El futuro de las criptomonedas en América: Conclusiones clave de la audiencia de esta semana Esta semana, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos llevó a cabo una audiencia crucial que abordó la regulación de las criptomonedas. Con la presencia del presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Gary Gensler, y los cinco comisionados, la discusión se centró en el enfoque regulatorio de la SEC sobre los activos digitales en un panorama financiero que sigue evolucionando rápidamente. Desde sus inicios, las criptomonedas han sido un tema polémico en el ámbito financiero y político. Este testimonio en el Congreso no solo evidenció las tensiones entre los reguladores y la industria cripto, sino que también destacó la incertidumbre que sienten los inversores y las empresas que buscan operar dentro del marco legal. Una de las voces disonantes más notables en la audiencia fue la comisionada pro-cripto Hester Peirce, quien ha sido un firme defensor de una regulación más clara y amigable para las criptomonedas.
Durante su intervención, Peirce criticó abiertamente el enfoque de la SEC, argumentando que la agencia ha mantenido una postura confusa y poco clara respecto a muchos tokens, muchos de los cuales, sostiene, no deberían considerarse como valores. Su cuestionamiento sobre si las obras de arte físicas se consideran valores resuena en la comunidad cripto, puesto que muchos consideran que la inconsistencias en la regulación entre activos digitales y físicos son notables. Mientras Gensler defendía la postura de la SEC, reiteró que la agencia aplica el famoso “Howey test” para determinar si los tokens caen bajo la regulación de valores. Sin embargo, su énfasis en que la SEC sigue siendo "neutral en méritos" en relación con la tecnología blockchain no convenció a todos los miembros del comité. La declaración de Gensler sugiere que la mera inclusión de un activo en una blockchain no impacta su valor económico, lo que contradice, a juicio de varios, el propósito real de la innovación que traen las criptomonedas.
Varios legisladores expresaron su preocupación acerca de la estrategia de "regulación por la fuerza" de la SEC, un término que fue acuñado por el presidente del comité, Patrick McHenry. McHenry acusó a Gensler de haber transformado a la SEC en una “agencia fuera de control”, actuando fuera de los límites establecidos y creando un clima de incertidumbre para los innovadores en el sector cripto. Por otro lado, el congresista Brad Sherman planteó la necesidad de establecer nuevas leyes que aclaren el estatus de las criptomonedas como valores. Sherman advirtió sobre la capacidad única de las criptomonedas para ocultar el origen de los fondos, un tema que pone en riesgo la transparencia, especialmente en materia de financiamiento de campañas políticas. Esta inquietud atrajo la atención de muchos, dado el contexto de desconfianza que reina en la política norteamericana.
En medio de este debate, el congresista Tom Emmer aprovechó la ocasión para desafiar el liderazgo de Gensler, argumentando que su dirección ha sido destructiva para la industria de criptomonedas. La propuesta de Emmer se alinea con la creciente frustración dentro de la comunidad cripto, que se siente aplastada por la falta de claridad normativa y los recientes fracasos en la implementación de un marco regulatorio efectivo. Otro punto discutido en la audiencia fue el comentario de la congresista Maxine Waters, quien expresó su deseo de alcanzar un "gran acuerdo" sobre la legislación de stablecoins antes de finalizar 2024. La perspectiva de Waters genera cierto escepticismo en algunos sectores, quienes especulan que su objetivo final podría ser promover la implementación de una moneda digital del banco central (CBDC) en respuesta al crecimiento del sector de criptomonedas. La atención se volvió particularmente intensa cuando la SEC anunció, justo después de los comentarios de Waters, su decisión de demandar a TrustToken y TrueCoin por fraude relacionado con sus ofertas de stablecoins.
Estas acciones reflejan el enfoque agresivo de la SEC al tratar de regular el espacio, pero también han sido interpretadas como un ataque a la legitimidad del ecosistema cripto. Durante la audiencia, la discusión también abordó el controversial SAB 121, una guía de la SEC que obliga a las empresas públicas, principalmente a los bancos, a clasificar los activos criptográficos de los clientes como pasivos en sus balances. Los críticos de esta norma argumentan que desincentiva a los bancos a ofrecer servicios de custodia para criptomonedas, lo que a su vez frena la innovación y la evolución en el sector. A pesar de que una derogación bipartidista pasó por el Congreso, el presidente Biden lo vetó en junio, alegando preocupaciones sobre la estabilidad financiera. Dicha veto, que intentó ser anulado en julio, fracasó por no alcanzar la mayoría necesaria.
Otro destacado durante la audiencia fue un cuestionamiento por parte del representante Mike Flood sobre la práctica de la SEC de otorgar exenciones a ciertas firmas bajo la norma SAB 121, lo que sugiere una falta de consistencia reguladora y de confianza en el sistema. Peirce, nuevamente, hizo un llamado a revisar la norma, argumentando que complica la custodia para los productos cotizados en bolsa y que su enfoque en la protección del inversionista necesita ser reevaluado para fomentar la competitividad y la innovación. Este diálogo dentro del Congreso subraya la polarización en torno a la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos. De un lado están los reguladores que ven las criptomonedas principalmente como un riesgo que necesita ser contenido, mientras que, del otro, hay legisladores y actores del mercado que abogan por una regulación más clara que permita la innovación. Con el auge de las criptomonedas y su adopción continua, el futuro de la política y regulación cripto en América sigue siendo incierto, pero está claro que el debate apenas comienza.
A medida que las criptomonedas continúan desarrollándose y ganando tracción, la interacción entre políticas públicas y la innovación tecnológica será crucial para determinar el papel que desempeñarán en el futuro de la economía americana. La audiencia de esta semana en el Congreso es un claro indicativo de que, a pesar de las diferencias, todos los involucrados comparten un objetivo común: encontrar un equilibrio que permita el crecimiento del sector sin comprometer la estabilidad financiera del país.
