Microsoft, el gigante tecnológico reconocido mundialmente por sus sistemas operativos Windows y su suite de productividad Office, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras la presentación de una demanda colectiva en Reino Unido por prácticas comerciales que podrían desembocar en un desembolso multibillonario para sus clientes británicos. La demanda alega que Microsoft abusó de su posición de dominio en el mercado, imponiendo restricciones en la venta y reventa de licencias de software, influyendo así negativamente en la competencia y aumentando artificialmente los precios tanto de las licencias nuevas como de las usadas. Este caso no es un fenómeno aislado ni reciente. En los últimos años, diversas empresas y consumidores han expresado inquietudes sobre las políticas de licenciamiento de Microsoft, especialmente en el contexto de la transición de modelos tradicionales de compra hacia suscripciones digitales y nubes privadas. La demanda, que representa a usuarios británicos que adquirieron licencias desde octubre de 2015, sostiene que muchos pagaron de más debido a que el fabricante restringió la reventa y facilitó escenarios de monopolio encubierto, afectando a millones de individuos, pequeñas y grandes empresas, así como a entidades públicas.
La acusación central se basa en la supuesta práctica de Microsoft de limitar la capacidad de revender licencias preexistentes, sobre todo en productos fundamentales como Windows y Office. Estos productos son pilares dentro de la infraestructura tecnológica de miles de organizaciones y hogares, lo que amplifica el impacto de las medidas tomadas por Microsoft. Al supuesto bloqueo de la reventa, se suma la acusación de que Microsoft orientó deliberadamente a sus clientes hacia modelos de suscripción, y en algunos casos ofreció descuentos condicionados a la entrega o bloqueo de licencias anteriores, procedimientos que están en la mira legal por considerarse anticompetitivos. Kate Pollock, quien lidera el equipo de litigios de competencia en el despacho de abogados Stewarts, ha declarado que las conductas imputadas a Microsoft han generado un impacto significativo y costoso para numerosos sectores, señalando que la imposición de licencias restrictivas ha reducido la competencia, lo cual naturalmente ha repercutido en un aumento de precios. Pollock recalca que a pesar de la evolución tecnológica, las prácticas comerciales deben mantenerse justas y no aprovecharse de una posición dominante para restringir la libre competencia.
Por su parte, Alex Wolfson, representante de la clase demandante, ha recalcado que esta reclamación no solo busca la compensación económica para los afectados, sino también llamar la atención sobre la necesidad de equidad y transparencia en el mercado digital. Wolfson indica que los procesos legales en marcha son necesarios para garantizar que incluso las compañías tecnológicas más grandes cumplan con las normativas y estándares de competencia, asegurando que los consumidores y las organizaciones puedan acceder a productos y servicios bajo condiciones justas. Esta demanda se produce en un contexto más amplio de investigaciones y acciones legales contra Microsoft en el Reino Unido y otros países europeos. En 2021, por ejemplo, la empresa ValueLicensing interpuso un juicio contra Microsoft reclamando £270 millones por prácticas presuntamente restrictivas en contratos y abuso de dominancia. En aquel caso, el foco estuvo en cómo Microsoft supuestamente empujaba a los clientes a un modelo de suscripción, penalizando o bloqueando la reventa de licencias existentes, lo que afectó directamente el negocio de revendedores y la oferta disponible en el mercado.
Adicionalmente, en 2024 emergió otra acción colectiva contra Microsoft por un monto superior a £1.000 millones, focalizada en la supuesta sobrecarga impuesta sobre clientes de Windows Server cuando ejecutan el software en plataformas de nube competidoras a Azure, el servicio en la nube propio de Microsoft. En esta ocasión, la denuncia tipificó que Microsoft aplicaba sanciones indirectas por la ejecución de su software fuera de su ecosistema, lo que nuevamente apuntaba a prácticas que dificultaban la competencia y limitaban la elección del usuario final. A nivel institucional, el reclamo no se limita a litigios entre empresas y consumidores; también se han involucrado organismos reguladores y coaliciones del sector tecnológico. La organización Cloud Infrastructure Providers in Europe (CISPE), que agrupa a proveedores europeos de infraestructura en la nube, presentó una denuncia formal contra Microsoft ante la Comisión Europea en 2022 por prácticas similares de licenciamiento restrictivo.
Aunque posteriormente retiraron esa denuncia tras recibir un acuerdo económico y compromisos por parte de Microsoft, el ambiente sigue tenso, ya que la continuidad del compromiso de Microsoft con el desarrollo de un producto específico para proveedores externos de nube (Hoster Product o Azure Local) sigue siendo un punto de vigilancia. Las reacciones oficiales hasta ahora han sido contundentes por parte de Microsoft, que ha calificado las nuevas reclamaciones como “infundadas” y ha expresado su intención de defenderse vigorosamente desde el punto de vista legal. La empresa sostiene que estos casos corresponden a litigios repetidos sobre las licencias de software de segunda mano, asuntos que, según Microsoft, ya han sido abordados y que carecen de mérito suficiente. Este panorama deja en evidencia la complejidad creciente que afrontan las compañías tecnológicas al tratar de equilibrar la innovación y la monetización con normas de competencia justas y regulaciones antimonopolio en mercados cada vez más digitales. Para el consumidor y el entorno corporativo, el acceso a licencias de software con precios justos y la posibilidad real de competencia abierta son elementos esenciales para la salud del ecosistema tecnológico.
