En un paso significativo hacia la regulación de las criptomonedas, Nueva Zelanda ha anunciado su plan para implementar el marco de informes de activos cripto (CARF, por sus siglas en inglés) desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para abril de 2026. Esta iniciativa representa un esfuerzo del gobierno neozelandés para aumentar la transparencia en el creciente mercado de criptomonedas y contrarrestar la evasión fiscal a través de activos digitales. El ministro de Ingresos, Simon Watts, presentó un proyecto de ley titulado “Taxation (Annual Rates for 2024–25, Emergency Response, and Remedial Measures) Bill”, que establece líneas claras sobre cómo las empresas de servicios de criptomonedas deben recopilar y reportar información sobre las transacciones de sus usuarios. Según este nuevo marco, se exigirá a los proveedores de servicios de criptomonedas en Nueva Zelanda que obtengan información detallada sobre las transacciones de sus clientes y la envíen a la Inland Revenue, la autoridad fiscal del país, antes del 30 de junio de 2027. El auge de las criptomonedas ha sido vertiginoso en los últimos años, y Nueva Zelanda, como muchas otras naciones, ha enfrentado desafíos importantes en el rastreo de ingresos generados a través de estos activos.
Con el marco CARF, el gobierno busca resolver estas dificultades y asegurar que los ingresos derivados del comercio de criptomonedas sean debidamente declarados y gravados. Desde el 1 de abril de 2026, las empresas que operen en el sector de criptomonedas estarán en la obligación de recopilar y presentar información sobre las transacciones de sus usuarios a la Inland Revenue. Este esfuerzo tiene como objetivo mejorar la equidad del sistema fiscal al igualar las condiciones de reporte entre las instituciones financieras tradicionales y los proveedores de servicios de criptomonedas. Los ajustes a la normativa buscan reducir las pérdidas potenciales de ingresos fiscales y fomentar una mayor equidad en el sistema impositivo. El gobierno de Nueva Zelanda ha subrayado que la implementación del CARF pondrá a su país a la vanguardia de la regulación de criptomonedas a nivel mundial, situándose en un grupo selecto de naciones que están tomando medidas decisivas para abordar los riesgos asociados con los activos digitales.
El enfoque adoptado ha sido bien recibido en medios tanto a nivel local como internacional, dado que se considera un paso crítico hacia la regulación efectiva y la protección de los inversores. Sin embargo, el marco CARF no está exento de críticas. Algunos analistas y expertos en criptomonedas sostienen que el cumplimiento de estas nuevas regulaciones podría resultar oneroso para los proveedores de servicios de criptomonedas más pequeños, que podrían verse incapaces de afrontar los costos operativos adicionales requeridos para la recopilación y reporte de datos. Además, hay preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios, ya que la obligación de entregar información detallada sobre las transacciones podría desalentar a algunos individuos de participar en el mercado de criptomonedas. Las sanciones por el incumplimiento de estas regulaciones también son severas.
Se contempla que las empresas que no demuestren “un cuidado razonable” en el cumplimiento de sus obligaciones podrán enfrentarse a multas que oscilarán entre NZD$20,000 y NZD$100,000 (aproximadamente entre USD$12,000 y USD$62,000). Por otro lado, los clientes que no proporcionen a sus proveedores la información requerida podrían recibir multas de hasta 1000 dólares neozelandeses, alrededor de USD$621. Estos castigos reflejan la determinación del gobierno de garantizar que todas las partes involucradas en transacciones de criptomonedas sigan los estándares de reporte establecidos. Este desarrollo legislativo se materia en un contexto en el que Europa y otras partes del mundo están intensificando sus esfuerzos para regular el mercado de criptomonedas. Mientras que algunos países han adoptado un enfoque más liberal y están permitiendo un desarrollo más amplio de la industria, otros, como Corea del Sur, han encontrado resistencia ante la implementación inmediata de un sistema de impuestos para las criptomonedas, debido a la presión de los inversores.
De manera similar, Japón ha estado considerando propuestas para reducir las altas tasas impositivas sobre los activos digitales con el fin de fomentar una mayor participación en este emergente mercado. La Inland Revenue de Nueva Zelanda ya ha señalado que más de 200,000 contribuyentes no han declarado sus ingresos derivados de criptomonedas, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de un marco regulador. La nueva legislación busca abordar este problema sistémico y prevenir futuros casos de evasión fiscal en el ámbito de los activos digitales. Con este proyecto, la autoridad fiscal espera poder obtener datos más específicos sobre las transacciones y, por lo tanto, calcular de manera más eficiente los impuestos que deben pagar los usuarios. El crecimiento explosivo de las criptomonedas ha llamado la atención de muchos gobiernos alrededor del mundo, y la respuesta a este fenómeno ha variado considerablemente.
