En un evento alarmante, el fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, ha calificado un complot terrorista relacionado con las elecciones como un claro indicio del fracaso de la administración Biden en la supervisión de los refugiados afganos. Este incidente, que ha captado la atención nacional, involucra a Nasir Ahmad Tawhedi, un nacional afgano de 27 años, que aparentemente tenía intenciones de llevar a cabo un ataque durante el Día de las Elecciones, el 5 de noviembre. El caso comenzó a desarrollarse cuando el FBI arrestó a Tawhedi y a su cuñado tras una reunión en un lugar rural de Oklahoma, donde se procuraron rifles AK-47 y municiones. Según el testimonio de un agente encubierto, Tawhedi admitió que él y su hermano planeaban un ataque dirigido a grandes reuniones de personas con la intención de ser mártires por su causa. Este complot ha levantado preocupaciones sobre la seguridad nacional y el perfil de aquellos que llegan a Estados Unidos como refugiados.
La administración Biden ha enfrentado críticas por la forma en que se ha manejado la admisión de refugiados afganos, especialmente tras la caótica retirada de las fuerzas norteamericanas de Afganistán. Drummond subrayó que este caso es un ejemplo de cómo el gobierno federal ha fallado en proteger al pueblo estadounidense, sugiriendo que Tawhedi no es un caso aislado. Esta afirmación ha sido contestada por el Departamento de Seguridad Nacional, que defendió el proceso de revisión y filtrado al que fueron sometidos los refugiados afganos. La situación ha traído a la luz el debate sobre la seguridad que conlleva la llegada de inmigrantes, en especial aquellos que provienen de zonas de conflicto. Mientras que muchos en la comunidad afghana han llegado a Estados Unidos buscando asilo y una vida mejor, el caso de Tawhedi ha sembrado dudas y ha avivado el temor entre algunos sectores de la población.
Las evaluaciones de amenazas emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional han indicado que el verdadero peligro proviene de extremistas nacionales, lo que complica aún más la narrativa que ha utilizado el fiscal general de Oklahoma. El 9 de septiembre de 2021, Tawhedi llegó a Estados Unidos bajo un programa de visa especial para inmigrantes. Este programa está destinado a aquellos que han trabajado junto a las fuerzas armadas de Estados Unidos, pero la naturaleza de su llegada está siendo cuestionada. Información reciente indica que aunque oficialmente se le haya admitido como un inmigrante especial, podría no haber cumplido con todos los requisitos necesarios para ello. Este punto ha sido subrayado por funcionarios de la administración Biden, quienes están revisando los detalles de su ingreso.
La comunidad local también ha reaccionado con preocupación ante esta situación. Muchos vecinos han expresado que Tawhedi y su familia eran poco comunicativos y mantenían un perfil bajo dentro del complejo donde residían. Algunos recordaron cómo fue perturbador ver la llegada de las autoridades con armas en mano para realizar los arrestos. En un ambiente donde se están acomodando cientos de refugiados afganos, la posibilidad de que uno de ellos esté vinculado a un complot terrorista es alarmante y causa inquietud entre los residentes de Oklahoma. A raíz de la revelación del complot, la administración del gobernador Kevin Stitt felicitó a las fuerzas del orden por su rápida intervención, afirmando que tales medidas de vigilancia son esenciales para la seguridad pública.
Stitt enfatizó la importancia de la colaboración entre las agencias locales, estatales y federales en la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia estadounidense. Mientras tanto, el caso de Tawhedi sigue en desarrollo, y se ha hecho evidente que podría formar parte de un patrón más amplio de extremismo, tanto nacional como internacional. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, las autoridades están especialmente atentas a cualquier indicio de violencia electoral. La evaluación de amenazas emitida el 2 de octubre por el Departamento de Seguridad Nacional ha señalado que no solo los ataques terroristas extranjeros representan un riesgo, sino también la posibilidad de violencia por parte de extremistas domésticos. Tawhedi enfrenta múltiples cargos, incluidos el de conspirar para proporcionar apoyo a una organización terrorista y el de conspirar para recibir armas con la intención de utilizarlas en un acto terrorista.
Si se le encuentra culpable, podría enfrentar hasta 35 años de prisión. El fiscal general Merrick Garland ha declarado que este caso es un claro recordatorio de la intensa vigilancia que realizan las agencias de seguridad para proteger al público estadounidense. En medio de esta tormenta mediática, líderes de la comunidad musulmana y afghana en Oklahoma han comenzado a expresar su preocupación por el estigmatización que podría resultar de este incidente. El imán Imad Enchassi, de la Sociedad Islámica de Oklahoma City, ha hecho hincapié en que la comunidad musulmana en su conjunto no debe ser juzgada a partir de las acciones de un individuo. Esta situación resalta la necesidad de construir puentes entre comunidades y promover una mejor comprensión entre diferentes grupos en la sociedad estadounidense.
