El Salvador: La Seguridad Sostenible Sin Estado de Emergencia En una reciente entrevista, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha declarado que los avances en seguridad logrados durante el estado de emergencia son sostenibles sin necesidad de continuar con esta medida excepcional. Desde hace casi dos años y medio, el país centroamericano se encuentra bajo un régimen que ha suspendido varias libertades civiles, lo que ha generado una serie de debates en torno a la efectividad y la ética de estas tácticas. El estado de emergencia, que fue implementado como respuesta a la creciente violencia asociada a las pandillas, ha permitido al gobierno llevar a cabo un enfoque severo que incluye detenciones masivas y el aumento de operaciones policiales. Hasta la fecha, más de 81,000 personas han sido arrestadas sin el debido proceso, lo que ha suscitado críticas tanto a nivel nacional como internacional por parte de organizaciones de derechos humanos que han denunciado abusos y muertes en custodia. Pese a esta situación, Bukele asegura que los índices de criminalidad han disminuido y la vida de muchos salvadoreños ha mejorado.
Según el mandatario, la intervención del gobierno ha permitido eliminar alrededor del 80% de los miembros activos de las pandillas. En su opinión, los aproximadamente 8,000 a 9,000 pandilleros restantes no podrán reorganizarse fácilmente, lo que permitiría al país volver a un estado de normalidad y a la replanteación de las libertades civiles que actualmente están restringidas. En sus declaraciones, Bukele destacó su intención de levantar el estado de excepción en un futuro cercano y de regresar a los procedimientos constitucionales normales. Esto incluye el restablecimiento del acceso a abogados, el derecho a la reunión y el derecho a ser informado sobre los propios derechos. La ambición del presidente es mantener la paz lograda hasta ahora mediante procesos judiciales y actividades de aplicación de la ley más convencionales.
Sin embargo, la gestión de seguridad de Bukele no ha estado exenta de controversias. Si bien muchos ciudadanos ven con buenos ojos la reducción de la violencia y el aumento de la seguridad, otros argumentan que la forma en que se ha llevado a cabo ha conllevado a la violación de derechos humanos básicos. Los movimientos sociales y varios organismos internacionales han manifestado su preocupación por el fenómeno del “derecho a ser visto” bajo un estado de excepción, donde individuos son apresados únicamente por tener una apariencia que se asocia con las pandillas o por supresunto vínculo con ellas, sin pruebas concretas. El presidente Bukele, a menudo presentándose como el líder que desafía el statu quo, ha utilizado plataformas de medios sociales para comunicar sus logros y desalentar los cuestionamientos sobre su enfoque. Su fuerte presencia en redes sociales, acompañado de un equipo de comunicación extensivo, ha mantenido a muchos salvadoreños al tanto de las novedades y logros de su administración.
Al mismo tiempo, ha establecido un nudo de discurso que a menudo minimiza las críticas y enfatiza los resultados inmediatos en la seguridad. Además de las cuestiones de seguridad, Bukele ha anunciado que no buscará la reelección para un tercer mandato consecutivo, a pesar de que el fallo positivo de la Corte Suprema en 2021 le permitió postularse nuevamente en las elecciones de 2024. Aseguró en su entrevista: "Tenemos un acuerdo con mi esposa de que este es mi último mandato", un comentario que puede interpretarse como un intento de consolidar su imagen ante un electorado que ha vivido años de inestabilidad política. La pregunta que permanece en el aire es si realmente El Salvador puede sostener estos avances en seguridad sin un estado de emergencia. Algunos expertos en política y seguridad argumentan que, si bien la reducción de la violencia es innegable, los mecanismos de control instaurados a través de la fuerza y la represión pueden resultar insostenibles a largo plazo.
A medida que el gobierno aspire a levantar las restricciones, será crucial observar cómo se gestionarán los derechos civiles y un sistema judicial que garantice un debido proceso para todos. El fin del estado de emergencia también provocará un análisis más profundo sobre la manera en que el gobierno ha manejado el crimen organizado y las causas que han llevado a su proliferación. La narrativa de la severidad puede haber funcionado en un primer momento, pero si el contexto social y económico del país no mejora, los ciclos de violencia podrían resurgir. Es vital que cualquier estrategia de seguridad futura no solo se enfoque en la represión, sino que también aborde las raíces del problema, como la pobreza, la falta de educación y la marginalización social. A medida que se avecinan elecciones y un posible cambio en el liderazgo, la sostenibilidad de la seguridad en El Salvador dependerá en gran medida de la voluntad política de los líderes emergentes para enfrentar estos retos de manera efectiva.
Puede que el legado de Bukele en materia de seguridad y derechos humanos se convierta en un punto de referencia crucial para los futuros gobernantes, quienes deberán decidir si seguirán su senda o trazarán un camino diferente que priorice el respeto de los derechos fundamentales al mismo tiempo que trabaje por una realidad más segura. En conclusión, la promesa de Nayib Bukele de mantener la seguridad sin un estado de emergencia plantea un horizonte lleno de desafíos y posibilidades para El Salvador. La transición de un régimen de emergencia a uno de plena constitucionalidad debe ser planificada cuidadosamente, y las decisiones que se tomen en este proceso influirán no solo en la seguridad, sino en la calidad de vida de millones de salvadoreños. El mundo observa cómo este pequeño país enfrenta su realidad con la esperanza de que la paz y la prosperidad puedan ser alcanzadas sin sacrificar los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
