En un contexto global donde la biotecnología avanza a un ritmo vertiginoso, la investigación científica en agentes infecciosos y patógenos representa tanto una oportunidad invaluable como un riesgo potencial significativo. La ganancia de función, una rama de esta investigación, implica la modificación deliberada de agentes biológicos para aumentar su patogenicidad o capacidad de transmisión. Aunque esta investigación puede ofrecer información crucial para el desarrollo de tratamientos y vacunas, también puede generar consecuencias catastróficas si no se regula adecuadamente. Reconociendo estos riesgos, el presidente Donald J. Trump firmó el 5 de mayo de 2025 una orden ejecutiva destinada a proteger a los ciudadanos estadounidenses de los peligros asociados con la investigación de ganancia de función insegura y sin supervisión adecuada.
Esta orden se erige como una respuesta contundente a las preocupaciones y fallas detectadas durante los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia de COVID-19, y apunta a fortalecer la seguridad bioinvestigativa para garantizar el bienestar público y la seguridad nacional. La orden reconoce que la investigación peligrosa puede provocar una mortalidad generalizada, perjudicar el sistema de salud pública y afectar negativamente la economía y la defensa nacional. Asimismo, señala que la administración previa permitió investigaciones arriesgadas con niveles insuficientes de control y aprobó fondos federales para estudios en países con supervisión limitada, como China, lo que incrementa los riesgos biológicos fuera del alcance de los estándares estadounidenses. En respuesta, se establece una política clara que busca equilibrar la necesidad de prevenir consecuencias graves con la importancia de mantener la preparación para amenazas biológicas y conservar el liderazgo global en biotecnología, medidas contra las amenazas biológicas y la salud pública. La orden encomienda al Director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica (OSTP) coordinar esfuerzos para terminar de inmediato el financiamiento federal para investigaciones de ganancia de función peligrosas realizadas por entidades extranjeras en países considerados de preocupación, o con supervisión deficiente.
Además, se suspende la financiación para cualquier investigación en ciencias de la vida que pueda representar amenazas para la seguridad pública, la salud o la economía si es realizada en entornos extranjeros sin los estándares recomendados. Esta medida busca prevenir que proyectos con potencial destructivo continúen sin control, evitando así riesgos innecesarios para la población. Otro eje fundamental es la creación de un marco regulador sólido para futuras investigaciones. La OSTP tiene el mandato de revisar o reemplazar la política de 2024 sobre la supervisión gubernamental de investigaciones duales de preocupación y patógenos con potencial pandémico mejorado. Este nuevo marco debe garantizar una supervisión independiente de arriba hacia abajo, incrementar la responsabilidad mediante auditorías, reforzar mecanismos de cumplimiento y aumentar la transparencia pública, para que los ciudadanos puedan conocer las investigaciones financiadas y sus riesgos asociados sin comprometer la seguridad nacional o la propiedad intelectual.
El orden ejecutiva también se enfoca en optimizar la regulación del suministro sintético de ácidos nucleicos, fundamentales para la biotecnología moderna. Mediante la revisión del marco actual, se busca que los proveedores implementen sistemas de evaluación que dificulten el uso indebido de estos materiales, limitando así la posibilidad de que agentes peligrosos sean creados o modificados por actores malintencionados. Este aspecto es vital para prevenir la proliferación de investigaciones que puedan poner en riesgo a la sociedad. Reconociendo que gran parte de la investigación crítica puede realizarse en entornos no financiados por el gobierno federal, la orden ordena desarrollar una estrategia para gobernar y limitar la ganancia de función peligrosa en todos los ámbitos, incluidas instituciones privadas y académicas sin financiamiento estatal. El seguimiento y regulación de estas actividades son esenciales para cerrar brechas de supervisión y proteger a la población contra posibles consecuencias imprevistas o insospechadas surgidas en el ámbito privado.
La exigencia de responsabilidad es otro punto clave. Instituciones beneficiadas con fondos federales deberán reportar cualquier investigación de ganancia de función peligrosa, incluyendo proyectos que usan recursos no federalizados cuando la ley lo permita. Esto generará una base de datos pública accesible que mejorará la supervisión ciudadana y fortalecerá la confianza en las prácticas científicas, siempre asegurando que se resguarden secretos que puedan afectar la seguridad o competitividad. Por último, la orden ejecutiva incluye disposiciones estrictas para la aplicación de sus medidas. A través de cláusulas contractuales, los investigadores y sus instituciones deberán certificar que cumplen con las normas establecidas y no realizan investigaciones en países con riesgo sanitario o de seguridad.
El incumplimiento podría llevar a la revocación inmediata de fondos y a la inhabilitación para recibir nuevos financiamientos hasta por cinco años, asegurando así un fuerte incentivo para el cumplimiento riguroso de las políticas implementadas. La definición clara de lo que constituye investigación peligrosa en ganancia de función ayuda a delimitar qué actividades son objeto de regulación, incluyendo aquellas que aumentan la virulencia, resistencia a tratamientos, transmisibilidad o que reconstituyen agentes extintos, lo que contribuye a evitar ambigüedades legales y operativas en la aplicación de la orden. En resumen, esta orden ejecutiva es un paso esencial para reforzar la seguridad biológica nacional. En un mundo donde la innovación científica intercambia rápidamente conocimientos y materiales, garantizar que la investigación se lleve a cabo bajo estrictos estándares éticos y de seguridad es fundamental para proteger a la sociedad de riesgos virales o bacteriológicos potencialmente devastadores. Al implementar estas medidas, Estados Unidos no solo protege a sus ciudadanos, sino que también establece un modelo de gobernanza responsable para la comunidad científica internacional, promoviendo el avance tecnológico seguro y ético que beneficie a toda la humanidad.
Esta acción representa una afirmación de compromiso hacia una biotecnología responsable, que prioriza la salud, la seguridad y el bienestar general sobre cualquier beneficio expedito o descontrolado. Mediante la conjugación de supervisión rigurosa, transparencia y sanciones contundentes, se sientan las bases para un futuro donde la ciencia avance con precaución y respeto hacia las posibles consecuencias, construyendo un entorno más seguro y resiliente ante futuras amenazas biológicas.
