Desde el estallido tecnológico del siglo XX, Estados Unidos ha mantenido una posición privilegiada como líder mundial en ciencia e innovación. Este estatus ha sido el resultado de décadas de inversión pública sostenida en la investigación y desarrollo, especialmente a través de agencias federales como los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la Fundación Nacional de Ciencia (NSF) y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). Sin embargo, la llegada del segundo mandato de Donald Trump arroja una sombra de incertidumbre sobre el futuro de esta hegemonía científica, poniendo en jaque a las instituciones, investigadores y al ecosistema científico en general. Las medidas adoptadas por la administración Trump 2.0 han supuesto un golpe contundente para la estructura científica del país, con recortes presupuestarios drásticos, despidos masivos y la cancelación de programas de investigación clave.
Estas acciones no solo afectan a la comunidad científica en Estados Unidos, sino que también podrían tener repercusiones globales, dados los estrechos vínculos y colaboraciones internacionales en la ciencia y la tecnología. En los primeros tres meses de su segundo mandato, Trump llevó a cabo una reducción abrupta del personal en agencias científicas federales, lo que paralizó diversos proyectos, incluyendo ensayos clínicos cruciales en áreas como el cáncer, el Alzheimer y la prevención del VIH. Más de mil subvenciones de investigación fueron canceladas abruptamente, generando un efecto dominó que afecta a cientos de universidades y centros de investigación en todo el país. Estas subvenciones, que financian miles de proyectos de vanguardia, constituyen la base para los avances innovadores y el desarrollo tecnológico que han caracterizado a Estados Unidos durante décadas. El presupuesto de ciencia para 2026 presentado por la Casa Blanca anticipa recortes sustanciales, con una reducción propuesta de casi la mitad del financiamiento para NASA y un descenso del 40% en los fondos destinados al NIH.
Tal disminución presupuestaria representa un retroceso sin precedentes que amenaza con deteriorar la competitividad científica y tecnológica del país. A ello se suman políticas migratorias estrictas que mantienen retenidos a estudiantes e investigadores extranjeros en centros de detención o dificultan su entrada al país, lo que podría desincentivar la llegada de talento internacional, pilar fundamental del sistema científico estadounidense. Estas decisiones provocan el desmantelamiento progresivo de instituciones esenciales para la investigación. La reducción acelerada del personal científico en agencias como el NIH, los CDC, la FDA y la NOAA supone la pérdida de experiencia, conocimiento institucional y continuidad en proyectos a largo plazo. Los expertos advierten que reconstruir estos equipos y restablecer la infraestructura seguramente tomará años o incluso décadas, afectando no solo a la innovación inmediata, sino también a la formación de nuevas generaciones de científicos.
Un fenómeno preocupante es el creciente éxodo de talentos hacia otros países que ofrecen condiciones más estables y un apoyo gubernamental más sólido a la investigación. Este “brain drain”, o fuga de cerebros, empobrece no solo al sector científico estadounidense sino a la comunidad científica global, pues limita la colaboración internacional y la difusión de nuevas ideas. La confianza que por décadas atrajo a científicos de todo el mundo hacia Estados Unidos está ahora seriamente comprometida. La controversia se extiende a las universidades, que tradicionalmente han sido aliadas claves en el progreso científico nacional. La administración Trump ha cancelado o suspendido subvenciones y contratos por motivos políticos o vinculados a temas sociales, como protestas estudiantiles o derechos de minorías, generando un clima de inseguridad financiera y tensiones con estas instituciones.
Esta ruptura en la tradicional relación entre gobierno y academia amenaza la continuidad de investigaciones de alto impacto y el desarrollo científico a largo plazo. El argumento para estas medidas se basa en la supuesta erradicación de la burocracia y el desperdicio, promovida por iniciativas como “Project 2025”, elaborado por el Heritage Foundation y que impulsa la reducción del “estado administrativo”. Sin embargo, muchos científicos y expertos en políticas públicas alertan que la falta de evidencia concreta sobre corrupción o abuso en estas agencias es una fachada para justificar recortes que podrían desmantelar la base misma del sistema científico. Las consecuencias de estos recortes y despidos no se limitan a la disminución del volumen de investigación. Implican también un riesgo creciente en la calidad y en la integridad científica, pues la falta de recursos puede aumentar la vulnerabilidad a fraudes y errores.
Además, instituciones públicas, hasta ahora encargadas de investigaciones fundamentales sin fines comerciales inmediatos, se ven en peligro de perder su rol, que difícilmente podría ser asumido por el sector privado dada la alta inversión y el riesgo asociado a la ciencia básica. La ciencia estadounidense ha sido fundamental para avances que marcan la vida cotidiana moderna, desde el GPS hasta la tecnología médica y la computación. Este liderazgo ha colaborado no solo con el progreso tecnológico sino también con la economía y la seguridad nacional. La reducción del compromiso federal pone en riesgo esta posición y podría tener un efecto dominó en la innovación, la competitividad global y la calidad de vida. Frente a este panorama, numerosos miembros destacados de la comunidad científica han manifestado su preocupación y rechazo a estas políticas.
Un grupo de casi 1,900 miembros de las Academias Nacionales publicaron una carta abierta alertando sobre los daños que estos recortes causan. En encuestas recientes, la mayoría de los investigadores manifiestan ansiedad por el futuro, temiendo que la política actual pueda minar décadas de progreso en un corto tiempo. Aunque existen voces en el gobierno que defienden la necesidad de una reforma para hacer el sistema más eficiente y menos burocrático, el consenso entre los expertos es que la vía adoptada es radical y peligrosa. La ciencia no puede prosperar en un entorno de incertidumbre financiera y constante reducción de personal y recursos. La estabilidad y el apoyo institucional son claves para lograr avances de largo plazo que demandan inversión sostenida y continuidad.
Además, sectores como el cambio climático, la salud pública y la tecnología médica, que enfrentan desafíos críticos globales, corren un riesgo especial ante la disminución de fondos y apoyo federal. La cancelación de proyectos en campos como la investigación sobre enfermedades o la modelización climática puede tener repercusiones directas en la capacidad del país para responder a emergencias y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En conclusión, la ciencia en Estados Unidos atraviesa un momento de profunda incertidumbre bajo el mandato de Trump 2.0. La combinación de recortes presupuestarios severos, despidos masivos, restricciones migratorias y tensiones con la academia desafía la continuidad de un modelo que durante décadas fomentó un ecosistema científico vibrante y capaz de generar innovación a nivel global.
Los próximos años serán decisivos para determinar si Estados Unidos logra mantener su estatus como superpotencia científica o si esas bases se erosionan, abriendo paso a un nuevo orden mundial donde otros países asuman el liderazgo en investigación e innovación tecnológica.