Desde su implementación en 2017, la política china que exige a los ejecutivos de empresas revelar por adelantado sus ventas de acciones fue diseñada con la intención de crear mercados financieros más justos y transparentes. La normativa, conocida como el mandato de «venta planificada», obliga a los directivos a predisponer la venta de sus acciones con al menos seis meses de anticipación, esperando así evitar que utilicen información privilegiada para beneficiarse antes de que se haga pública algún dato negativo. Sin embargo, un estudio reciente elaborado por el investigador Pengfei Ye y su equipo, en colaboración con la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghái, ha mostrado que esta estrategia regula sólo parcialmente la conducta y puede estar incluso fomentando formas más sofisticadas de arbitraje interno. La esencia del problema radica en la habilidad de ciertos ejecutivos para anticipar noticias adversas y programar con anticipación la venta de sus acciones. De esta manera, en lugar de realizar transacciones de último momento antes de que se publique información negativa, ellos organizan planes preestablecidos para vender sus acciones semanas o meses antes del evento, garantizándose ganancias protegidas bajo la apariencia de legalidad.
Por lo tanto, aunque la regulación redujo ciertos tipos de conductas oportunistas en el mercado bursátil, no logró erradicar completamente las operaciones internas aprovechando información privilegiada. La investigación de Ye y sus colaboradores se basó en un riguroso análisis de datos de transacciones bursátiles durante cuatro años, dos antes y dos después de la entrada en vigor de la regulación. Usando técnicas estadísticas que comparaban la actividad de los ejecutivos con la de sus familiares no regulados, se observó una reducción notable, aunque sólo parcial, en las ventas oportunistas. Sin embargo, emergió una nueva realidad: la planificación avanzada de las ventas, que resultó ser un mecanismo eficiente para continuar lucrándose con información interna sin violar explícitamente la ley. Este fenómeno pone en evidencia un vacío legal y estrategias que desafían la intención original de las autoridades reguladoras.
El hecho de que un importante porcentaje de las ventas anticipadas estén motivadas por conocimiento previo de pérdidas inminentes refleja una práctica no detectada a simple vista. Especialmente en aquellas compañías donde la gobernanza interna es débil, el abuso es mucho más frecuente, contrastando con empresas que cuentan con estructuras de supervisión sólidas. Esto indica que más allá de la regulación formal, el fortalecimiento de la gobernanza corporativa es un elemento crucial para mitigar estas conductas. Impacto en la confianza del inversor y en la equidad del mercado La capacidad de ciertos ejecutivos para deshacerse de sus acciones antes de que una mala noticia afecte el precio esconde un riesgo grave para la confianza de los inversionistas minoritarios y el correcto funcionamiento del mercado. Cuando la información privilegiada se traduce en ganancias anticipadas para un grupo reducido, el sistema pierde legitimidad y provoca desaliento en los inversores que operan en igualdad de condiciones.
La percepción de que el mercado está distorsionado y manipulado puede afectar el volumen de transacciones y la disposición a invertir en bolsa, dañando a largo plazo la economía financiera. El estudio también aborda una cuestión crítica: la incapacidad del mercado para distinguir entre ventas planificadas legítimas y aquellas motivadas por información interna privilegiada. Ese déficit de discernimiento significa que, mientras los insiders aprovechan estas lagunas de supervisión, los inversores comunes quedan en desventaja sin siquiera saberlo. Esto dificulta la sanción social y económica de prácticas irregulares, pues las acciones se perciben como dentro de la normativa cuando en realidad implican un abuso del conocimiento interno. ¿Podría una extensión del periodo de espera ser la solución? Una de las sugerencias surgidas para frenar este tipo de arbitraje consiste en prolongar el período de espera — o «cooling-off» — entre la predisposición a vender acciones y la ejecución real de la venta.
Actualmente, en China, este plazo es de apenas 15 días hábiles, lo cual resulta insuficiente para neutralizar la ventaja informativa, ya que los ejecutivos suelen conocer noticias adversas hasta 25 días antes de que se revelen al público. Por el contrario, en Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha actualizado las reglas para exigir un período mínimo de 90 días, buscando así dificultar estas operaciones. El equilibrio para los reguladores consiste en establecer un lapso suficiente para desincentivar el uso de información privilegiada, sin obstaculizar el derecho legítimo de los directivos a vender sus acciones por motivos financieros, personales o estratégicos. Este es un desafío complejo que requiere análisis precisos sobre el comportamiento del mercado y las motivaciones de los insiders. La necesidad de fortalecer la gobernanza corporativa Más allá del ajuste puntual en los períodos de espera, los expertos destacan la importancia fundamental de contar con sistemas robustos de gobernanza dentro de las empresas.
La supervisión interna, la transparencia activa y normas éticas claras son las herramientas más efectivas para prevenir que los altos ejecutivos instrumentalicen las regulaciones para evadir consecuencias. El estudio de Ye advierte que sin estas estructuras, incluso la legislación más estricta puede ser eludida. En firmas con órganos de control fuertes y procesos rigurosos, el aprovechamiento indebido de información privilegiada fue casi inexistente. Esto sugiere que la combinación de reglas regulatorias y gobernanza interna puede ofrecer una defensa más efectiva y genuina. Experiencias internacionales y el caso chino La problemática que enfrenta China no es única.
La famosa regla 10b5-1 de la SEC en Estados Unidos, que permite la creación de planes de venta preprogramados para combatir el uso indebido de información interna, también ha recibido críticas por presentar brechas similares. Esto evidencia que la regulación tradicional basada en la divulgación previa puede ser insuficiente para eliminar totalmente las prácticas oportunistas. La investigación sobre el caso chino aporta una valiosa perspectiva para la discusión global sobre cómo diseñar políticas que realmente protejan a los inversores y mantengan la integridad de los mercados. La experiencia demuestra que la regulación debe ser dinámica, capaz de adaptarse a la creatividad de los insiders y complementarse con estructuras internas de vigilancia y ética empresarial. Reflexiones finales y tendencias futuras El fenómeno detectado en China representa un llamado de atención para los reguladores en todo el mundo.
Prohibir o limitar las ventas de acciones sin desarrollar mecanismos efectivos para evitar la planificación anticipada no es suficiente para erradicar el uso ilícito de información interna. La combinación de períodos de espera más largos, mejores prácticas de gobernanza corporativa y una supervisión adecuada se presenta como el camino más prometedor. Asimismo, el mercado y los inversionistas deben ser más vigilantes y exigir mayor transparencia para poder identificar y sancionar prácticas de abuso. La formación de conciencia y la presión pública también juegan un rol importante. A nivel académico y profesional, investigaciones como la de Pengfei Ye y sus colegas seguirán enriqueciendo el debate con evidencias concretas y soluciones innovadoras.
Por ahora, queda claro que la lucha contra el uso de información privilegiada requiere un esfuerzo multinivel que involucre tanto la legislación como la ética empresarial y la responsabilidad social. En conclusión, la represión del uso indebido de información privilegiada en China enfrenta retos importantes que ponen en juego la equidad y confianza en los mercados financieros. La experiencia reciente muestra que las leyes por sí solas no bastan; deben ir acompañadas de una gobernanza sólida y un análisis continuo para cerrarse ante nuevas formas de evasión.
