En un giro trascendental para la regulación y adopción de criptomonedas en los Estados Unidos, la Cámara de Representantes de Nueva Hampshire aprobó una medida histórica que autoriza al estado a invertir hasta un 10% de ciertos fondos públicos en Bitcoin y otros activos digitales seleccionados. El proyecto, conocido como House Bill 302 (HB302), fue aprobado en una votación ajustada de 192 a 179, reflejando un intenso debate y un fuerte interés tanto por parte de partidarios como de opositores. Esta medida no solo pone a Nueva Hampshire en la vanguardia de la integración de criptomonedas dentro del sector público, sino que también la convierte en el cuarto estado en el país en avanzar significativamente con una ley que impulsa la creación de reservas en Bitcoin, sumándose a Arizona, Texas y Oklahoma. La iniciativa representa un cambio importante en la manera en que las instituciones gubernamentales entienden y gestionan la diversificación de sus activos financieros. El proyecto HB302 permite al tesorero estatal de Nueva Hampshire asignar hasta un 10% de los fondos generales, del fondo de estabilización de ingresos, o de cualquier otro fondo aprobado legislativamente, en criptomonedas que cumplan criterios estrictos, además de metales preciosos como oro, plata y platino.
Para que una criptomoneda pueda ser incluida en estas inversiones, debe haber mantenido una capitalización de mercado promedio mínima de 500 mil millones de dólares en el último año calendario, una condición que actualmente sólo Bitcoin cumple. El debate en la Cámara fue intenso y reflejó tanto entusiasmo como cautela. Los defensores destacaron que la inversión estratégica en Bitcoin puede ofrecer una nueva fuente de ingresos para el estado, ayudando a diversificar sus activos y potencialmente fortaleciendo la economía local frente a la volatilidad de los mercados tradicionales. El representante republicano Jordan Ulery destacó el potencial que esta ley tiene para generar importantes beneficios económicos a través de la innovación financiera. Los críticos, sin embargo, expresaron preocupación por la volatilidad inherente de las criptomonedas y los riesgos asociados a su integración dentro de los fondos públicos.
Temen que la fluctuación de valor pueda impactar negativamente los recursos que el estado destina a servicios públicos y proyectos esenciales. Además, señalaron cuestiones en torno a la regulación y supervisión de activos digitales, haciendo un llamado a establecer mecanismos claros y robustos para mitigar riesgos. Actualmente, HB302 se encuentra en manos del Senado estatal, donde será sometido a un análisis detallado y a debates adicionales que determinarán si avanzará hacia la aprobación definitiva. En caso de ser ratificado, pasaría a la mesa de la Gobernadora Kelly Ayotte para su firma y promulgación, consolidando a Nueva Hampshire como pionero en la gestión estatal de activos digitales. Este movimiento en Nueva Hampshire se enmarca dentro de una tendencia a nivel nacional donde varios estados están explorando o ya implementando medidas para incorporar a Bitcoin en sus reservas.
En paralelo, Florida también avanzó con un proyecto similar (HB487) que permitiría al Estado invertir en Bitcoin hasta un 10% de ciertos fondos públicos, mostrando un interés creciente por parte de gobiernos regionales en experimentar con las potencialidades de las criptomonedas. La aceptación gradual de Bitcoin por parte de entes gubernamentales refleja un cambio paradigmático en el mundo financiero. Durante años, las criptomonedas enfrentaron escepticismo, asociado con su volatilidad, uso en actividades ilícitas y ausencia de regulación clara. Sin embargo, a medida que los activos digitales ganan madurez, liquidez y reconocimiento, más gobiernos están viendo en ellos oportunidades para diversificar riesgos y modernizar sus portafolios financieros. Además de la legislación sobre reservas de Bitcoin, Nueva Hampshire también está considerando otras iniciativas relacionadas con blockchain, como HB310, que aborda la regulación de stablecoins y la tokenización de activos del mundo real, y HB639, que propone un marco legal más amplio para aspectos regulatorios y mecanismos para la resolución de disputas en tecnologías blockchain.
Esto destaca el compromiso del estado con la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector financiero. La inversión en Bitcoin a nivel estatal también tiene implicaciones más amplias para el ecosistema cripto. El respaldo y adopción de activos digitales por parte de institucione públicas puede generar mayor confianza entre inversores, fomentar la creación de empleos tecnológicos y promover la educación financiera relacionada con blockchain y criptomonedas. Sin embargo, es fundamental que estos avances vengan acompañados de sólidas políticas de gestión de riesgos, transparencia y supervisión para proteger el dinero público y garantizar que la exposición a la volatilidad de los mercados digitales sea manejada con responsabilidad. La experiencia que Nueva Hampshire y otros estados adquieran en esta materia puede sentar precedentes para futuras políticas nacionales e internacionales.
