que reconozcan la vulnerabilidad humana y adapten las calles a la protección de la vida. Cada fatalidad en la carretera es el resultado de una cadena de decisiones que pueden y deben ser corregidas. Estados Unidos tiene la oportunidad histórica de elegir un futuro más seguro para sus comunidades, donde la tragedia en las calles no sea la norma sino la excepción.
Para ello, es fundamental reconocer que las fatalidades de tráfico no son una cuestión de destino, sino una elección política y social que debe revertirse con valentía y visión.
