La Seguridad Social en Estados Unidos representa la principal fuente de apoyo gubernamental para la jubilación de millones de ciudadanos. Desde su creación en 1935, se ha convertido en el programa más grande dentro del presupuesto federal, con desembolsos que en 2024 constituyeron más del veinte por ciento del gasto federal total. Sin embargo, la situación financiera de la Seguridad Social enfrenta grandes retos debido al envejecimiento de la población y al aumento en la esperanza de vida, factores que hacen prever que para 2033 el Fondo fiduciario de Seguros para la Vejez y Sobrevivientes (OASI) se agotará, lo que implicaría una reducción estimada del 21 por ciento en los beneficios para aproximadamente 70 millones de beneficiarios. Ante este escenario, expertos y legisladores analizan diversas estrategias para garantizar la solvencia del sistema. Entre las alternativas para aumentar los ingresos se encuentran propuestas como aumentar o eliminar el tope salarial sujeto a impuestos, incrementar la tasa del impuesto sobre nóminas y ampliar la base impositiva incluyendo nuevas fuentes de ingresos.
Estas estrategias buscan no solo cerrar el déficit proyectado, sino también hacerlo de una forma que mantenga un equilibrio entre justicia social, sostenibilidad fiscal y protección del poder adquisitivo de los beneficiarios. Uno de los aspectos más relevantes para comprender la situación actual es saber cómo se financia la Seguridad Social. Principalmente, los fondos provienen de un impuesto específico sobre nóminas que se divide en partes iguales entre empleadores y empleados. En 1937, el impuesto total era del 2 por ciento, mientras que hoy se encuentra fijado en 12.4 por ciento, aplicado sobre los salarios hasta un límite anual, conocido como el tope o techo salarial.
Para 2025, este límite fue establecido en 176,100 dólares, reflejando un aumento respecto al año anterior y ajustándose cada año conforme al crecimiento del salario promedio nacional. La mayor parte de los ingresos anuales del programa proviene de este impuesto sobre nóminas, representando alrededor del 90 por ciento de la entrada total en 2023. El resto proviene de los intereses generados por las reservas del fondo fiduciario y de impuestos aplicados a beneficios pagados a personas con ingresos elevados. Frente al déficit estimado que enfrentará la Seguridad Social durante las próximas décadas, se plantean diversas modificaciones y reformas para asegurar que el programa continúe brindando apoyo a futuras generaciones. Una de las propuestas más discutidas es la modificación del tope salarial sujeto al impuesto.
Actualmente, los trabajadores solo pagan contribuciones sobre los primeros 176,100 dólares de ingreso anual. Eliminar este límite permitiría que todos los ingresos sean sujetos a la tasa del 12.4 por ciento, incrementando significativamente los ingresos para la Seguridad Social. Según cálculos de los administradores del programa, esta medida podría generar un aumento en ingresos de aproximadamente 3.2 billones de dólares en un horizonte de diez años, cubriendo más del 50 por ciento del déficit estimado para 75 años.
Otra variante consiste en aumentar el tope solo para ingresos superiores a 250,000 dólares, lo que también incrementaría de forma sustancial los recursos, aunque en menor medida que la eliminación total. Las razones a favor de estas medidas incluyen el objetivo de hacer el sistema más progresivo, dado que los impuestos sobre nómina son regresivos en la medida en que los trabajadores de menores ingresos destinan una mayor proporción de su salario a estos impuestos. Además, los defensores resaltan que al incluir a los ingresos más altos en el pago del impuesto, se combate la desigualdad en ingresos y beneficios que actualmente favorece a quienes tienen mejores salarios y tienden a vivir más tiempo. No obstante, quienes se oponen plantean que aumentar o eliminar el tope puede generar una carga excesiva para los trabajadores de altos ingresos, potencialmente afectando la creación de empleo y el crecimiento económico debido a que incrementa el costo de empleo para los empleadores. También existe preocupación de que con un impuesto más alto, algunas personas podrían reducir sus horas de trabajo o incluso retirarse anticipadamente si consideran que el peso fiscal es mayor que los beneficios que recibirán.
Otra ruta posible es el incremento general de la tasa del impuesto sobre nóminas. Analistas señalan que un aumento gradual desde el 12.4 por ciento hasta cerca del 13.4 por ciento en un periodo de diez años podría recaudar alrededor de 600 mil millones de dólares adicionales, reduciendo en un cuarto la brecha financiera del programa. Este enfoque se destaca por su facilidad de implementación, ya que no requeriría cambios significativos en la estructura impositiva, y porque la carga se dividiría entre empleadores y empleados, evitando concentrar el impacto en un solo grupo.
Sin embargo, esta medida también enfrenta críticas. Debido a la naturaleza regresiva del impuesto sobre nóminas, un aumento impactaría más a trabajadores de bajos y medianos ingresos, quienes destinan una mayor parte de su ingreso a estos impuestos en comparación con quienes ganan más. Además, algunos estudios advierten que un impuesto más alto podría desincentivar el trabajo y disminuir la productividad, afectando la economía en general. Más allá de modificar la tasa o el tope salarial, se han explorado opciones para ampliar la base impositiva, incorporando fuentes de ingresos que actualmente no pagan el impuesto o están exentas. Por ejemplo, gravar las ganancias de inversión con la tasa estándar del impuesto sobre nóminas ha sido planteado como una forma de capturar recursos adicionales de los individuos con mayores ingresos por activos financieros.
Este método podría aportar alrededor de 1.3 billones de dólares en diez años y alinea el financiamiento de la Seguridad Social más estrechamente con la capacidad económica de los contribuyentes. Además, está la propuesta de incluir dentro del impuesto sobre nóminas las primas de los seguros de salud proporcionadas por los empleadores, que hoy están exentas de estos impuestos. Al limitar la exclusión para las primas situadas en el percentil superior y eliminar gradualmente esta exclusión, se generarían ingresos adicionales significativos para el programa, estimados en más de medio billón de dólares en una década. De igual forma, gravar los planes de compensación flexible o cafetería puede revertir parte de la erosión financiera causada por la reducción del ingreso gravable que generan estas modalidades.
Otra área de oportunidad para aumentar ingresos es expandir la cobertura del sistema a empleados de gobiernos estatales y locales que actualmente no forman parte de la Seguridad Social, optando por planes de retiro propios. Ampliar la cobertura a todos los nuevos empleados de estas entidades podría sumar cerca de 189 mil millones de dólares en ingresos adicionales durante los próximos diez años. En suma, la reforma de la Seguridad Social es un tema complejo que requiere un enfoque equilibrado, que asegure la suficiencia de los beneficios para los beneficiarios actuales y futuros, la equidad en la distribución de la carga fiscal y la viabilidad financiera del programa a largo plazo. Las diversas alternativas para incrementar los ingresos ofrecen caminos posibles para cerrar el déficit previsto, aunque cada una con ventajas y desafíos particulares. Los legisladores enfrentan la oportunidad y responsabilidad de diseñar políticas que combinen varias de estas opciones, aplicándolas de manera gradual y justa, para proteger a los millones de estadounidenses que dependen de la Seguridad Social.
La comunicación transparente sobre las implicaciones de cada propuesta y la consideración de impactos económicos y sociales serán fundamentales para lograr consensos efectivos y duraderos. Así, se podrá garantizar que la Seguridad Social continúe siendo un pilar esencial del bienestar y la seguridad financiera para las generaciones presentes y futuras en Estados Unidos.
