La rápida expansión de la industria de las criptomonedas ha traído consigo tanto oportunidades como desafíos, especialmente en el ámbito de la regulación. A medida que los proveedores de pagos en criptomonedas buscan operar a nivel mundial, se enfrentan a un entorno regulatorio cada vez más complejo y diverso. Este artículo explora el panorama regulatorio actual, los principales desafíos que enfrentan estos proveedores y las estrategias que pueden utilizar para prosperar en este entorno en constante evolución. En los últimos años, hemos visto una variedad de enfoques regulatorios en todo el mundo. Por ejemplo, en 2021, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, lo que generó tanto interés como preocupación a nivel internacional.
En contraste, China tomó una postura mucho más drástica al prohibir todas las actividades relacionadas con criptomonedas, lo que llevó a una disminución significativa en la tasa de hash de Bitcoin, ya que los mineros abandonaron el país en busca de un entorno más favorable. El panorama regulatorio en Europa está evolucionando con el marco regulador MiCA (Mercado de Criptoactivos), que se espera que entre en vigor por completo en diciembre de 2024. Este avance podría tener un impacto significativo en 450 millones de ciudadanos en 27 estados miembros de la UE, estableciendo normas más coherentes y robustas que regulen las criptomonedas y los activos digitales. Los organismos reguladores como el Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) desempeñan un papel crucial en la creación de estándares y regulaciones en este espacio. En particular, las directrices de la FATF sobre la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF) han influido en los procesos de transacción de criptomonedas, especialmente con la implementación de la llamada “Regla de viaje” en 2019, que requiere que las transacciones superiores a 1,000 dólares compartan información del remitente y del beneficiario.
Uno de los mayores desafíos que enfrentan los proveedores de pagos en criptomonedas es el cumplimiento de las normativas contra el blanqueo de capitales. La directiva 5 de AML de la UE, implementada en 2020, extendió las reglas de AML a los intercambios de criptomonedas y a los proveedores de billeteras. Se estima que las empresas de criptomonedas a nivel global gastaron aproximadamente 213 mil millones de dólares en cumplimiento de normativas relacionadas con el crimen financiero, cantidad que se espera aumente conforme los reguladores intensifiquen la supervisión. El cumplimiento de las normativas de Conozca a su Cliente (KYC) es igualmente crucial, ya que los intercambios y proveedores de criptomonedas necesitan mantener acceso a servicios bancarios. Sin embargo, cumplir con los requisitos de KYC, mientras se respeta la privacidad del usuario, presenta un dilema importante.
La falta de cumplimiento puede resultar en lo que se conoce como "des-riesgo", donde los bancos se resisten a ofrecer servicios a empresas de criptomonedas por temor a problemas legales. Otro tema crítico en la regulación de las criptomonedas es la protección del consumidor. La famosa hackeo de Mt. Gox en 2014, que resultó en la pérdida de aproximadamente 850,000 Bitcoins, mostró los riesgos asociados con la falta de regulación adecuada y medidas de protección. Bajo el marco de MiCA, se incluyen disposiciones específicas para la protección del consumidor, que obligan a los proveedores de servicios de criptoactivos a divulgar riesgos y establecer salvaguardias contra la manipulación del mercado.
A medida que los países desarrollan marcos regulatorios más completos, los proveedores de pagos en criptomonedas deben centrar sus esfuerzos en construir sistemas robustos de AML y KYC. Empresas como Binance y Coinbase han invertido millones en infraestructura de cumplimiento para satisfacer los estándares regulatorios existentes. Binance, por ejemplo, ha duplicado su equipo de cumplimiento y ahora cuenta con más de 500 empleados dedicados a esta función crítica. Además de fortalecer sus capacidades de cumplimiento, la implementación de tecnologías avanzadas para el monitoreo de transacciones y la generación de informes puede ayudar a los proveedores de pagos en criptomonedas a adaptarse a estas exigencias. En 2023, las empresas de servicios monetarios, incluidos los intercambios de criptomonedas, presentaron casi 1.
5 millones de informes de actividad sospechosa a la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN). El mercado de soluciones de monitoreo de transacciones está proyectado para crecer, reflejando la creciente demanda de sistemas de cumplimiento regulatorios robustos. Sin embargo, no todos los aspectos de la regulación son desafíos; también existen oportunidades significativas.
Las empresas que cumplen con los estándares regulatorios suelen atraer a inversores institucionales y socios financieros. Por ejemplo, Fidelity Investments lanzó un fondo de Bitcoin en 2020, dirigido a clientes institucionales, en parte debido al creciente marco regulador que rodea a los activos criptográficos, lo que les brindó confianza para invertir. Además, el cumplimiento de las normativas en vigor es a menudo un requisito previo para acceder a servicios bancarios tradicionales. Aunque muchos bancos aún son cautelosos y algunos optan por "des-riesgar" al evitar el sector por completo, tener prácticas de cumplimiento sólidas puede ayudar a las empresas de criptomonedas a asegurar el procesamiento de pagos y acceder a los mercados de capital, frecuentemente determinados por requisitos regulatorios. A largo plazo, la armonización de la regulación de las criptomonedas es una tendencia clara.
La FATF y el Consejo de Estabilidad Financiera están trabajando para desarrollar estándares comunes que puedan ser adoptados por distintos países, lo que tiene como objetivo reducir las brechas regulatorias que permiten que las empresas se desplacen a jurisdicciones con regulaciones más benevolentes. El espacio de las finanzas descentralizadas (DeFi) también ha captado la atención de los reguladores, que exploran nuevas formas de abordar los riesgos asociados, incluyendo la manipulación del mercado y la falta de protección al consumidor. Se estima que el valor total bloqueado en protocolos DeFi supera los 190 mil millones de dólares en mayo de 2024, lo que subraya la importancia de un marco regulatorio adecuado. En conclusión, mientras las regulaciones se vuelven más estrictas, el cumplimiento se convierte en una cuestión esencial para la supervivencia y el crecimiento de los proveedores de pagos en criptomonedas. Estos actores deben adoptar estrategias robustas para satisfacer las demandas regulatorias, aprovechando la tecnología y manteniendo un estrecho compromiso con los reguladores.
Adaptarse a estos cambios no solo garantizará la operación legal, sino que también proporcionará ventajas competitivas, permitiendo la expansión en nuevos mercados y asegurando alianzas críticas. En el entorno cambiante de las criptomonedas, mantenerse en cumplimiento ya no es opcional, sino un motor clave para el éxito en esta industria en evolución.
