En la última década, el sector de private equity ha experimentado un crecimiento exponencial, consolidándose como una pieza fundamental en la financiación de empresas a nivel global. No obstante, esta expansión viene acompañada de cambios estructurales y estrategias cada vez más complejas para gestionar la deuda, especialmente en momentos donde la economía mundial enfrenta incertidumbres y tensiones crecientes. Uno de los fenómenos más relevantes y recientes en el ámbito del private equity es el surgimiento de un sistema de clases para los prestamistas, una dinámica que está cambiando las reglas del juego y que pone en jaque los derechos y expectativas de los acreedores tradicionales. Este enfoque escalonado en la posición de los prestamistas ha resultado en una reestructuración jerárquica de las deudas que las empresas con respaldo de private equity mantienen con sus financiadores. En términos sencillos, no todos los prestamistas son tratados por igual y, en caso de problemas financieros o reestructuraciones, algunos se convierten en los primeros en recibir pagos o garantizarse la recuperación de sus inversiones, mientras que otros se relegan a posiciones posteriores, sufriendo pérdidas significativas o retrasos considerables en la recuperación.
El sistema, que puede entenderse como una suerte de “casta” financiera dentro del mundo crediticio, agrupa a los prestamistas en distintas categorías que reflejan el nivel de riesgo asumido y la prioridad que tendrán frente a la cadena de pagos en eventos de impago. Esta realidad está generando una profunda insatisfacción entre los inversores en deuda, quienes se sienten desplazados o incluso “ignorados” en las negociaciones cuando las compañías enfrentan dificultades económicas. Uno de los ejemplos emblemáticos que ilustra esta problemática es el caso de Tropicana, la clásica marca de jugos reconocida mundialmente. La empresa ha sufrido un deterioro significativo debido a factores como el cambio climático, que ha afectado las cosechas, y cambios en las preferencias de los consumidores, junto con el impacto de políticas económicas globales inciertas como los aranceles impuestos durante la administración estadounidense de Donald Trump. En este contexto, sus propietarios del private equity han tenido que negociar arduamente para reducir los costos financieros, forzando a sus prestamistas a aceptar términos menos favorables, mientras algunos de ellos quedan relegados a posiciones secundarias en el sistema de clases.
Este fenómeno no es exclusivo de Tropicana y es indicativo de una tendencia mucho más amplia en el sector. Las firmas de private equity, al tener un control considerable sobre las empresas que financian, aprovechan la fragmentación y diversidad en las clases de préstamos para maximizar sus ganancias y minimizar su exposición a riesgos. De esta manera, logran negociar condiciones más favorables para la parte accionaria en momentos donde la deuda debería ser un salvavidas para la empresa, pero que termina transformándose en una herramienta de presión y reestructuración que marginan a varios prestamistas. La economía global, en un contexto de volatilidad y desafíos como la inflación, interrupciones en las cadenas de suministro y tensiones geopolíticas, requiere un acceso eficiente y justo al crédito para promover la estabilidad y crecimiento. Sin embargo, la creación de este sistema escalonado en la deuda de las empresas financiadas por private equity parece ir en contra de estos objetivos al erosionar la confianza de los inversores de deuda, quienes podrían volverse más cautelosos a la hora de otorgar préstamos a compañías con estructuras financieras complejas.
Las implicaciones para los mercados de capitales y la inversión son multifacéticas. Primero, la percepción de riesgo para determinados grados de deuda aumenta, lo que puede elevar el costo del capital para las empresas, afectando su capacidad de inversión y crecimiento. Segundo, los procesos de reestructuración se vuelven más complicados y lentos, al tener que gestionar múltiples niveles de reclamaciones y disputas entre prestamistas con diferentes posiciones en la estructura de deuda. Finalmente, se pone en riesgo la estabilidad financiera, pues la concentración de poder en ciertos grupos de financistas puede ocasionar desequilibrios y mayores tensiones en momentos de crisis. Adicionalmente, este sistema ha abierto el debate sobre la regulación y transparencia en el ámbito de la financiación privada.
Muchos expertos señalan que la opacidad en las negociaciones y la falta de información clara para todos los actores genera un terreno propicio para abusos y desventajas para los pequeños inversores o fondos de deuda menos poderosos. La discusión está en marcha respecto a la necesidad de implementar normativas que protejan los derechos de los prestamistas en sus diferentes clases y fomenten un entorno más equitativo y sostenible para la financiación empresarial. Para los expertos en gestión financiera y riesgos, entender estas nuevas dinámicas es fundamental. La capacidad de evaluar correctamente la posición dentro de la estructura de deuda, el nivel de prioridad y las condiciones asociadas a cada clase de préstamo permitirá a los inversores tomar decisiones más informadas y proteger sus inversiones ante posibles escenarios de crisis. Esto también implica un mayor escrutinio durante la fase de diligencia, análisis de los acuerdos y previsiones claras en los contratos de financiamiento.
