Corea del Norte ha escalado inesperadamente en el mundo de las criptomonedas, consolidándose como uno de los mayores poseedores de Bitcoin a nivel gubernamental. Según datos proporcionados por Arkham Intelligence, una firma de análisis blockchain, este país ha acumulado aproximadamente 13,518 bitcoins, valorados en alrededor de 1.12 mil millones de dólares. Esta cifra situaría a Corea del Norte por encima de naciones como El Salvador y Bután en términos de tenencia de Bitcoin, lo cual resulta sorprendente considerando la naturaleza secreta y regulada del régimen norcoreano. El aumento significativo en la reserva de Bitcoin de Corea del Norte se debe principalmente a un grupo de hackers patrocinados por el Estado, conocido como Lazarus Group, que ejecutó un ataque cibernético monumental contra la plataforma de intercambio de criptomonedas Bybit en febrero de 2025.
Este hackeo, el más grande registrado en la historia de los intercambios digitales, permitió a Lazarus hacerse con aproximadamente 1.5 mil millones de dólares en activos digitales, incluyendo una gran cantidad de bitcoins, tras tomar el control del wallet en frío de Bybit. Este robo no solo representa un hito en el ámbito del cibercrimen asociado a criptomonedas, sino que además ha cambiado el panorama geopolítico respecto a la propiedad estatal de criptoactivos. Antes de este incidente, Corea del Norte estaba lejos de ser reconocida como un gran actor en el universo Bitcoin. Sin embargo, gracias a esta adquisición masiva, ahora la convierten en la tercera nación con más bitcoins en el mundo, solo detrás de Estados Unidos y el Reino Unido.
El impacto del hackeo a Bybit y la capacidad de Corea del Norte para convertir parte de los activos robados a través del intercambio descentralizado THORChain han demostrado un nivel avanzado de sofisticación técnica y estrategia en operaciones criptográficas clandestinas. El Lazarus Group no es un novato en este tipo de acciones ya que cuentan con un historial extenso en ataques cibernéticos contra empresas relacionadas con criptomonedas en todo el mundo. Por ejemplo, en 2023 perpetraron un robo de 625 millones de dólares al Ronin Network, y un año antes sustrajeron 308 millones de dólares de la firma japonesa DMM Bitcoin. Comparando a Corea del Norte con otras naciones, Bután es un caso particular que ha acumulado cerca de 10,635 bitcoins, valorados en unos 887.5 millones de dólares, gracias a sus iniciativas domésticas de minería desde 2019.
Este país ha aprovechado sus abundantes recursos hidroeléctricos para erigir una industria minera de Bitcoin eficiente y sostenible, lo que le permite generar ingresos con energía limpia. Por otro lado, El Salvador, conocido por adoptar Bitcoin como moneda de curso legal en 2021, posee alrededor de 6,118 bitcoins, con un valor aproximado de 600 millones de dólares. Aunque El Salvador ha invertido públicamente en Bitcoin mediante compras frecuentes, Corea del Norte ha superado ambas naciones debido a sus métodos menos convencionales. Estados Unidos continúa siendo el líder indiscutible en tenencia estatal de Bitcoin, con una reserva impresionante de 198,109 bitcoins, valorada en unos 17 mil millones de dólares, seguida por el Reino Unido con 61,245 bitcoins, equivalentes a más de 4 mil millones de dólares. La trayectoria de estas naciones muestra un enfoque institucional, transparente y regulado hacia la acumulación y administración de este activo digital.
El caso de Corea del Norte destaca no solo por la cantidad de bitcoins obtenidos, sino también por el origen ilícito y los métodos poco convencionales utilizados para incrementar su reserva. Este escenario levanta importantes preguntas sobre la seguridad y regulación de los intercambios de criptomonedas, así como sobre la capacidad de los Estados-nación para utilizar estas tecnologías a su favor, incluso cuando violan normativas internacionales. El acelerado desarrollo del ecosistema de Bitcoin ha mostrado que las criptomonedas ya no corresponden exclusivamente a los inversores individuales o a las grandes corporaciones, sino que también se han convertido en herramientas y objetivos estratégicos en conflictos geopolíticos y actividades de ciberseguridad a nivel global. Los métodos empleados por grupos como Lazarus Group ponen de manifiesto una compleja red de actores que operan al margen de la ley, utilizando la tecnología blockchain para disfrazar sus movimientos financieros y evitar la detección. La sofisticación técnica demostrada en el lavado y conversión de los activos robados, incluida la utilización de intercambios descentralizados como THORChain, representa un desafío mayor para los organismos de regulación y vigilancia global.
Las autoridades que se encargan de la prevención de delitos financieros deben perfeccionar continuamente sus estrategias para hacer frente a estas nuevas amenazas digitales. Este episodio también genera debate sobre la ética y las implicaciones legales de la posesión de estos activos por parte de países sancionados o con regímenes cuestionados en la comunidad internacional. La acumulación de grandes cantidades de Bitcoin por parte de Corea del Norte podría afectar futuras negociaciones internacionales y las políticas de sanciones económicas, ya que estas criptomonedas pueden ser utilizadas para evadir controles tradicionales. En conclusión, la sorprendente ascensión de Corea del Norte como una de las mayores potencias en Bitcoin a nivel mundial es un fenómeno sin precedentes, vinculado estrechamente a la actividad ilícita y la capacidad tecnológica avanzada de un Estado en la ejecución de ciberataques. Este nuevo escenario plantea una serie de retos para la seguridad, la regulación y la política internacional relacionada con el uso y control de las criptomonedas.
A medida que el ecosistema de las monedas digitales continúa evolucionando, es probable que veamos más casos similares donde actores no estatales y gobiernos utilicen el poder del blockchain para fortalecer sus posiciones geopolíticas o económicas. La comunidad global deberá estar atenta, promoviendo una colaboración internacional que permita desarrollar mecanismos robustos para proteger la integridad de estas tecnologías y garantizar que su uso beneficie a la economía mundial en su conjunto.
