El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en su segundo mandato ha desatado una ola de preocupación entre la comunidad científica nacional e internacional. Las políticas adoptadas por su administración desde el inicio de este periodo han encontrado eco en recortes profundos en las agencias dedicadas a la ciencia, despidos masivos de personal científico y la cancelación abrupta de importantes programas de investigación. Este escenario plantea la interrogante de si la ciencia estadounidense podrá soportar y recuperarse de estos embates. Durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se consolidó como la principal potencia científica del mundo gracias a inversiones federales sostenidas en investigación y desarrollo. Este respaldo estatal fue clave para la creación de innovaciones tecnológicas fundamentales para la vida moderna, como el desarrollo de internet, el sistema GPS, las imágenes por resonancia magnética (RM) y motores de búsqueda como Google.
En 2024, el gasto federal en investigación y desarrollo alcanzó los 200.000 millones de dólares, de los cuales cerca de la mitad correspondió a proyectos relacionados con la defensa. El epicentro de las preocupaciones actuales radica en las primeras medidas ejecutadas durante los primeros tres meses del segundo mandato de Trump. Se observa una drástica reducción de plantilla en tanto las agencias como los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés), la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) sufren despidos masivos. Solo el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que alberga tanto el NIH como el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), reportó la eliminación de aproximadamente 10.
000 puestos. Este escenario viene acompañado de la cancelación de más de mil subsidios de investigación, afectando ámbitos de estudio tan vitales como el cambio climático, el cáncer, Alzheimer y la prevención del VIH. Estas decisiones han sembrado inquietud entre los principales científicos del país. En marzo de 2025, cerca de 1.900 miembros de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina enviaron una carta abierta alertando sobre la destrucción del entramado científico nacional.
La reducción presupuestaria prevista para 2026 sugiere que será aún más difícil para la ciencia estadounidense mantenerse al día. El proyecto de presupuesto contempla un recorte casi a la mitad en la financiación de la NASA y una disminución del 40 % en los recursos para el NIH. Además, la introducción de medidas migratorias restrictivas ha provocado la detención de estudiantes e investigadores extranjeros, levantando temores de una fuga masiva de talentos que sería devastadora para la innovación del país. El enfoque de la administración va en línea con las recomendaciones del proyecto conservador 'Project 2025', desarrollado por la Fundación Heritage, que enfatiza la necesidad de "desmantelar el estado administrativo", lo que implica eliminar miles de puestos federales. La narrativa oficial justifica estas medidas como un esfuerzo por erradicar el desperdicio, fraude y abuso, aunque sin aportar pruebas contundentes que sostengan estas acusaciones.
Expertos en política científica sostienen que trasladar la responsabilidad de la innovación exclusivamente al sector privado presenta riesgos considerables. Mientras las corporaciones privadas pueden financiar etapas avanzadas de desarrollo con aplicaciones claras, rara vez incurren en los costos y riesgos asociados con la investigación fundamental y básica, que suele carecer de resultados inmediatos pero es la base sobre la que se cimentan avances masivos a largo plazo. Este tipo de investigación básica también juega un rol fundamental en la formación de nuevas generaciones de científicos. La eliminación de puestos de trabajo en el sector público no solo detiene proyectos actuales, sino que interrumpe un ciclo indispensable para mantener la competitividad internacional y el avance tecnológico. Los despidos en la Agencia Nacional del Servicio Meteorológico (NWS) ejemplifican un patrón preocupante: la reducción operativa genera dificultades en el cumplimiento de las funciones básicas, lo que podría propiciar una disolución eventual y su reemplazo por servicios meteorológicos privados.
Este proceso pone en entredicho la prestación pública de servicios esenciales que hasta ahora contribuyen al bienestar general. En el ámbito universitario, las repercusiones no han tardado en manifestarse. Recortes en la cobertura de costos indirectos vinculados a subvenciones y la suspensión o cancelación de investigaciones en instituciones emblemáticas como Harvard, Columbia o Princeton, amenazan con quebrantar el pacto histórico entre el gobierno federal y la educación superior que ha nutrido a la ciencia estadounidense. Por primera vez, una universidad como Harvard ha decidido impugnar judicialmente estas políticas, manifestando su rechazo a modelos que condicionan la financiación a posturas políticas. Más allá de la crisis doméstica, la actual política estadounidense en ciencia tiene repercusiones globales.
Estados Unidos ha sido tradicionalmente vista como un polo de atracción para investigadores de todo el mundo, ofreciendo un entorno estable y oportunidades sin parangón. Las restricciones impuestas podrían fomentar una migración de ciencia hacia otros países, debilitando la posición de Estados Unidos y empobreciendo la esfera científica a nivel planetario. Los actores políticos parecen subestimar las consecuencias a largo plazo. Personalidades como John Holdren, asesora científica de la administración Obama, alertan que los daños provocados serán difíciles de revertir y que la reconstrucción del aparato científico podría tardar décadas. Mientras tanto, encuestas realizadas a investigadores señalan que aproximadamente un 94 % de los consultados expresan preocupación por la viabilidad futura de la ciencia en Estados Unidos y el impacto negativo que estas políticas tendrán a nivel mundial.
Esta incertidumbre no solo afecta a quienes están actualmente en el campo investigativo, sino a todos aquellos que dependen del avance científico para mejorar la calidad de vida y afrontar desafíos complejos como el cambio climático o las pandemias. Por otro lado, el énfasis en reducir el tamaño del sector público científico se traduce en la pérdida de conocimiento institucional, talento y capacidad estratégica que no se pueden replicar inmediatamente. La rotación masiva de personal desalienta además la vocación científica entre jóvenes estudiantes, afectando a mediano y largo plazo la calidad y cantidad de futuros investigadores. En definitiva, la administración Trump 2.0 configura un escenario marcado por la desinversión, la incertidumbre y la fragmentación del sistema federal de ciencia.
Aunque algunos sectores tecnológicos y privados puedan soportar ciertos retos, el socavamiento de instituciones clave y la posible fuga de talento ponen en riesgo no solo la preeminencia científica de Estados Unidos sino también el progreso global. Es probable que se requieran esfuerzos coordinados a nivel legislativo, institucional y comunitario para contrarrestar esta tendencia y retomar la senda del desarrollo científico que ha caracterizado al país durante gran parte del siglo XX y principios del XXI.
