El año 2025 marca un punto de inflexión para las criptomonedas en Estados Unidos, reflejando un cambio significativo en la postura regulatoria del país respecto a los activos digitales. A lo largo de los últimos años, la industria cripto se ha enfrentado a una combinación de incertidumbre regulatoria y medidas de aplicación estrictas, que limitaron su desarrollo y fomentaron la innovación en otras jurisdicciones más favorables. Sin embargo, bajo la nueva administración de Donald Trump, que asumió el cargo en enero de 2025, hemos visto un giro de 180 grados que está transformando radicalmente la forma en que el gobierno estadounidense aborda las criptomonedas y la tecnología blockchain. Este cambio se ha plasmado a través de múltiples medidas ejecutivas y acciones políticas que colocan a las criptomonedas como una prioridad nacional. Desde el inicio del mandato, la administración lanzó órdenes ejecutivas pro-cripto que enfatizan la importancia de las cadenas de bloques permissionless, la autogestión de activos digitales y el respaldo de monedas estables vinculadas al dólar.
Curiosamente, también se ha prohibido cualquier trabajo federal relacionado con monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDCs), reflejando una postura cautelosa frente a esta tecnología en particular. Uno de los movimientos más emblemáticos en esta nueva era fue la creación en marzo de la Reserva Estratégica de Bitcoin y el Acervo de Activos Digitales de Estados Unidos, ambas iniciativas supervisadas por el Departamento del Tesoro. Estas reservas se dotaron con activos criptográficos incautados en investigaciones penales y reflejan un reconocimiento explícito de que las criptomonedas ya no son simples activos especulativos, sino un componente estratégico dentro de la economía nacional y la seguridad financiera del país. La transformación no solo proviene del ejecutivo sino que también ha permeado la estructura regulatoria tradicional. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que hasta entonces había adoptado una postura predominantemente de confrontación con grandes empresas cripto como Binance y Ripple, ha moderado su enfoque.
La pausa en la demanda civil contra Binance y el acuerdo con Ripple por una multa reducida simbolizan un cambio hacia la búsqueda de claridad regulatoria más que la persecución judicial constante. El impacto de estas políticas se refleja en la industria misma. Líderes como Richard Teng, CEO de Binance, han reconocido que las nuevas reglas generan un ambiente más confiable tanto para instituciones financieras como para inversionistas. Binance ha incrementado considerablemente su inversión en cumplimiento regulatorio, dedicando cerca del 25% de su plantilla global a funciones relacionadas con la regulación y la adhesión normativa, consolidándose como una de las plataformas con mayor supervisión internacional y operando en más de 22 jurisdicciones bajo distintas regulaciones. En el plano legislativo, 2025 también está mostrando señales positivas para la industria cripto.
Destacan los proyectos de ley actualizados como el STABLE Act y el GENIUS Act, que buscan establecer marcos regulatorios claros para las monedas estables respaldadas en dólares. Estos proyectos incluyen definiciones específicas sobre requisitos de reservas y organismos responsables de supervisar a los emisores, permitiendo un equilibrio entre la regulación federal para grandes emisores y la continuidad bajo la supervisión estatal para entidades más pequeñas. Además, se avanza en tratar temas más amplios relacionados con la estructura del mercado cripto mediante propuestas como la revisión del Financial Innovation and Technology Act (FIT21). Aunque la complejidad y alcance de esta legislación podría retrasar su aprobación, refleja la intención del Congreso de establecer roles claros para los organismos reguladores como la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), facilitando una división de competencias que evite redundancias y favorezca la claridad jurídica. El papel de las figuras clave en la administración también es crucial.
La nominación de Paul Atkins, excomisionado de la SEC conocido por su apoyo a una regulación más ligera, a la presidencia de la SEC es un signo claro de intenciones hacia una supervisión menos punitiva y más cooperativa. Mientras se espera su confirmación, el presidente interino Mark Uyeda ha formado un equipo especial para revaluar casos y políticas, priorizando la revisión y modificación de marcos regulatorios para actores cripto, incluyendo la revisión de las clasificaciones legales de categorías como memecoins, monedas de pago y tokens de utilidad bajo la ley de valores. Sin embargo, esta nueva etapa no implica la desaparición absoluta de la aplicación de la ley. Agencias como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mantienen un rol vigilante frente a actividades ilícitas, especialmente en relación con la evasión de sanciones mediante monedas estables. De hecho, es probable que el Tesoro busque ampliar sus capacidades legislativas para combatir prácticas fraudulentas y proteger la integridad del sistema financiero en un entorno cada vez más digitalizado.
Desde la perspectiva macro, el calendario político impone cierto grado de incertidumbre. La mayoría republicana en el Congreso es estrecha y el ritmo legislativo podría acelerarse o desacelerarse conforme se acerquen las elecciones de mitad de mandato. Esto convierte a 2025 en un año clave para establecer un marco regulatorio que tenga efectos duraderos, con la posibilidad de que muchas reglas fundamentales para el futuro de las criptomonedas en Estados Unidos se definan en este período. En suma, la transformación de la política estadounidense hacia las criptomonedas no solo cambia la dinámica interna del país, sino que también posiciona a Estados Unidos como un jugador estratégico en el escenario global del activo digital. Al pasar de un enfoque represivo a uno de integración y regulación pro-innovación, se abre un nuevo capítulo que puede incentivar el crecimiento económico, la competitividad tecnológica y la seguridad financiera.
La claridad regulatoria y la colaboración entre reguladores e industria serán fundamentales para consolidar este cambio y capitalizar el potencial completo de la revolución blockchain. Con el avance de iniciativas ejecutivas, legislativas y regulatorias, Estados Unidos parece estar encaminado a dejar atrás la era de conflictos y restricciones para adoptar una perspectiva que reconoce al ecosistema cripto como un pilar dentro de la economía digital contemporánea. La apuesta por una regulación equilibrada que promueve la innovación, junto a una supervisión adecuada contra el uso indebido, será una clave para que esta transición tenga éxito y beneficie tanto a consumidores como a empresas e inversores. El 2025 podría ser recordado como el año en que las criptomonedas dejaron de ser un símbolo de incertidumbre y polémica para convertirse en un componente esencial de la infraestructura económica y financiera estadounidense, marcando un precedente para el resto del mundo en la gobernanza de los activos digitales.
