En marzo de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó una decisión histórica al levantar las sanciones económicas impuestas a Tornado Cash, uno de los servicios de mezcla de criptomonedas más controvertidos y conocidos en el ecosistema cripto. Desde agosto de 2022, esta plataforma estuvo bajo fuertes restricciones tras haber sido señalada oficialmente por facilitar actividades ilícitas a través de su tecnología de anonimización en la cadena de bloques Ethereum. Tornado Cash sirve como una herramienta que permite realizar transacciones anónimas, ocultando el origen y destino de los fondos mediante el principio de mezcla, es decir, agrupa criptomonedas de distintos usuarios para luego redistribuirlas, haciendo muy difícil rastrear su procedencia. Esta característica, valorada por defensores de la privacidad digital, la convirtió a su vez en un recurso utilizado por actores maliciosos para blanquear fondos sustraídos en ciberataques y fraudes a gran escala. La imposición de sanciones en 2022, bajo la Supervisión de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y el amparo del Executive Order 13694, se justificó en la incapacidad del servicio para controlar efectivamente el lavado de activos ilícitos, involucrados en actividades que representaban una amenaza para la seguridad nacional y la economía estadounidense.
Se vinculó especialmente a Tornado Cash con el lavado de más de 455 millones de dólares en criptomonedas robadas por el grupo de hackers Lazarus, asociado al régimen norcoreano. Sin embargo, tras casi tres años de sanciones y restricciones severas, el panorama cambió completamente luego de que una sentencia de la Corte del Quinto Circuito en noviembre de 2024 estableciera que las sanciones habían excedido la autoridad concedida por el Congreso en relación con la regulación de activos digitales como Tornado Cash. La corte argumentó que los contratos inteligentes —software inmutable que hace posible la operación de Tornado Cash— no pueden ser clasificados legalmente como "propiedad" bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), ya que no existe una persona o entidad con control directo que pueda ser sancionada a nivel legal o contractual. Esta interpretación legal representa un antes y un después, señalando una línea clara entre la regulación de código abierto y la de individuos o entidades que usan la tecnología para fines ilegales. El gobierno estadounidense, a través de esta resolución, parece haber reconocido que sancionar líneas de código inalterables puede no ser compatible con el entorno tecnológico descentralizado, donde las redes funcionan sin control centralizado.
En consonancia con la eliminación de las sanciones, más de cien direcciones de monederos Ethereum relacionadas con Tornado Cash han sido removidas de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que elimina efectivamente las restricciones económicas que pesaban sobre la plataforma. Pese a esta liberación, el Departamento del Tesoro reafirmó su compromiso de continuar combatiendo las actividades ilícitas perpetradas a través de las criptomonedas, particularmente aquellas vinculadas al régimen norcoreano y sus actos de piratería informática y lavado de dinero digital. Este cambio de estrategia pone el foco en los actores individuales que se dedican a criminalidad financiera, más que en las plataformas o el código que los habilita. Casos como las acusaciones contra los cofundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, así como la condena a Alexey Pertsev en Holanda, ilustran cómo la justicia está optando por perseguir a las personas, en lugar de a la tecnología en sí. Para la industria de las criptomonedas, esta decisión abre un complejo debate.
Por un lado, representa una oportunidad para que herramientas que protegen la privacidad digital puedan coexistir sin la presión de sanciones gubernamentales que podrían haber frenado su desarrollo o uso legítimo. Por otro, obliga a actores y reguladores a replantear los modelos de cumplimiento normativo y vigilancia, puesto que evitar plataformas sancionadas ya no será suficiente. Se necesitarán soluciones tecnológicas inteligentes que permitan identificar y bloquear transacciones vinculadas a actividades criminales sin sacrificar el anonimato legítimo. Expertos en inteligencia de blockchain coinciden en que vamos hacia un futuro en el que la regulación de finanzas descentralizadas exigirá un equilibrio delicado entre innovación, privacidad y seguridad. La neutralidad del código significa que el desafío no está en prohibir tecnologías inherentemente neutrales, sino en responsabilizar a quienes las usan para fines ilícitos, sin obstaculizar la evolución de un sector que ofrece enormes oportunidades económicas y sociales.
