El gobierno de Ucrania ha avanzado de manera significativa en la formalización de la tributación sobre criptomonedas al presentar un proyecto de ley que propone un impuesto sobre la renta personal del 18% aplicado a diversas actividades relacionadas con activos digitales. Este cambio normativo representa un giro importante en la política fiscal del país, que hasta ahora había mantenido un ambiente prácticamente libre de impuestos en el sector cripto, facilitando un crecimiento desregulado y poco monitoreado. Este proyecto de ley, actualmente en revisión parlamentaria, no solo establece el impuesto tradicional del 18% sobre ingresos provenientes de minería, staking y airdrops sino que también añade un gravamen adicional del 5% denominado impuesto militar, reflejando una estrategia gubernamental para aumentar las fuentes de ingresos durante el periodo de conflicto bélico que afecta a la nación. La combinación de ambos impuestos tiene un enfoque dual: por un lado, recaudar fondos para la coyuntura actual y, por otro, establecer una regulación fiscal sostenible que encaje con estándares europeos a largo plazo. Uno de los elementos más destacados del proyecto es cómo redefine la naturaleza fiscal de las criptomonedas.
En lugar de catalogarlas como simples propiedades, el borrador sitúa las ganancias derivadas de actividades cripto como ingresos sujetos a tributación directa. Este nuevo enfoque representa una maduración en la estrategia financiera nacional, que hasta entonces operaba en gran medida con un vacío regulatorio en torno a los activos digitales. Los impuestos serán aplicados de manera diferenciada según el tipo de actividad realizada y cómo se reporte el ingreso. El impuesto del 18% se implementará específicamente sobre los ingresos brutos obtenidos a través de la minería, el staking y la recepción de airdrops. Sin embargo, el proyecto contempla la opción para los contribuyentes de reportar sus ganancias sobre los ingresos totales o sobre el ingreso neto, después de deducir los gastos relacionados.
Esta flexibilidad permitirá a individuos y empresas elegir la modalidad que mejor se adapte a sus circunstancias financieras, aunque con la exigencia implícita de una completa transparencia en la declaración de sus transacciones. En un contraste interesante, la ley mantiene exentas de impuestos las operaciones de intercambio de criptomonedas entre sí, es decir, las transacciones crypto-to-crypto no generarán eventos tributarios. Esta excepción tiene precedentes en países como Austria, Francia y Singapur, y busca facilitar la movilidad de los activos digitales entre plataformas sin imponer cargas fiscales innecesarias que podrían entorpecer la liquidez y la actividad comercial de traders y usuarios frecuentes. Un aspecto fundamental que el proyecto clarifica es la diferencia entre la mera tenencia de criptomonedas y el uso o conversión de las mismas. Poseer criptodivisas no generará eventos fiscales, de modo que los inversores podrán conservar sus activos sin obligación de pagar impuestos solo por mantener las monedas digitales.
Sin embargo, el intercambio de criptomonedas por moneda fiduciaria o su uso para pagar bienes y servicios sí activará la tributación correspondiente, indicando un punto crítico que los usuarios deben tener en cuenta para planificar sus movimientos. Asimismo, el proyecto introduce consideraciones sobre el impuesto al valor agregado (IVA), que podría aplicarse en algunos casos a transacciones donde se utilicen tokens como pago o se reciban tokens modificados a través de actualizaciones de red. Aunque existen posibles exenciones al IVA bajo directrices de la Unión Europea, la ley prevé que estas situaciones serán evaluadas caso por caso, lo que implica un mayor nivel de complejidad en la gestión tributaria para quienes operan con criptomonedas como medio de pago o como parte de actividades comerciales. Este esfuerzo regulatorio forma parte de una iniciativa más amplia que busca no solo gravar las actividades cripto sino también establecer un marco normativo integral y coherente con la normativa europea, en especial con la regulación MiCA (Markets in Crypto-Assets). La banca nacional y los organismos reguladores ucranianos trabajan en el diseño de un sistema regulatorio más amplio que se espera esté en vigencia para octubre de 2025, orientado a regular de forma efectiva la supervisión, protección del consumidor y estandarización financiera en el sector de activos digitales.
Para el ecosistema cripto local, la implementación de estos impuestos marca el fin de una era de exenciones fiscales y abre una etapa de mayor formalización. Si bien podría causar inquietud inicial entre inversores que disfrutaban de un entorno sin cargas tributarias, también se traduce en una oportunidad para que el sector gane legitimidad y confianza ante inversores internacionales y entidades financieras que valoran la transparencia y el cumplimiento normativo. Cabe destacar que la regulación propone mecanismos de reporte rigurosos, con especial énfasis en la obligación de declarar ingresos y transacciones relacionadas con criptomonedas. Esto apunta a mitigar prácticas evasivas y fomentar una cultura de cumplimiento que alinee a Ucrania con otras economías desarrolladas en materia de fiscalidad digital. La expectativa es que estos movimientos fiscales permitan expandir la base tributaria y fortalecer la capacidad del Estado para controlar y administrar el creciente mercado cripto.
En paralelo, la exclusión del impuesto sobre los intercambios entre criptomonedas preserva un espacio para la innovación y la agilidad operativa, aspectos esenciales para el desarrollo tecnológico y financiero del país. Este delicado equilibrio entre regulación y flexibilidad será clave para determinar la respuesta del mercado y la evolución futura del ecosistema de activos digitales en Ucrania. Además, la puesta en marcha de un impuesto militar adicional refleja las condiciones excepcionales que atraviesa Ucrania y subraya cómo las políticas públicas están siendo adaptadas para responder a necesidades urgentes, combinando la recaudación fiscal con estrategias de sostenibilidad económica en tiempos complejos. El panorama legislativo aún está en desarrollo y el voto en el parlamento ucraniano sobre este proyecto no ha sido confirmado en cuanto a fecha, pero el anuncio genera expectativas sobre un cambio estructural que no solo afectará a usuarios individuales sino también a empresas, startups, exchanges y toda la cadena de valor vinculada a criptomonedas. Los expertos recomiendan a quienes operan en el mercado cripto ucraniano mantenerse informados y considerar asesoría fiscal profesional para adaptarse a la nueva normativa.
La planificación anticipada y un conocimiento profundo de los requerimientos legales serán fundamentales para evitar contingencias fiscales y maximizar la eficiencia tributaria. La evolución regulatoria ucraniana también aporta un ejemplo para otros países que enfrentan el desafío de equilibrar la innovación tecnológica con la necesidad de un control fiscal adecuado. La armonización con estándares europeos y la claridad sobre el momento en que se genera la obligación fiscal ofrecen un marco que podría replicarse en otras jurisdicciones con mercados emergentes de criptomonedas. En conclusión, Ucrania está transitando hacia una etapa de regulación y tributación madura para las criptomonedas. La introducción del impuesto del 18% sumado al impuesto militar del 5% ejemplifica un cambio en la percepción del Estado sobre los activos digitales, ahora vistos como fuente legítima de ingresos y sujetos a las normativas tributarias tradicionales.
Este proceso no solo impactará a los contribuyentes directos sino que también favorecerá la formalización y crecimiento ordenado del sector, alineándolo con prácticas internacionales y promoviendo un entorno más seguro y transparente para el futuro del mercado cripto en Ucrania.
